Podemos exige el fin de la "represión" contra 'Los 6 de Zaragoza' y critica el "abandono" institucional

El testimonio de Francho Aijón, padre de uno de los jóvenes en prisión, ilustra el impacto que las actuales condiciones penitenciarias generan en las familias de los reclusos, tanto en el plano económico como emocional. Según informó Europa Press, Aijón describió el desgaste provocado por el coste y las dificultades para poder visitar a los internos, señalando que muchas familias deben recurrir a medios de transporte alternativos, costosos y carentes de garantías de seguridad. Esta denuncia se produjo en el acceso al Centro Penitenciario de Zuera, donde familiares y representantes políticos reclamaron mejoras urgentes en derechos y servicios básicos, así como el fin de lo que consideran una situación de represión y abandono institucional.

La candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, acompañada por el coordinador del partido en Aragón, Ricard Mitjana, y Aijón, pidió el cese de la represión contra 'Los 6 de Zaragoza' y criticó lo que calificó como ausencia de apoyo institucional a las familias de los afectados. Según consignó Europa Press, Goikoetxea subrayó que la prisión de Zuera se ha transformado en un símbolo del castigo dirigido a quienes disienten políticamente, especialmente a los participantes en manifestaciones de carácter antifascista. Uno de los jóvenes permanece privado de libertad tras rechazarse su solicitud de indulto. Los representantes de Podemos insistieron en que las personas que actúan en defensa de sus derechos mediante la protesta deberían gozar de protección, y no enfrentar medidas que describieron como represivas.

El medio Europa Press detalló que las dificultades derivadas del aislamiento geográfico agravan la situación de las familias. El transporte público no cubre todos los horarios de visita, lo que implica que el derecho a mantener contacto presencial con los internos depende de la disponibilidad de vehículo propio. El último autobús de la jornada parte a las 20:00 horas, mientras que los permisos de visita se extienden desde las 18:30 hasta las 20:30 horas. Esto obliga a los familiares a abandonar la visita media hora antes o a contratar servicios de transporte alternativo, conocidos comúnmente como 'taxis piratas', con un costo estimado de 50 euros por trayecto según el testimonio de Aijón recogido por Europa Press. Las familias afectados por esta logística exigen al Gobierno de Aragón, encabezado por Jorge Azcón, que asuma responsabilidades y atienda la situación, dada la inclusión del centro penitenciario de Zuera en la demarcación sociosanitaria de la comunidad autónoma. Según la denuncia, la carencia de soluciones es atribuida a una falta de voluntad política y no a razones técnicas.

Ante esta situación, Podemos planteó la necesidad de reforzar y adaptar las líneas de transporte público, para impedir que las restricciones en el acceso a la prisión se traduzcan en una forma de exclusión para personas mayores, familias sin vehículo y trabajadores con recursos limitados.

Las quejas de los familiares y representantes políticos no se limitaron al transporte. Europa Press reportó que la atención sanitaria constituye otro motivo de preocupación. Se destacó el caso de Imad, uno de los jóvenes condenados, quien debió esperar cinco meses para acceder a un tratamiento de salud mental fuera del recinto penitenciario. Los representantes de Podemos mencionaron que estas deficiencias sanitarias ponen en riesgo la vida de los internos, haciendo referencia a una agresión ocurrida en marzo de 2023, cuando la ausencia de un médico en el centro dejó la asistencia de urgencia a cargo de personal sin respaldo facultativo. El representante del Consejo Ciudadano estatal de Podemos y padre de uno de los condenados afirmó: "La falta de médicos en el Complejo Penitenciario es una clara dejación de funciones por parte del Estado español. Su condena es la privación de libertad, no de asistencia sanitaria", según recogió Europa Press.

Durante su intervención frente al centro penitenciario, Goikoetxea instó a hacer visible lo que califican como abandono y precarización de derechos en el interior del recinto y en su entorno, así como a exigir la mejora de los servicios básicos. La candidata insistió en que el enfoque actual de la política penitenciaria impacta no solo en los reclusos sino también en las familias, que asumen el costo económico, emocional y social de un sistema que describen como orientado al aislamiento. Europa Press informó que, en este contexto, Podemos reclama soluciones estructurales para el acceso y la atención en las cárceles dependientes de la Dirección General de Centros Penitenciarios del Ministerio del Interior.

El caso de 'Los 6 de Zaragoza' se remonta a los altercados ocurridos el 17 de enero de 2019 durante una protesta contra un mitin organizado por Vox. Los jóvenes fueron condenados por delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones. Tras agotar la vía del indulto para uno de los implicados, familiares y representantes políticos insisten en la necesidad de revisar el tratamiento institucional y penitenciario al que acceden tanto los reclusos como sus allegados, subrayando el impacto que la gestión actual tiene en los derechos fundamentales y en el tejido social, según publicó Europa Press.