La Abogacía pide a la Generalitat valenciana que resuelva los problemas del nuevo modelo de tribunales de instancia

Durante el encuentro entre representantes de la abogacía y la Consejería de Justicia de la Comunidad Valenciana se abordaron también las consecuencias de los recientes desastres climáticos registrados en la región, subrayando la urgencia de establecer protocolos claros ante emergencias para garantizar la seguridad jurídica y salvaguardar los derechos de la ciudadanía. Según informó el medio, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, insistió en la necesidad de regular las suspensiones de los plazos procesales en contextos de crisis climáticas y disponer de medidas específicas que permitan a los profesionales del Derecho ejercer la defensa en condiciones adecuadas cuando se enfrentan a situaciones de fuerza mayor.

De acuerdo con lo publicado, la cita reunió a Salvador González y a la consejera de Justicia, Nuria Martínez, en la sede de la Abogacía en Madrid, convocando también a María del Mar García Calvo, presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía. Durante la reunión se analizaron los desafíos derivados de la implantación de los nuevos tribunales de instancia en la Comunidad Valenciana. La presidenta del Consejo Valenciano trasladó a la consejera las preocupaciones específicas del colectivo de abogados respecto a este proceso, al mencionar retrasos y complicaciones en el acceso al sistema digital de expedientes, situación que afecta directamente la operatividad del sector y la defensa de los clientes.

El medio reportó que García Calvo expresó que, aunque reconoce avances y la voluntad de la Consejería de Justicia por escuchar sus demandas, considera imprescindible que “se solucionen los problemas asociados a la implantación de este nuevo modelo, en particular el acceso de la abogacía al nuevo expediente digital”. Este aspecto es relevante para los profesionales del sector, que dependen de herramientas tecnológicas efectivas para actuar en los procedimientos judiciales. El retraso en la digitalización y los obstáculos técnicos han impactado en el desempeño diario de quienes ejercen la abogacía, según consignó la fuente.

Durante la sesión de trabajo, tanto el presidente del Consejo General de la Abogacía Española como la titular autonómica de Justicia compartieron diagnósticos sobre otra cuestión central: la asistencia jurídica gratuita. El medio detalló que una de las preocupaciones manifestadas tiene relación con la Ley que regula esta asistencia en España, norma en vigor desde hace cerca de treinta años. Las asociaciones profesionales plantearon la necesidad de actualizar el marco legislativo para atender los retos de la última década y darle mayor protagonismo a las comunidades autónomas en la formulación y el desarrollo normativo, buscando una solución de consenso que rastree las especificidades regionales y eleve la cobertura al sector más vulnerable de la sociedad.

Salvador González, según recogió el medio, remarcó que la cooperación interautonómica debe permitir la aprobación de la nueva norma por consentimiento general, lo que, a su juicio, redundaría en beneficio de la ciudadanía, la justicia social y el Estado de derecho. María del Mar García Calvo, por su parte, reconoció que la Consejería valenciana ha mostrado puntualidad en los pagos relacionados con la justicia gratuita y que se ha avanzado en el abono de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASCs). Sin embargo, subrayó la necesidad de actualizar y mejorar los baremos que rigen las compensaciones que perciben los abogados por estos servicios, atendiendo a las variaciones en la carga y las condiciones laborales que afrontan.

Según detalló el medio, la revisión de los procedimientos tras los desastres climáticos recientes propició un debate sobre la formalización de protocolos para casos de emergencia. González defendió, de acuerdo con lo consignado, que “es algo que llevamos tiempo reclamando para salvaguardar los derechos de la ciudadanía cuando los abogados y abogadas encuentran dificultades de fuerza mayor para ejercer la defensa”. Esta petición pone en primer plano la adaptación del ámbito judicial a las consecuencias de eventos imprevisibles, exigiendo respuestas normativas y operativas ágiles frente a escenarios como las tormentas, inundaciones u otros fenómenos que interrumpen el normal desarrollo de las actividades judiciales.

El medio subrayó que las asociaciones profesionales, en coordinación con la Consejería de Justicia valenciana, insisten en la necesidad de implementar soluciones urgentes que incluyan avances en la digitalización de los expedientes, mecanismos normativos flexibles ante emergencias y la actualización de marcos retributivos y legislativos en justicia gratuita. El objetivo central de estas demandas reside en garantizar el acceso efectivo a la justicia, la protección de los derechos fundamentales y la adaptación del sistema a los desafíos que plantea el contexto social, tecnológico y ambiental de la Comunidad Valenciana.