'Marbella. Expediente judicial' denuncia el colapso en la lucha contra el narcotráfico

La actriz Natalia de Molina relató que su preparación para interpretar a Carmen, una fiscal frente al crimen organizado en la Costa del Sol, incluyó acompañar a una fiscal real mientras desempeñaba su labor en juicios. Según consignó la agencia EFE, De Molina subrayó que este acercamiento le permitió comprender la intensidad y la dedicación requeridas en el día a día de quienes enfrentan el narcotráfico y la corrupción en la región, elementos que constituyen el centro de la nueva temporada de “Marbella. Expediente Judicial”, estrenada por Movistar+ este jueves.

La serie, desarrollada a partir de reportajes de los periodistas Arturo Lezcano y Nacho Carretero, pone en primer plano la situación de colapso que experimentan las fiscalías antidroga de España, especialmente en la Costa del Sol, frente al auge del narcotráfico. De acuerdo con EFE, esta segunda temporada, creada por Dani de la Torre y Alberto Marini, da continuidad a la ficción iniciada en 2024, tomando como protagonista a Hugo Silva en el papel de César, un abogado penalista encargado de defender a las mafias de la zona durante la primera entrega. Ahora, la narrativa sitúa el foco en los profesionales de la Justicia, quienes lidian con obstáculos estructurales y personales en su labor cotidiana.

Nacho Carretero explicó a EFE que, al documentarse para la serie, visitaron fiscalías antidroga en Andalucía, donde identificaron una sobrecarga de trabajo y condiciones adversas para los funcionarios. Destacó que estos profesionales soportan desafíos como amenazas, intentos de intimidación y la presencia de corrupción judicial. La ficción, tal como señaló la plataforma, refleja estos aspectos mediante el personaje de Carmen, quien debe encarar a organizaciones criminales y a un sistema donde el colapso dificulta el cumplimiento de la ley.

Arturo Lezcano remarcó en declaraciones recogidas por EFE que el objetivo de la nueva temporada es dar visibilidad al colectivo de trabajadores judiciales, contraponiendo su rol al de los abogados penalistas, protagonistas de la temporada anterior. El periodista también advirtió que, aunque la trama se sitúa en Marbella y Puerto Banús, estas localizaciones funcionan solo como escenarios representativos, ya que el fenómeno del narcotráfico trasciende a toda la costa sur de España.

Carretero, citado por EFE, recalcó que la producción mantiene un anclaje firme en la realidad, abordando el crecimiento del crimen organizado y su impacto social. “La serie crece desde una realidad que supone uno de los grandes problemas que tenemos en España: el crecimiento desmesurado del crimen organizado y el narcotráfico, y que parece no preocupar demasiado a la clase política ni generar alerta”, puntualizó el periodista. Carretero también mencionó que, desde su punto de vista, la falta de inversión y la escasa preocupación de las administraciones públicas ha permitido la expansión de este tipo de delitos: considera que los cuerpos de seguridad requieren más recursos, salarios adecuados y acceso a tecnologías avanzadas.

Según detalló EFE, el volumen de casos que colapsan los juzgados provinciales y locales puede alcanzar hasta 25.000 demandas, cifra que aumenta significativamente cuando se presentan grandes operaciones antidroga. Los creadores de la serie explicaron que esta sobrecarga convierte los macroprocesos por narcotráfico en una dificultad casi insuperable para el sistema judicial español, situación que la ficción busca plasmar para alertar y visibilizar la magnitud del problema.

A pesar de que la serie se presenta como una ficción y tiene entre sus objetivos el entretenimiento, los realizadores sostienen que existe en ella un propósito de denuncia social. Carretero resaltó, de acuerdo con EFE, que “poner luz sobre algo no es estigmatizar, es alertar y demandar”. Explicó que la producción se esfuerza por distinguir entre la identificación de los problemas reales y la estigmatización de los territorios afectados.

El medio EFE también reportó que el rodaje de “Marbella. Expediente Judicial” atravesó dificultades logísticas. El director Dani de la Torre narró que el equipo fue obligado a abandonar Marbella en la temporada anterior cuando las autoridades municipales supieron que la serie abordaba la problemática del narcotráfico. Detalló que este imprevisto les obligó a trasladar la producción a Benalmádena pocos días antes de finalizar la grabación. Además, Silva recordó que en esta etapa se revocó un permiso para grabar en un hospital una semana antes del rodaje, nuevamente debido a la temática de la serie.

Según EFE, mientras municipios como Algeciras y Cádiz ofrecieron facilidades y colaboración, las autoridades de zonas como Marbella y el Campo de Gibraltar restringieron el acceso del equipo de filmación. No obstante, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Agencia Tributaria sí colaboraron con los creadores.

La posibilidad de una tercera temporada permanece abierta. Arturo Lezcano reconoció a EFE que existen elementos y material para desarrollar nuevos episodios, mientras Dani de la Torre señaló que continuarán si logran definir un enfoque novedoso capaz de sorprender a la audiencia. En las palabras del director, la prioridad se centra en ofrecer una perspectiva potente y renovada.

La agencia EFE puntualizó que la serie se compone de seis episodios y que, aunque ambientada en localizaciones reconocibles de la Costa del Sol, aborda fenómenos delictivos y desafíos judiciales que reflejan problemas más amplios de la estructura institucional española. Detrás de su formato de ficción, “Marbella. Expediente Judicial” propone un retrato de la tensión existente entre la creciente sofisticación del crimen organizado y las limitaciones estructurales de quienes buscan combatirlo desde las instituciones.