
La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de un procesado por agredir sexualmente a una mujer en un piso de Gijón tras encerrar a un amigo suyo en la terraza de la vivienda para que no pudiera entrar a ayudarla. La vista oral se ha celebrado este jueves en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, y ha quedado vista para sentencia.
El Ministerio Fiscal sostiene que, el 23 de junio de 2022, el procesado (de nacionalidad paquistaní, en situación irregular en España) invitó a la víctima (1998) y a un amigo suyo a su piso de Gijón y, una vez allí, sobre las tres de la mañana, llevó a este último a la terraza de la vivienda y lo encerró en ella, sin posibilidad de que pudiera entrar en la casa.
A continuación, agredió sexualmente a la mujer. Los gritos de la víctima fueron escuchados desde la terraza por su amigo, que no pudo entrar en la vivienda a ayudarla. La víctima se encontraba en situación de especial vulnerabilidad y tiene reconocida una discapacidad.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual con penetración del artículo 180.1.3º, en relación con los artículos 178.2 y 179.2 del Código Penal de la reforma LO 10/22.
Y solicita que se condene al procesado a 9 años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; libertad vigilada durante 7 años; prohibición de aproximarse a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente habitualmente a menos de 500 metros, así como de comunicarse con ella por cualquier medio, ambas prohibiciones durante 10 años; e inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidos, que conlleven un contacto regular y directo con menores de edad durante 15 años.
La Fiscalía solicita cumpla las dos terceras partes de la pena privativa de libertad en territorio español y que se apruebe la sustitución del resto de la condena por la medida de expulsión del territorio nacional, con la prohibición de reentrada por un período de 9 años. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que el procesado indemnice a la mujer con 20.000 euros, más los intereses legales correspondientes.
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