Juzgan a los seis miembros de una banda que enviaba paquetes con cocaína y hachís desde Sevilla hasta Mallorca

La fiscalía reclama 54 años y medio de cárcel y multas millonarias para seis acusados de integrar una red que presuntamente traficó cocaína y hachís a Mallorca utilizando empresas logísticas y nombres falsos, según fuentes judiciales

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La acusación formal describe una estructura interna detallada, con roles diferenciados y repartidos entre los presuntos miembros de la red, algunos de los cuales utilizando su posición laboral y vínculos familiares para facilitar el tráfico de drogas hacia Mallorca. Según informó Europa Press, el Ministerio Público solicita para los seis procesados penas que en total suman 54 años y medio de prisión y multas que alcanzan los 22 millones de euros, al estimar que todos participaron como supuestos autores de delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

De acuerdo con datos consignados por Europa Press, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha programado la vista oral del caso para celebrarse desde este martes a las 10 horas y continuará hasta el viernes. En el escrito de acusación, que plasma la posición de la fiscalía, se imputa a los seis acusados dedicar esfuerzos coordinados, desde el verano de 2023, a efectuar envíos regulares de cocaína y hachís a través de empresas de paquetería y nombres ficticios. Los paquetes salían desde municipios sevillanos, principalmente Alcalá de Guadaira y Utrera, con destino final en Mallorca.

El relato del fiscal recoge que la banda conformó distintos niveles de responsabilidad. El líder, residente en Alcalá de Guadaira, supervisaba las gestiones principales: decidía cómo y cuándo enviar los estupefacientes, coordinaba con las conocidas como “mulas” —personas encargadas de la distribución final— y gestionaba los beneficios económicos derivados de la venta. Europa Press detalló que, junto al cabecilla, su pareja cumplía un rol logístico vital, adquiriendo billetes de avión de Sevilla a Mallorca para los integrantes responsables del reparto y asignando instrucciones precisas relacionadas con la movilidad y la entrega de la mercancía, así como con la recaudación del dinero producido.

En el organigrama del grupo, otros miembros asumieron tareas de menor rango, pero fundamentales. Dos hombres se encargaban de recibir los paquetes en Mallorca y hacían llegar la droga a los distribuidores en la isla. Otra de las acusadas, madre de una de las mulas y con empleo de portera en un edificio, también recibió varios envíos sirviéndose de su posición. El sexto integrante, radicado en Mallorca, tenía como responsabilidad la distribución final de la droga importada.

Las actuaciones policiales llevadas a cabo por agentes de la Guardia Civil permitieron interceptar un total de tres paquetes que contenían sustancias ilícitas. Dos de esos envíos, destinados a un domicilio de Santa Ponça, en el municipio de Calvià, llevaban 6,9 kilogramos de cocaína; el tercer paquete contenía 140 placas de resina de cannabis con un peso cercano a los cinco kilogramos. Europa Press informó que, tras intervenir ese material, los agentes efectuaron registros domiciliarios en residencias vinculadas a los principales acusados, logrando decomisar en la vivienda del cabecilla y su compañera sentimental 23 gramos de resina de cannabis y cerca de 400 euros en efectivo.

Según especificó Europa Press, el destino de la droga una vez llegada a Mallorca era la venta a terceras personas a través de “mulas” que actuaban como intermediarios en la red de distribución isleña. Las investigaciones reflejan cómo la utilización de empresas logísticas y la confección de rutas alternativas mediante nombres falsos pretendía dificultar la labor policial y judicial. Las pesquisas lograron establecer un patrón de envíos regulares y organizar operaciones para identificar y detener a todos los supuestos integrantes.

Durante la instrucción del caso, la labor de la Guardia Civil se centró en interceptar los envíos y recoger pruebas relacionadas con las actividades de la organización. El fiscal considera que la estructura y el reparto de funciones dentro de la red constituyen indicios claros de la existencia de una organización criminal, agravando la acusación principal por tráfico de estupefacientes. El proceso judicial analizará el grado de implicación de cada uno de los acusados y la existencia de vínculos jerárquicos y logísticos dentro de la presunta banda, de acuerdo con los elementos presentados por el Ministerio Público y recogidos por Europa Press.

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