
El Libro Blanco sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la abogacía, presentado este jueves en España, destaca que solo un 8 por ciento de los abogados afirma poseer conocimientos profundos acerca del funcionamiento de programas de IA aplicados al ámbito jurídico, mientras que la mitad de los encuestados reconoce contar con un nivel bajo de entendimiento sobre dichas herramientas. Esta revelación forma parte de los resultados principales del documento difundido por el Consejo General de la Abogacía, según informó el medio fuente.
Durante la presentación del Libro Blanco, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, subrayó que el 60 por ciento de los profesionales del sector legal en España ya emplea aplicaciones que integran inteligencia artificial en sus procesos laborales. De acuerdo con lo expuesto por González, esta cifra evidencia una rápida adopción de tecnologías emergentes, aunque también resalta la urgencia de avanzar en la formación digital de los juristas para evitar desigualdades en el acceso y uso profesional de la IA. El presidente del Consejo recalcó: “Si queremos ser la abogacía tecnológica que la sociedad necesita, no puede haber brechas; nadie debe quedarse atrás”, tal como publicó la fuente original.
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El documento, considerado el primero de su tipo en Europa, recoge datos y reflexiones procedentes de una amplia encuesta entre profesionales del sector en España. Dicha consulta señala, además, que un 29 por ciento de los encuestados estima tener un grado medio de conocimientos sobre herramientas de inteligencia artificial, a la vez que el 65 por ciento muestra interés en recibir formación especializada y el 53 por ciento manifiesta disposición para invertir en la adquisición de estas aplicaciones tecnológicas en los próximos años.
A la presentación asistió el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien resaltó la atención que ha despertado el informe ante instituciones como la Comisión Europea. López se refirió al libro como “novedoso, riguroso y ejemplar”. Manifestó también la importancia de un marco ético y jurídico sólido frente a la revolución digital: “La tecnología es necesaria para la justicia, sin duda, pero la justicia es imprescindible para la tecnología. Porque una revolución digital sin Derecho es la ley de la selva. Este libro es pertinente y oportuno porque aporta datos y reflexiones para gobernar una IA útil, ética y responsable en la abogacía”, según consignó el medio.
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El presidente de la Abogacía insistió en que “la Inteligencia Artificial nos va a permitir mejorar tiempos y rendimientos, pero sin perder de vista la calidad del servicio que ofrecemos. La tecnología nos permite más calidad y mejor servicio a la sociedad, pero siempre bajo nuestra directa supervisión y juicio crítico”. González subrayó además la responsabilidad última e intransferible del jurista en todas las gestiones realizadas en su despacho, incluso cuando emplea herramientas automatizadas. Tal como reportó el propio Consejo, este enfoque busca entregar eficiencia sin menoscabo del control ético y profesional.
De acuerdo con lo detallado por el medio, la Abogacía ha puesto en marcha el Programa en Competencias Digitales (Upro), en el que ya participan más de 20.000 profesionales del sector legal. Este programa, una colaboración entre el Consejo General, los Colegios de Abogados, Unión Profesional y Red.es, y financiado con fondos europeos, se plantea como objetivo dotar a los abogados de los conocimientos necesarios para integrar la tecnología en el ejercicio de la abogacía, incrementando así la eficiencia sin descuidar la seguridad y la calidad en el servicio.
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Según publicó la fuente, el Libro Blanco enfatiza que el avance digital en la profesión requiere que la formación sea universal y accesible, de forma que la introducción de la inteligencia artificial no genere mayor desigualdad entre los profesionales ni entre los clientes. El informe advierte que las brechas de conocimiento pueden aumentar los riesgos legales y éticos en la gestión de casos y procesos, por lo que urge una respuesta coordinada en el diseño y la implementación de políticas de educación tecnológica dentro del sector jurídico.
El compromiso institucional al que alude el Consejo General de la Abogacía, reflejado tanto en los programas formativos como en el impulso del Libro Blanco, pretende garantizar que la transformación digital sea un proceso inclusivo y que fortalezca la confianza pública en el uso de tecnologías avanzadas por parte de los abogados en España, según reportó el medio.
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