La cifra de fondos públicos españoles inmovilizados en Bélgica no corresponde exactamente al monto reclamado por los inversores internacionales, sino que es notablemente superior. De acuerdo con El País, la justicia belga ordenó el embargo de 482,4 millones de euros, tras una solicitud presentada por OperaFund, pese a que la cuantía reconocida en el laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) suma 29,3 millones de euros en principal y 7,5 millones en intereses de demora. Las sumas reclamadas se originan en un conjunto de laudos internacionales motivados por los recortes retroactivos que los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy impusieron a las primas a las energías renovables en la década pasada.
Según informó El País, OperaFund emprendió una estrategia legal internacional frente a la negativa del Gobierno español a cumplir el pago de la indemnización establecida por el tribunal del Banco Mundial. El fondo acudió a la jurisdicción belga para solicitar que se embargaran pagos periódicos que el organismo europeo de navegación Eurocontrol transfiere al proveedor estatal español de servicios aéreos, Enaire, cuyas cuentas operan desde Bélgica. La justicia local admitió el embargo como medio legítimo para garantizar la compensación a los acreedores afectados, lo que llevó a bloquear los mencionados 482 millones de euros, que quedaron detenidos sin llegar a Enaire, a la espera de posibles recursos y en previsión de su reparto entre acreedores.
El control judicial belga sobre estos fondos se enmarca en una ola de litigiosidad que involucra a inversores internacionales de renovables y al Estado español en varias jurisdicciones. Según detalló El País, ya en julio del año anterior, una operación similar encabezada por la firma japonesa Eurus Energy, parte del grupo Toyota, concluyó con la inmovilización de más de 207 millones de euros, pese a que el laudo correspondiente reconocía una deuda principal de 106,2 millones de euros, más 9,4 millones devengados en intereses de demora.
El medio El País consignó que la ofensiva legal de los demandantes incluye acciones positivas en tribunales de Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Bélgica. Los acreedores subrayan que estarían dispuestos a alcanzar un acuerdo con el Gobierno, que permita cerrar el prolongado conflicto y recupere la estabilidad regulatoria para la inversión internacional en el sector energético. En ese sentido, representantes de los fondos recalcaron la búsqueda de una solución negociada para poner fin a la extensa litigiosidad y restablecer la seguridad jurídica para futuros inversores.
El conjunto de indemnizaciones por pagar a diciembre de 2024, sumando los laudos de 27 empresas afectadas por el recorte retroactivo, ascendía a 1.754,7 millones de euros, a los que deben sumarse 297,6 millones correspondientes a intereses de demora y otros 238,7 millones derivados de costas, honorarios y otros sobrecostes legales, según datos publicados por El País. En total, la exposición del Estado español sumaba 2.292 millones de euros en obligaciones pendientes con los fondos y empresas internacionales afectados por los cambios regulatorios.
En el mismo momento, Estados Unidos emergió como otra plaza clave en la disputa: el medio El País indicó que durante la segunda mitad de 2025, las autoridades judiciales estadounidenses reconocieron y oficializaron siete laudos vinculados a inversores como Cube, Watkins, Antin, RREEF, 9REN, NextEra e InfraRed, lo que permitió a estos acreedores reclamar 691,2 millones de euros a través de mecanismos legales de ejecución disponibles en ese país. Frente a estos fallos de los tribunales estadounidenses, el Gobierno español interpuso recursos ante el Tribunal Supremo, mientras que los fondos solicitaban medidas judiciales para identificar activos embargables del Estado en jurisdicción estadounidense.
De igual manera, la batalla judicial continuó en Australia. Según señaló El País, en 2025 el Tribunal Federal de Australia ordenó ejecutar cuatro laudos relativos a RREEF, 9REN, Watkins y NextEra, por un total agregado de 469 millones de euros. El fallo australiano rechazó los argumentos presentados por España relativos a la inmunidad soberana y además impuso costas procesales tanto al Estado español como a la Comisión Europea, cuya intervención en defensa de la posición española no resultó aceptada por el juez australiano.
Los recortes en las primas a las energías renovables que originaron este conflicto fueron aprobados bajo los gobiernos españoles mencionados, dentro del marco del Tratado de la Carta de la Energía, tratado internacional que España había suscrito en el momento en que se aplicaron los ajustes objeto de reclamación. Este tratado establece mecanismos como el arbitraje internacional para resolver disputas entre estados y empresas inversionistas. La negativa del Estado español a abonar los importes fijados por el Ciadi provocó una cadena de litigios internacionales, con consecuencias sobre activos públicos en diferentes países.
El proceso de embargo judicial iniciado en Bélgica se centró en los flujos financieros regulares transferidos por Eurocontrol al proveedor español Enaire. OperaFund, respaldado por una resolución arbitral vinculante del Ciadi, recurrió al sistema judicial belga con el propósito de intervenir dichos fondos. El tribunal belga atendió el pedido, apoyándose en la obligación de garantizar el cobro a favor de los acreedores afectados por el impago español. Mientras tanto, la resolución se mantiene en vigor a la espera de posibles recursos y podría tener efectos sobre la disponibilidad de fondos destinados a la navegación aérea y la gestión aeronáutica en España, cuyo operador estatal depende parcialmente de estos pagos internacionales.
De acuerdo con lo informado por El País, la situación ha situado al Gobierno español ante un desafío legal que involucra altos costes financieros por los laudos y los embargos, así como una presión internacional creciente por parte de los inversores, que reclaman el cumplimiento de las compensaciones reconocidas por tribunales y organismos internacionales. Además de las obligaciones económicas pendientes, el Estado enfrenta sobrecostes legales y el riesgo de nuevas acciones dirigidas a identificar y bloquear activos públicos dentro y fuera de Europa.
Los procedimientos legales en distintas jurisdicciones han supuesto una carga adicional para las finanzas públicas, liberando sentencias adversas y facilitando el acceso de los acreedores a mecanismos de embargo de bienes del Estado. La acumulación de resoluciones judiciales contra España en distintos países refleja la dimensión internacional de la disputa y el impacto de las medidas regulatorias adoptadas sobre la percepción de seguridad jurídica en el ámbito inversor internacional.
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