El Congreso acoge esta semana la segunda comparecencia del ex jefe de Gabinete de Mazón en la comisión de la dana

Durante el careo judicial del pasado 12 de enero, Salomé Pradas describió a José Manuel Cuenca como “una extensión” del expresidente Mazón y justificó sus mensajes en contra de un posible confinamiento en la provincia de Valencia señalando que había recibido información de Mazón o de otro colaborador. Este testimonio forma parte de una compleja red de comunicaciones y contradicciones que la comisión del Congreso investiga esta semana, en el contexto de la gestión de la dana (depresión aislada en niveles altos) que costó la vida a 230 personas el 29 de octubre de 2024, según consignó el medio digital que cubre la actividad parlamentaria.

El Congreso acoge este martes una nueva sesión clave donde el ex jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, concurre a su segunda comparecencia ante la comisión que investiga los acontecimientos relacionados con la catástrofe. Tal como detalló el medio, los comisionados también interrogarán a Emilio Argüeso, quien fuera secretario autonómico de Emergencias y actualmente figura como imputado en el proceso penal por la riada. Ambos altos cargos han sido convocados tras las revelaciones ocurridas luego de la primera ronda de declaraciones y la filtración de mensajes internos de Whatsapp, intercambiados la jornada del desastre y días previos, que han puesto en entredicho la versión de los hechos ofrecida inicialmente por algunos de los responsables.

De acuerdo con la información publicada, la comisión citó de nuevo a Cuenca después de constatar divergencias entre su declaración anterior, emitida el 24 de noviembre, y los datos emergentes derivados de los Whastapp filtrados. Cuenca sostiene que estos mensajes están “descontextualizados”, en tanto el acceso a sus propias comunicaciones se dificultó porque reseteó su tarjeta SIM, impidiendo así su recuperación por parte del juzgado. Pradas, quien ese día ostentaba la cartera de Justicia e Interior y era responsable directa de Emergencias, intercambió durante la mañana información constante acerca de la evolución de la emergencia: comunicó a Mazón que se realizaban rescates e intervenciones, mantenía contacto con la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, y advirtió sobre los puntos más críticos, como la Ribera Alta, el Barranco del Poyo y el Río Magro.

Al avanzar la jornada, la situación se agravó. Hacia las 14:11, Pradas notificó a Mazón sobre una situación especialmente delicada en Utiel, información que repitió a Cuenca minutos después, a las 14:25. Ya a las 16:28, alertó a Cuenca sobre una víctima mortal en esa localidad sin recibir respuesta. Aproximadamente a las 19:00, Cuenca le comunicó su posible aparición en el 112 junto a Mazón y, minutos antes de las 20:00, solicitó a Pradas que desistiera de ordenar el confinamiento de la población, pese a la insistencia de la entonces consellera en cuanto a la gravedad del escenario y la existencia de numerosos desbordamientos. El medio destacó que, confrontado ante la jueza, Cuenca negó haber transmitido indicaciones de Mazón y defendió la “descontextualización” de los mensajes atribuidos a él por la exconsellera.

Según publicó la fuente, el careo judicial entre Pradas y Cuenca expuso sus divergencias sobre la gestión de la emergencia. Pradas defendió la posibilidad de ordenar confinamientos invocando la Ley de Emergencias, en tanto Cuenca atribuyó sus objeciones personales a informaciones recibidas de otros asesores, entre ellos Cayetano García Ramírez, ex secretario de Presidencia. El relato oficial señala que, desde una determinada hora de la mañana, Pradas ya no consiguió contactar directamente con Mazón, quien quedó inubicable tras una serie de mensajes, y recibió la indicación de informar a Cuenca en adelante. Pradas solo pudo comunicarse finalmente con Mazón pasadas las 20:00 horas, lo que obligó a tomar decisiones consultando con otros colaboradores y recabando la opinión jurídica de la Abogacía de la Generalitat ante el riesgo que presentaba la presa de Forata.

En la sesión vespertina de la comisión, el foco estará sobre Emilio Argüeso, quien durante una declaración previa, en abril, manifestó ante la magistrada que desconocía la retirada de los bomberos forestales del barranco del Poyo, movida que no le fue comunicada por el entonces jefe de Bomberos José Miguel Basset. Argüeso explicó también que Mazón no recibió citación para acudir al Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) y que la dirección de las operaciones ante la emergencia la asumieron Pradas y la delegada Bernabé.

Respecto a la cadena de advertencias registradas el día del desastre, según detalló el medio, Argüeso confirmó que poco antes de las 15:00 envió un mensaje a la vicepresidenta Susana Camamero alertando de que los barrancos se encontraban “a punto de colapsar”, lo que subraya el carácter crítico de las horas previas al desenlace fatal. Las comparecencias de esta semana tienen como objetivo aclarar el mosaico de decisiones, omisiones y recomendaciones que influyeron sobre la respuesta institucional a la tragedia y las posibles responsabilidades penales y políticas derivadas del caso.

El origen de las nuevas citaciones en la comisión parlamentaria se remonta al 15 de diciembre, apenas concluida la declaración previa de Salomé Pradas ante el órgano legislativo. En esa cita, la jueza encargada de instruir el caso, Nuria Ruiz Tobarra, figuraba como responsable de la investigación judicial sobre la actuación de los altos cargos autonómicos. Las pesquisas se intensificaron tras la detección de contradicciones entre las versiones aportadas y los elementos documentales y de mensajería, señaló el medio en su cobertura.

A lo largo de estas jornadas, los miembros de la comisión buscan establecer las circunstancias en que se produjeron las decisiones críticas. El medio detalla cómo la dificultad para establecer comunicación con el entonces presidente autonómico condicionó el flujo de información y determinaciones; las declaraciones de los principales responsables reflejan tensiones internas y criterios dispares en la gestión de la catástrofe. Además, la imposibilidad técnica de recuperar ciertos mensajes considerados clave ha generado obstáculos a la labor de investigación al tiempo que ha alimentado las suspicacias sobre la transparencia en la gestión de la emergencia.

Las comparecencias de Cuenca, Argüeso y Pradas forman parte de un procedimiento en el que confluyen el seguimiento político del Parlamento y el escrutinio judicial, y están marcando el rumbo de una investigación que incide en la responsabilidad de figuras relevantes de la Generalitat en una de las peores catástrofes naturales registradas en la Comunidad Valenciana.