Montero dice que la UCO investiga a Vicente Fernández cuando ya no era presidente de la SEPI y niega ilegalidades

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se centra en hechos ocurridos entre 2021 y 2023, un periodo en el que Vicente Fernández ya no ocupaba el cargo de presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha puesto de relieve este aspecto al comparecer en el Senado y ha sostenido que, según las pesquisas en curso, no existen indicios de ilegalidades en la tramitación de los contratos analizados. De acuerdo con lo que publicó el medio, Montero defendió que las investigaciones en curso no incriminan a la SEPI ni a sus actuales responsables en relación con las supuestas irregularidades que la Audiencia Nacional examina, tras las detenciones de Vicente Fernández, la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso el pasado diciembre.

Según informó la fuente, la ministra subrayó que Fernández había dejado de liderar la empresa pública dos años antes de que dieran comienzo los hechos investigados por la UCO. Durante su intervención, Montero precisó que la investigación afecta a un periodo en el que las personas bajo sospecha ya no formaban parte de la dirección de SEPI, al tiempo que aclaró que no se ha detectado hasta la fecha ninguna desviación de la legalidad en los expedientes analizados. En respuesta a las acusaciones, enfatizó que las eventuales responsabilidades deberían ser respondidas por quienes, tras abandonar el ámbito político, pudieron haber mantenido contactos con empresas vinculadas a la investigación de la Guardia Civil.

Tal como publicó el medio, Montero ha insistido en que la información divulgada hasta el momento no sugiere deficiencias en el funcionamiento de la SEPI. Argumentó que únicamente los tribunales determinarán si las conductas de determinadas personas, una vez fuera de la administración, pudieran ser constitutivas de delito. La vicepresidenta recalcó el papel del Ejecutivo y del PSOE en la reacción ante presuntos casos de corrupción, detallando que el Gobierno ha actuado desde el primer día al exigir responsabilidades políticas, iniciar expedientes de expulsión de militantes implicados y colaborar de forma activa con la justicia.

Montero expresó que condena cualquier posibilidad de que responsables políticos empleen su posición para obtener beneficios personales. Pidió delimitar con claridad quién debe responder judicialmente, para evitar extender sospechas sobre toda la compañía o sobre la gestión de los actuales directivos, dado que no existen —hasta la fecha— datos en poder de los investigadores que impliquen a SEPI en prácticas fuera del marco legal. El medio consignó sus declaraciones sobre la necesidad de preservar el honor y la profesionalidad de la empresa pública, destacando, además, la relevancia de la SEPI en la economía nacional.

En su comparecencia en el Senado, según reportó la fuente, Montero rechazó la postura del Partido Popular, que a su juicio buscaba involucrarla en el debate parlamentario pese a que, según la información disponible, no existe motivo para atribuir responsabilidades políticas a la SEPI. Sostuvo ante los senadores populares que desconoce si cuentan con información amparada por secreto de sumario que ella no posee, y reiteró que el actual conocimiento del caso no incrimina a la dirigencia o estructura de la entidad estatal.

La ministra defendió las auditorías internas y externas realizadas sobre las cuentas de SEPI, afirmando que estas revisiones garantizan la transparencia y la regularidad de las operaciones. Apuntó que la actuación del PP al solicitar la comparecencia apuntaba más a desacreditar tanto a la empresa como al propio Ejecutivo, a través de denuncias que califica como infundadas. Según información recogida por la fuente, Montero considera que la actitud de los populares persigue dañar las instituciones y el Gobierno, pese a que desde el Ejecutivo, según su versión, siempre han adoptado medidas precisas para salvaguardar el interés general y para tomar decisiones en casos de sospechas fundadas en sus filas.

La investigación judicial que dio origen a esta situación incluyó registros de la Guardia Civil tanto en la sede de SEPI como en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, con el objetivo de recolectar documentación relacionada con los contratos investigados. Según detalló el medio, este despliegue formó parte de la operación instruida por la Audiencia Nacional en el marco de las pesquisas sobre contratación pública y conducta de exdirigentes y terceros vinculados, sin que hasta el momento las pesquisas hayan arrojado indicios que pongan en cuestión la legalidad de la tramitación de los expedientes de SEPI durante el periodo señalado.

Finalmente, Montero reiteró que tanto el Ejecutivo como su formación política se mantienen vigilantes en la exigencia de transparencia y legalidad y que continuarán colaborando con la justicia para esclarecer cualquier actuación que pudiera tipificarse como delictiva, al tiempo que reclamó respeto a los procedimientos de auditoría y al trabajo realizado por los trabajadores y responsables de la SEPI, según consignó el medio.