La defensa de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, argumentó en su recurso ante el Tribunal Supremo que la medida de prisión provisional solamente tiene el fin de presionarlo para que colabore en el proceso, haciendo referencia a estrategias judiciales que se habrían aplicado en el caso de uno de los coimputados. El exministro mantiene que la medida resulta injustificada, según documentos a los que accedió Europa Press, y sostiene que es improcedente su encarcelamiento a la espera del juicio por las compras irregulares de mascarillas durante la pandemia.
Según publicó Europa Press, tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares, con el Partido Popular a la cabeza, han solicitado que Ábalos continúe privado de libertad hasta que se celebre el juicio. El Ministerio Público fundamentó su petición en la supuesta peligrosidad de fuga, ante la proximidad de este proceso en el que se investigan presuntas irregularidades cometidas durante la compra de material sanitario. La vista para evaluar el recurso tuvo lugar este jueves en el Tribunal Supremo, ocasión en la que todas las partes expusieron sus argumentos ante los magistrados.
El instructor del llamado 'caso Koldo', Leopoldo Puente, determinó el pasado 27 de noviembre el ingreso en prisión provisional sin fianza de Ábalos por considerar "extremo" el riesgo de fuga, decisión que la defensa del exministro tachó de infundada y carente de justificación legal. Según consignó Europa Press, la defensa acusa al magistrado de actuar con base en "vaguedades y excusas procesales", y rechaza que existan motivos objetivos para considerar que Ábalos pueda sustraerse a la acción de la justicia. La representación legal del exministro destacó ante el Supremo factores personales y laborales para cuestionar la idoneidad de la prisión, como el hecho de que su entorno social y familiar le anclan a España, citando expresamente la custodia de un hijo menor durante los fines de semana y la notoriedad de su domicilio fijo en territorio español.
En la vista, la defensa incorporó tanto a Carlos Bautista, anterior abogado que renunció a la defensa por "diferencias contractuales" con el acusado, como a Marino Turiel, nuevo letrado designado tras la dimisión. No obstante, el magistrado instructor solicitó que Bautista se presentara a la audiencia salvo que la propia defensa pidiera cancelar la sesión, según anunció Europa Press. Así, Ábalos asistió a la deliberación representado por ambos abogados.
En el sumario de acusaciones, la Fiscalía pidió una condena de 24 años de cárcel para José Luis Ábalos y de 19 años y medio para Koldo García, su exasesor. Para el empresario Víctor de Aldama, presunto intermediario en la operación de adquisición de mascarillas, la petición asciende a 7 años de prisión. Las acusaciones populares del PP, en tanto, reclaman penas de hasta 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, equiparando la solicitud para Aldama a la del Ministerio Público.
El caso se desencadenó a raíz de la investigación sobre la compra de mascarillas durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, período en el que, de acuerdo a la instrucción, se detectaron presuntas anomalías y posibles actos de corrupción en la adjudicación y suministro de material sanitario. Según detalló Europa Press, los cargos que pesan sobre Ábalos se sustentan en la sospecha de que habría intervenido de forma irregular en la asignación de contratos, generando un perjuicio al erario público.
Los argumentos expuestos por la defensa enfatizaron que la prisión preventiva carece de sentido en ausencia de riesgo probado de obstaculización del proceso, ocultación de pruebas o reincidencia. Según la interpretación de la representación legal, la única función de la medida cautelar respondería, en este caso, al objetivo de obtener cooperación judicial, tomando como ejemplo la colaboración prestada por Víctor de Aldama supuestamente después de su paso por prisión.
El pulso judicial por la libertad provisional de Ábalos continuará en el Tribunal Supremo, donde los magistrados deberán decidir si ratifican la medida adoptada por el instructor o estiman el recurso presentado por el exministro, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la acusación popular, entre otras partes intervinientes. Los próximos pasos dependerán de la resolución de este recurso, mientras el proceso principal por las compras de mascarillas sigue avanzando a la espera de fecha para juicio oral. Según Europa Press, la gravedad de los hechos investigados y la relevancia mediática del caso han situado este procedimiento en el centro del debate judicial y político.
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