Las acusaciones piden al TS que Ábalos y Koldo sigan en prisión provisional de cara al juicio de las mascarillas

El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García podrían enfrentarse a penas de hasta 30 años de prisión, según las solicitudes de las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como los citados colectivos han solicitado al Tribunal Supremo que ambos continúen privados de libertad mientras se aproxima el juicio por las presuntas irregularidades detectadas en la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. De acuerdo con Europa Press, estas peticiones se realizaron en el marco de las dos vistas celebradas este jueves para examinar los recursos interpuestos por los defensores de los implicados contra la decisión de mantenerles en prisión provisional.

Las defensas de Ábalos y García han mantenido sus recursos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en los que rechazan que exista un riesgo real de fuga y critican el fundamento de la medida de prisión provisional dictada el pasado 27 de noviembre por el magistrado instructor del caso, Leopoldo Puente. Según publicó Europa Press, Ábalos sostiene que la decisión de encarcelarlo responde a un “uso irrazonable del derecho”, basada en lo que calificó como “vaguedades y excusas procesales”. La defensa del exministro pidió su excarcelación, alegando que la ausencia de motivos legítimos para la prisión preventiva indicaría que, en la práctica, esta función solo busca forzar una colaboración similar a la del empresario Víctor de Aldama, el tercer procesado en la trama, quien habría declarado tras su estancia en prisión.

Por su parte, la estrategia de defensa subrayó que el instructor del caso no valoró adecuadamente los vínculos familiares y sociales de Ábalos, incidiendo en que el exministro tiene un hijo menor a su cargo durante los fines de semana y residencia fija en España, información conocida por las partes involucradas. Europa Press recogió estos argumentos como elementos centrales de la exposición presentada ante el Tribunal Supremo.

Koldo García también solicitó al tribunal su puesta en libertad, en este caso ofreciendo el pago de una fianza y defendiendo que su incremento patrimonial tiene respaldo en sus ingresos legales. Según detalló Europa Press, el asesor aseguró que la orden de prisión dictada en su contra toma como propias las acusaciones sin verificar la solidez de las pruebas y sin demostrar el supuesto riesgo extremo de fuga. La defensa de García subrayó que todas las pruebas relevantes para la investigación ya han sido obtenidas y formalizadas, reduciendo la posibilidad de entorpecimiento procesal. Además, argumentó que no existe riesgo de reincidencia, puesto que los sucesos investigados se limitan a su etapa como asesor de un aforado, periodo del cual ya no forma parte.

Respecto a los fondos en cuestión, la defensa de García alegó que el instructor se refirió a cantidades elevadas de dinero cuyo origen no estaría acreditado, pero sin considerar el reembolso de gastos de la Secretaría de Organización del PSOE, que ascendió a 127.000 euros durante los años analizados. El argumento se reforzó con el testimonio de dos personas que, en procedimientos separados, confirmaron que García gestionaba dichos fondos en efectivo, provenientes del PSOE y, por tanto, legales para este fin.

El instructor procesó tanto a Ábalos como a García por delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación. Ambos se encuentran actualmente internos en la prisión madrileña de Soto del Real, según consignó Europa Press. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas que ascienden a 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para el empresario Víctor de Aldama. En paralelo, las acusaciones populares lideradas por el PP reclaman 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, equiparando la solicitud de pena para Aldama con la que emitió el Ministerio Público.

La controversia sobre la prisión provisional y el supuesto riesgo de fuga marcó el desarrollo de las vistas celebradas en el Tribunal Supremo. Las partes expusieron sus posiciones sobre la justificación de la medida cautelar y el alcance de los delitos investigados, mientras las acusaciones insistieron ante el tribunal en mantener la restricción de libertad de ambos exfuncionarios como medida para asegurar su presencia en el juicio. Según relató Europa Press, el desarrollo del proceso penal sigue centrado en determinar si existieron o no irregularidades deliberadas en la adquisición de material sanitario y el posible beneficio económico ilícito derivado de estas operaciones durante la emergencia sanitaria.