Juicio por el crimen del canónigo: el portero afirma que la víctima llevaba chicos vulnerables al piso a cambio de sexo

El hallazgo del cadáver del canónigo Alfonso, descubierto por el portero del edificio, marcó el inicio de una investigación que este lunes llegó a la Audiencia de Valencia, donde comenzó el juicio con jurado popular sobre el asesinato ocurrido entre el 21 y el 22 de enero de 2024. El portero, principal testigo, relató durante la vista cómo encontró el cuerpo y describió el entorno conflictivo que rodeaba al religioso, así como la dinámica de su relación y los episodios irregulares que, según su testimonio, eran comunes en el inmueble. La Fiscalía sostiene que el único acusado, Miguel, tuvo una intervención clave en el crimen, aunque la defensa rechaza categóricamente cualquier implicación en el asesinato.

Según consignó el medio que cubre el proceso, el portero afirmó haber visto “dos o tres veces como máximo” al acusado, siendo la última ocasión en junio o julio del año anterior. Durante el juicio, mencionó que no había entablado conversación con Miguel ni detectado nada sospechoso en él. También señaló que Alfonso, de 79 años, acostumbraba a acoger en su vivienda a jóvenes en situación de vulnerabilidad, con quienes mantenía encuentros sexuales y a quienes encerraba bajo llave cuando se ausentaba, medida que atribuía a la preocupación por posibles robos, dada la frecuencia de conflictos surgidos en el edificio.

El procedimiento judicial, detalló la fuente, se desarrolla bajo la modalidad de jurado y está programado hasta el 3 de febrero. El Ministerio Fiscal solicita para Miguel una condena de 28 años de cárcel bajo las acusaciones de asesinato —considerando que actuó junto con otra persona no identificada—, robo con violencia y estafa continuada a través del uso de las tarjetas bancarias de la víctima. La Fiscalía no imputa a Miguel la acción directa de asfixiar al canónigo, pero mantiene que su implicación fue “directa, eficaz y decisiva”, pudiendo considerarse autor, coautor o partícipe necesario en los hechos, según informó el medio citado.

La defensa, por su parte, niega rotundamente la participación de Miguel en el homicidio. Argumenta que no existen huellas ni evidencias genéticas del acusado en el lugar del crimen, aunque sí se halló ADN y huellas dactilares de al menos un hombre no identificado. El abogado defensor reconoce únicamente un delito de estafa relacionado con el uso de las tarjetas bancarias, para el que solicita una pena de un año de prisión y el pago de una indemnización de 1.452,16 euros a la familia de la víctima, cifra resultante tras restar el dinero ya recuperado del total defraudado.

Durante la instrucción, el letrado cuestionó las actuaciones de las fuerzas policiales, afirmando que la investigación se centró en Miguel de forma inmediata y que, tras cuatro registros sin éxito, se cerró el caso de manera precipitada. Además, denunció que el verdadero responsable sigue en libertad, sin que se hayan realizado esfuerzos sustanciales para identificarlo, según citó el medio responsable de la cobertura del juicio.

En su intervención, el portero proporcionó detalles sobre la jornada del crimen. Explicó que abrió la portería a las 9:00 y poco después recibió un mensaje del teléfono de Alfonso, en el cual se le informaba que el canónigo se ausentaría hasta el fin de semana. El tono del mensaje le resultó inusual, aunque no lo interpretó como alarmante debido a que Alfonso poseía un apartamento en El Perelló. Sin embargo, sobre las 11:15, un amigo cercano de la víctima llegó preocupado porque no conseguía contactar con él para una cita importante. Ambos acudieron al piso, y el portero utilizó la copia de las llaves que mantenía por seguridad, ya que Alfonso era muy reservado y sólo él disponía de otro juego.

El testigo relató que la puerta no estaba cerrada y, al entrar al dormitorio, halló el cuerpo del canónigo boca arriba sobre una cama desordenada. Narró su reacción de pánico: “Claramente vi que estaba muerto, lo vi como una especie de momia con la boca abierta, salí chillando en un estado de nervios muy grande”, citó el medio. En ese instante recibió un segundo mensaje del móvil de Alfonso, preguntando si todo estaba bien. Los presentes alertaron a los servicios de emergencia.

El portero describió que la presencia de jóvenes en la vivienda de Alfonso era un fenómeno frecuente, en ocasiones en grupos numerosos. Apuntó que, al sospechar que los vecinos comenzaban a notar actividades irregulares, el canónigo cambiaba horas y rutinas para evitar ser observado. Los jóvenes, manifestó, eran personas en situaciones de precariedad, algunos con signos externos de adicción a sustancias, y todos mayores de edad. El portero describió el carácter de Alfonso como “fuerte” y “complicado”, indicando que el religioso acudía a lugares como la estación de autobuses o la calle Bailén para contactar con estos chicos.

Según reportó el medio, el portero afirmó que, para evitar problemas, Alfonso contaba con la colaboración de una persona de confianza encargada de intervenir ante eventuales altercados. Además, el canónigo contrató a un electricista para desactivar el telefonillo, impidiendo que quienes acudían al piso insistieran en llamar. Los jóvenes con los que pernoctaba quedaban encerrados si Alfonso debía salir. El religioso justificaba esa medida por temor a robos, un asunto recurrente por el que el portero había manifestado su rechazo, limitándose a sus propias funciones.

Durante el juicio se presentaron episodios específicos recogidos por el portero. Uno de ellos involucra a un joven que abandonó el edificio denunciando que Alfonso le había tocado los glúteos, anunciando su intención de presentarle una denuncia. Otro joven insistió en recuperar un dinero acordado para mantener relaciones sexuales, mencionando una diferencia de 20 euros y manifestando desesperación por considerarse humillado, aunque sin mostrarse violento. También se relató una conversación captada por otra vecina donde la víctima ofrecía dinero a cambio de sexo a un joven. La convivencia en el edificio se veía deteriorada a causa de estas situaciones, como evidenció una advertencia previa de una antigua vecina del canónigo: “Que se preparen todos los vecinos porque lo que viene es muy fuerte. Es un sacerdote al que le gustan los chicos”.

En cuanto a la reconstrucción de los hechos ofrecida por la Fiscalía, según informó el medio, el acusado habría accedido al piso junto a otra persona, aprovechando la confianza que existía entre él y la víctima. La Fiscalía sostiene que el acompañante inmovilizó a Alfonso, cubrió su boca y asfixió al canónigo. Posteriormente, ambos se apoderaron de su teléfono móvil y de dos tarjetas bancarias. El acusado, según la acusación, utilizó esas tarjetas en cajeros automáticos, disponiendo del dinero y entregando parte del efectivo a la otra persona implicada.

Por el contrario, la versión de la defensa, reproducida por el medio, aduce que Miguel nunca accedió al domicilio la noche de los hechos y que recibió las tarjetas y el móvil de manos de un tercero, sin conocer en ese momento que el canónigo había fallecido. Además, sostiene que no existen imágenes del acusado ingresando o saliendo del edificio ni testigos que lo situaran en el lugar del crimen, y critica la falta de una búsqueda efectiva para localizar al presunto coautor, quien no ha sido identificado.

Durante el desarrollo del juicio, tanto el relato del portero como los informes técnicos relacionados con ADN y huellas han tenido un papel central en la argumentación de las partes. El proceso continuará ante la Audiencia de Valencia, con la expectativa de esclarecer los grados de responsabilidad e identificar a todas las personas potencialmente involucradas, según detalló la cobertura periodística del caso.