La AN mantiene investigado a un policía señalado en el presunto entramado de narcotráfico del exjefe de la UDEF

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge ha descartado archivar la causa para el policía Óscar González, uno de los imputados en la causa en la que se investiga al que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Óscar Sánchez Gil, por presunto narcotráfico y por los 20 millones de euros que fueron localizados ocultos en su casa.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 descarta el sobreseimiento solicitado por la defensa de González. Su letrado, en concreto, instó el archivo asegurando que "mantener abierta la investigación respecto de quien no presenta indicios racionales de criminalidad vulnera frontalmente los principios de proporcionalidad, presunción de inocencia y derecho a un proceso sin dilaciones indebidas".

En ese escrito, su letrado afirma que en la causa ya se han practicado "todas las diligencias relevantes respecto" del agente. "Ha prestado declaración, se han incorporado los informes de auditoría interna, se han recibido las declaraciones testificales pertinentes y no existe diligencia adicional alguna que pueda razonablemente modificar el panorama indiciario", indica.

Al respecto, su abogado apunta que "los hechos que se imputan" a González "son muy concretos y se encuentran encapsulados en el presunto delito de revelación de secretos, cuya instrucción está agotada, no teniendo nada que ver con el resto de hechos que se investigan en el presente sumario".

"INEXISTENCIA DE INDICIOS"

Su defensa incide en que "la jurisprudencia constitucional y ordinaria ha reiterado que el investigado no puede quedar sometido indefinidamente a la carga de un proceso penal cuando la instrucción ha cumplido ya su finalidad y no existen motivos objetivos para mantener viva la imputación".

A su juicio, "el archivo interesado no solo es jurídicamente procedente por inexistencia de tipicidad e indicios, sino que resulta imprescindible para evitar la consolidación de unos perjuicios personales y profesionales que el propio sistema de garantías constitucionales pretende impedir, evitando lo que se ha venido a llamar la pena de banquillo".

Y es que, concluye el escrito, González "se encuentra suspendido de empleo y sueldo como consecuencia directa de la mera pendencia del procedimiento penal, lo que comporta una privación prolongada de su principal medio de subsistencia económica, un grave deterioro de su estabilidad personal y familiar y un perjuicio profesional y reputacional de muy difícil o imposible reparación futura, incluso en el supuesto de un eventual archivo o absolución".

RECONOCIÓ CONSULTAS DE MATRÍCULAS

En su declaración como investigado del pasado mes de septiembre, González reconoció que consultó unas matrículas, si bien precisó que no consiguió acceder a esa información y que desconocía si era para las actividades del entramado.

Tras admitir haber realizado esas consultas en bases policiales a petición de otro investigado en la causa, Eduardo Montero, el agente aseguró que le conocía desde hace años y negó saber si tenía alguna implicación en la red de narcotráfico.

El policía defendió que hizo las consultas por hacerle un favor para asuntos familiares y recalcó que no le acabó dando ninguna información porque no la encontró, a la vez que se ha desvinculó de las actividades de Montero.