Bernabé dice que la Generalitat no advirtió a la población en la dana a pesar de tener información: "Todo se hizo tarde"

La falta de notificaciones a tiempo durante el episodio de lluvias intensas conocido como dana el 29 de octubre de 2024 tuvo consecuencias directas en la seguridad de los residentes en la Comunitat Valenciana, según expuso la delegada del Gobierno Pilar Bernabé durante su intervención en la comisión de investigación de la Cámara Alta. En palabras de Bernabé, si los 230 fallecidos hubieran recibido una advertencia adecuada acerca de los riesgos, “se hubiesen podido proteger. No hubiesen bajado a los garajes”. La delegada insistió en que la coordinación para la protección civil recaía en la Generalitat, y responsabilizó al Ejecutivo autonómico por demoras y falta de anticipación en la gestión de la emergencia, según reportó el medio.

Según informó la fuente, Bernabé comparó los tiempos en los que se realizaron los avisos y decisiones clave, detallando que la Generalitat Valenciana, bajo la administración de Carlos Mazón del Partido Popular, “tuvo información suficiente” por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para avisar a la población sobre los peligros que implicaban las lluvias. La delegada afirmó que la información meteorológica “llegó perfectamente en tiempo para que las autoridades competentes pudieran alertar a la población”, pero sostuvo que el aviso se realizó tarde y mal.

La cronología de los hechos, de acuerdo con lo expuesto por la delegada y consignado por el medio, mostró que a las 12:20 horas del 29 de octubre Bernabé solicitó a la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, que le pidiera la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), para poner en marcha el operativo de coordinación. Según Bernabé, si la Generalitat hubiera activado estos mecanismos en ese momento, “habríamos adelantado todo cinco horas, cinco horas que eran vitales. Esas cinco horas sí que hubieran salvado vidas”. Criticó también la convocatoria tardía del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que recién inició sus funciones a las “cinco de la tarde”, ya que, según Bernabé, Pradas estuvo en la localidad de Carlet tomándose fotografías dos horas antes.

Durante su testimonio, Bernabé recalcó que “quien tiene la competencia es la dirección de la emergencia que es la Generalitat” y aseguró haber estado preparada desde el primer momento, mientras que a su juicio hubo una “gran desgracia” porque la respuesta llegó tarde. La delegada subrayó que la Generalitat fue responsable de la falta de anticipación y de comunicación eficiente entre administraciones, lo que repercutió en la protección de la ciudadanía.

Uno de los puntos que abordó la delegada, según recogió el medio, fue la entrega tardía y equivocada de la alerta a los teléfonos móviles de la población, atribuyendo este error a presiones internas en el gabinete del presidente Mazón. Según declaró, el jefe de Gabinete José Manuel Cuenca presionó a la consellera Pradas e insistió que no se debía ordenar ningún confinamiento.

En cuanto a la comunicación interna durante la emergencia, detalló que en ningún momento recibió llamada alguna de la Generalitat Valenciana para coordinar acciones, por lo que terminó llamando personalmente a Pradas. Durante esa conversación le confirmó la disposición del Gobierno y la presencia de todas las agencias estatales listas para intervenir, además de reiterar la oferta para activar a la UME si fuera necesario.

De acuerdo con lo publicado por la misma fuente, Bernabé también denunció la sustracción y manipulación de un audio confidencial entre personal de Aemet y del 112, ocurrido durante la emergencia del 29 de octubre. Acusó al Partido Popular de “robar” el archivo correspondiente a una llamada telefónica, afirmando que dos altos funcionarios del ejecutivo valenciano accedieron a la conversación, guardaron el contenido en un pendrive y lo difundieron después de romper la custodia legal de estas grabaciones. La investigación sobre este suceso se encuentra en manos de un juzgado de Lliria (Valencia), como reveló posteriormente la Guardia Civil en un informe al que hace referencia la fuente.

El testimonio de la delegada del Gobierno, tal como dio cuenta el medio, ahondó en los problemas estructurales de coordinación, la ausencia de contactos institucionales durante la gestión de la dana y la presunta manipulación de pruebas confidenciales en el contexto de la emergencia. El desarrollo de la comparecencia se enmarcó así en una revisión del papel de las distintas administraciones en torno a la prevención de riesgos, la gestión de los avisos y la actuación de los responsables políticos y técnicos durante los momentos más críticos del evento meteorológico.