Un agresor sexual y la madre de la víctima acuerdan una rebaja de pena de 27 a 3 años al elevar la indemnización

La reducción en la condena para ambos procesados incluyó la aceptación de una compensación económica para la víctima que superó ampliamente la cantidad inicialmente solicitada por el Ministerio Público. Según informó el medio, los acusados acordaron pagar una indemnización de 150.000 euros, cuantía que pactaron tras la negociación judicial y que resultó notablemente superior a los 20.000 euros propuestos previamente por la Fiscalía. La víctima, actualmente mayor de edad, expresó a través de su representante legal que su principal interés radica en obtener una reparación económica proporcional al daño sufrido. A raíz de este entendimiento económico y de otras circunstancias, el tribunal aplicó una rebaja sustancial en las penas privativas de libertad.

De acuerdo con lo publicado por la Audiencia Provincial de Lugo, el caso se resolvió este jueves después de varios años de procedimientos judiciales. La Fiscalía, la acusación particular y las defensas alcanzaron un acuerdo que contempló la asunción de culpabilidad por parte de ambas personas acusadas. Los hechos juzgados se remontan al periodo comprendido entre 2017 y 2019. Durante ese tiempo, y según detalló el medio, un hombre y la madre de una menor fueron responsables de repetidas agresiones sexuales a la víctima, quien era obligada por su progenitora a mantener relaciones por encargo del procesado.

El proceso judicial detallado por la Audiencia refleja que los actos de agresión se sucedieron desde que la niña contaba con 12 años hasta su decimocuarto cumpleaños. La madre, tal como admitió ante el tribunal, agredía físicamente a la menor si esta manifestaba resistencia o lloraba durante los episodios de abuso. Además, la víctima recibía 50 euros por cada encuentro, aunque debía entregar la mitad a su madre, según recogió la información difundida tras la sesión judicial.

El acuerdo judicial, del que informó la prensa local, estableció una condena de 3 años, 7 meses y 4 días de prisión para ambos implicados. La ejecución de la pena será íntegra, con entrada inmediata en prisión, tanto para el hombre, condenado por agresión sexual e inducción a la prostitución, como para la madre, encontrada culpable de los mismos delitos y de maltrato habitual. La progenitora, además de la pena de prisión, asumió 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad por el delito de violencia contra su hija. El acuerdo también implicó una orden de alejamiento para ambos condenados respecto a la víctima durante 6 años, y la prohibición para ambos de ejercer trabajos que impliquen contacto con menores durante 8 años. En el caso de la madre, la sentencia incluyó la retirada de la patria potestad por un año.

Según relató Jacobo Vázquez, abogado de la acusación particular, la negociación incluyó factores de peso para la reducción de las condenas. La acusación particular había solicitado en su momento 300.000 euros de indemnización, mientras que la Fiscalía proponía 20.000. Tras las conversaciones, y con el consenso de la víctima, las partes firmaron el pago de 150.000 euros, parte de los cuales, 100.000 euros, ya fueron depositados en la cuenta de la afectada, según consignó la agencia informativa. Los 50.000 euros restantes se abonarán mediante pagos anuales de 10.000.

Otro elemento relevante en la rebaja de las penas, descrito por los portavoces judiciales y divulgado por los medios, fueron las dilaciones indebidas en el procedimiento. El proceso judicial se prolongó durante más de cinco años, un factor que los órganos jurisdiccionales tuvieron en cuenta para reducir la condena inicialmente solicitada por la Fiscalía, que ascendía a 27 años de cárcel.

Vázquez, el representante legal de la víctima, subrayó que la reparación económica y la celeridad en la resolución del expediente eran las prioridades de su defendida. Los acusados, tras admitir su responsabilidad y comprometerse a la indemnización pactada, aceptaron las nuevas penas ante el tribunal lucense, cerrando así un proceso marcado por la dilación judicial y el acuerdo reparador avalado por todas las partes.