La jueza de la dana cita a ocho nuevos testigos: de la Abogacía, el núcleo de Mazón, un chófer y cargos de Emergencias

La instrucción judicial sobre la gestión institucional durante el temporal que causó 230 decesos en España el 29 de octubre de 2024 avanza con la convocatoria de declaración de ocho nuevas personas, entre las que figuran asesores próximos al expresidente regional, integrantes de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, responsables de Emergencias y un chófer del entorno directo de liderazgo. Según consignó el medio, la magistrada encargada del caso en el partido judicial de Catarroja dispuso en días recientes el calendario de comparecencias, con la finalidad de esclarecer cómo se tomaron las decisiones clave el día de la catástrofe.

De acuerdo con la información reportada, entre el 27 de enero y el 27 de febrero transcurrirán estas ocho comparecencias, que comprenden testimonios de figuras de la Abogacía de la Generalitat, asesores directos del entonces presidente autonómico Carlos Mazón, personal de Emergencias y el chófer que estuvo designado el 29 de octubre. El medio detalló que estas actuaciones se adoptan en base a una diligencia de ordenación suscrita por la letrada de la Administración de Justicia y notificada oficialmente a las partes involucradas en la causa.

El 27 de enero se tomarán las declaraciones del coordinador de la Abogacía de la Generalitat asignado a la Conselleria de Justicia e Interior y del abogado general de la institución. Estos testimonios se centran en las consultas realizadas la tarde del temporal en torno a la posibilidad legal de establecer un confinamiento de la ciudadanía ante la magnitud de las lluvias. Para el 6 de febrero está prevista la declaración del director general de Emergencias y Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana en el periodo de la dana, Alberto Javier Martín. El 13 de febrero acudirá Raúl Quílez, director de la empresa pública SGISE, dedicada al servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, según publicó la fuente.

Las investigaciones incluyen también a personas del círculo de confianza del expresidente Mazón. Así, el chófer que estuvo comisionado el 29 de octubre ha sido citado para el 20 de febrero. Posteriormente, los días 23, 25 y 27 de febrero, acudirán como testigos los asesores más próximos: Josep Lanuza; Francisco González, titular de la dirección general de Comunicación y Promoción Institucional en ese periodo; y la jefa de prensa, Maite Gómez. Lanuza y Gómez acompañaron al expresidente durante su llegada al Cecopi a las 20:28 horas de esa jornada, como consignó el medio.

En relación al trabajo de la Abogacía de la Generalitat durante el suceso, la jueza instruyó la declaración de los abogados encargados de asesorar a la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien figura como investigada en la causa. Esta decisión responde a la solicitud de un abogado de la acusación que pidió identificar cuáles juristas ofrecieron recomendaciones jurídicas sobre las medidas de confinamiento posibles y el marco de actuación recomendado entre las 19:45 y las 20:00 horas del día del temporal.

La documentación incorporada al procedimiento, aportada el 26 de diciembre de 2025, precisa que el 29 de octubre de 2024 ningún alto cargo de la Conselleria de Justicia e Interior, de Medio Ambiente o de Presidencia efectuó consulta escrita a la Abogacía de la Generalitat. No obstante, declaró el medio, ese día se realizaron dos llamadas breves en torno al fenómeno meteorológico en curso. El entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior se comunicó con el abogado coordinador para preguntar si existía base legal para un eventual confinamiento, quien respondió afirmativamente. Cayetano García, quien fuera secretario autonómico de Presidencia y que deberá declarar el 22 de enero, mantuvo otra llamada con el abogado general de la Generalitat para anticipar que la consellera Salomé Pradas podría requerir consulta jurídica urgente en caso de tener que dictar alguna resolución excepcional.

Después de estas llamadas, no se recibió ningún requerimiento adicional, ni verbal ni por escrito, para la emisión de informes u opiniones formales sobre posibles confinamientos, según consta en el mismo informe. Allí se sostiene que la intervención de la Abogacía se limitó al asesoramiento en esas comunicaciones telefónicas, y que la respuesta proporcionada fue positiva respecto al soporte jurídico para un eventual confinamiento, especificando incluso los preceptos legales pertinentes.

El contenido del informe contradice parte de las declaraciones de José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón. Cuenca manifestó que Cayetano García habría contactado con la Abogacía y que de esa interacción surgiría la advertencia de no decretar confinamientos generalizados, razón por la que transmitió el mensaje a Salomé Pradas con la instrucción: "Salo. De confinar nada por favor. Calma", enviado a las 19:54 del día de la catástrofe. Cuenca sostuvo que este mensaje se basó en informaciones del abogado de la Generalitat transmitidas por Cayetano García, aunque el documento oficial sólo registra las dos conversaciones breves mencionadas.

El análisis del proceso de toma de decisiones durante la gestión de la crisis en el Cecopi, centro operativo clave en la emergencia, se considera relevante para determinar cómo se adoptaron y comunicaron las alertas y qué criterio se siguió ante el debate sobre eventuales confinamientos. Según subraya el auto judicial, la exconsellera Pradas protagonizó varias de estas gestiones, cuyos pormenores resultan esenciales para esclarecer la secuencia de deliberaciones desarrolladas por el gabinete durante el temporal.

Todas estas actuaciones buscan concretar la cadena de decisiones y las recomendaciones jurídicas recibidas mientras se desencadenaban los episodios climáticos, y depurar así las posibles responsabilidades institucionales ante la elevada mortalidad registrada en el temporal de 2024.