La UCM dice que abonó 113.509 euros para el desarrollo del 'software' por el que se investiga a Begoña Gómez

El desglose de los 113.509,32 euros que la Universidad Complutense de Madrid afirma haber destinado al desarrollo del software bajo investigación incluye una partida específica: 108.765,79 euros estuvieron dirigidos exclusivamente al desarrollo de la herramienta digital, mientras el monto restante refleja el costo de las horas y la dedicación del personal técnico y administrativo involucrado en las tareas vinculadas al proyecto. Según informó Europa Press, la UCM presentó esta documentación ante el juez Juan Carlos Peinado en el contexto de la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, como parte de la valoración provisional de la responsabilidad civil del caso.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la universidad solicitó formalmente que el magistrado Peinado reconozca en el sumario su posición como parte perjudicada en la investigación y ofreció ejercer las acciones legales pertinentes. El escrito remitido al juzgado pone énfasis en la cuantificación provisional y detallada de la suma abonada para esta iniciativa tecnológica, además de precisar los conceptos en los que se ha incurrido ese gasto.

Begoña Gómez, en su comparecencia ante el juez, respondió a preguntas de su defensa respecto a las acusaciones de apropiación de marcas y del software asociado a la cátedra universitaria. Gómez sostuvo que la inscripción de TSC Transformación Social Competitiva, así como el desarrollo de la aplicación digital, no obedecieron a un ánimo de lucro porque, según argumentó, el software había sido financiado mediante aportaciones empresariales. Negó haberse apropiado indebidamente de estas herramientas tecnológicas vinculadas al proyecto académico adscrito a la universidad.

La instrucción del caso requirió también a distintas empresas –entre ellas, Indra– que entregaran documentación sobre actividades y encuentros mantenidos en torno al desarrollo de la plataforma digital alojada en ‘transformatsc.org’. Según detalló Europa Press, Indra notificó por escrito al juez que, tras revisar sus registros internos, no halló “ningún acta levantada” respecto a reuniones relacionadas con el desarrollo de ese software. En su respuesta, la compañía puntualizó que no consta en sus sistemas ningún acta elaborada por empleados sobre el contenido de los encuentros técnicos relacionados con la plataforma. Indra añadió que tampoco figura, en sus archivos, acta alguna procedente de terceros participantes o representantes de la Universidad Complutense en relación con dicho desarrollo, según recogió Europa Press.

La investigación judicial en que figura como investigada Begoña Gómez abarca cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. Según reportó Europa Press, el procedimiento judicial sigue cuatro líneas principales: el supuesto tráfico de influencias en beneficio de Juan Carlos Barrabés, empresario también bajo investigación; la gestión ejecutiva de la cátedra y los dos másteres universitarios que codirigía Gómez en la UCM; el posible uso indebido del software de la cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora en Moncloa, quien está igualmente imputada y vinculada a gestiones referentes a varias compañías.

La documentación presentada por la UCM, que insiste en la condición de perjudicada de la institución, forma parte de los requerimientos del juzgado para delimitar las potenciales responsabilidades civiles derivadas de la investigación. Según publicó Europa Press, el juzgado recopila aún información financiera y administrativa sobre el proceso de creación del software, mientras que sigue sin constatarse la existencia de actas formales sobre reuniones técnicas o administrativas en poder de empresas como Indra u otros actores involucrados, según los registros revisados hasta el momento.

Las actuaciones procesales continúan centradas en determinar la naturaleza de los fondos empleados, la autoría y titularidad del software, y el posible beneficio personal de la profesora Begoña Gómez o de terceras personas, conforme a los indicios expuestos en las diligencias. La presentación detallada de gastos por parte de la UCM y las respuestas de las empresas implicadas se incorporan al sumario como pruebas documentales en la investigación.