Piden prisión para un hombre por abusar de una mujer y encerrar a un amigo para que no pudiera ayudarla

El acusado, de nacionalidad paquistaní y en situación irregular en España, enfrenta la solicitud de expulsión del país tras el cumplimiento de una parte de su condena por la supuesta agresión sexual a una joven con discapacidad en un piso de Gijón en junio de 2022. Según informó Europa Press, la Fiscalía de Área de Gijón reclama, además, que el acusado permanezca fuera de España durante nueve años una vez substituida la parte final de la pena de prisión por la medida de expulsión.

La vista oral del caso se celebró este jueves en la Sección Octava de la Audiencia Provincial con sede en Gijón y quedó lista para sentencia, reportó Europa Press. El Ministerio Fiscal sostiene que los hechos ocurrieron la noche del 23 de junio de 2022. Precisó que el procesado invitó a su domicilio tanto a la víctima, nacida en 1998, como a un amigo de ella. Según la versión recogida por Europa Press, en torno a las tres de la madrugada, el hombre condujo al amigo de la joven hacia la terraza de la vivienda y cerró la puerta, impidiéndole el acceso al interior del piso.

En ese contexto, la Fiscalía detalló que el acusado habría aprovechado la ausencia del amigo —que quedó encerrado en la terraza— para ejecutar la agresión sexual a la mujer. La víctima se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad, ya que tiene reconocida una discapacidad. De acuerdo con la información recogida por Europa Press, los gritos de auxilio de la joven fueron audibles desde la terraza, pero el amigo, que los escuchó, no pudo intervenir debido a su reclusión forzada fuera del inmueble.

Europa Press explicó que la Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de agresión sexual con penetración, en aplicación del artículo 180.1.3º del Código Penal, en relación con los artículos 178.2 y 179.2 de la reforma introducida por la Ley Orgánica 10/2022. El Ministerio Público pide una condena de nueve años de prisión para el acusado. Esta petición incluye la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de la condena y la imposición de siete años de libertad vigilada una vez finalizada la pena de cárcel.

Asimismo, la Fiscalía solicita que el acusado no pueda acercarse a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo ni a ningún otro entorno frecuentado habitualmente por ella a menos de 500 metros, ni mantener comunicación alguna, en ambos casos durante un plazo de diez años. Europa Press añade que la petición de condena incorpora la inhabilitación especial para el desempeño profesional —remunerado o no— en actividades o labores que impliquen contacto regular y directo con menores de edad durante quince años.

Por otra parte, el Ministerio Fiscal reclama que, en cumplimiento de la responsabilidad civil derivada de los hechos, el acusado indemnice a la víctima con 20.000 euros, cifra a la que se suman los intereses legales. Según el medio Europa Press, la acusación solicita que el penado cumpla en España al menos dos tercios de la condena privativa de libertad antes de proceder a la sustitución del resto de la pena por la expulsión del territorio nacional, quedando prohibido su reingreso durante nueve años.

La información recogida por Europa Press indica que los hechos investigados se enmarcan en la política del Ministerio Fiscal de Gijón de solicitar medidas de alejamiento prolongadas y la expulsión para ciudadanos extranjeros en situación irregular, especialmente cuando las víctimas presentan especial vulnerabilidad como en el caso de personas con discapacidad. La resolución judicial se dictará tras el juicio ya concluido, según detalló Europa Press.