El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, adelantó que los textos legales que determinan los volúmenes de agua que pueden extraerse quedarán sin efecto hasta septiembre, una medida que busca adaptar la gestión hídrica a las verdaderas limitaciones del sector agrícola. Este anuncio, realizado en un contexto de movilizaciones multitudinarias encabezadas por sindicatos agrarios, es parte de una serie de acciones para rebajar la tensión entre el gobierno y los agricultores, según publicó EFECOM.
El centro de París observó la presencia de 353 tractores frente a la Asamblea Nacional, símbolo de la presión de los sectores rurales. De acuerdo con EFECOM, estos manifestantes trasladaron sus demandas directamente al Ejecutivo, ocasionando que el primer ministro tomara la palabra para responder al creciente malestar por el exceso de trámites administrativos, la inminente firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur y la gestión sanitaria en el ganado.
Lecornu anunció que el Gobierno prepara una nueva ley de apoyo a la agricultura, prevista para ser discutida en Consejo de Ministros en marzo y llevada al Parlamento antes del verano. Paralelamente, el Ejecutivo implementará dos medidas inmediatas para abordar los reclamos del sector: por un lado, pidió a la Comisión Europea que simplifique la normativa medioambiental sobre vertido de nitratos procedentes de la actividad agrícola, una regulación que busca frenar la proliferación de algas perjudiciales para los ecosistemas acuáticos pero que, según el primer ministro, resulta de difícil aplicación por su complejidad.
El jefe de Gobierno francés también informó que impulsará la aprobación de proyectos hidráulicos previamente paralizados por razones ambientales. “Quiero liberar el máximo posible, especialmente todos aquellos que sean a escala humana”, explicó Lecornu, al tiempo que enfatizó que la toma de decisiones sobre la gestión del agua debe considerar el impacto económico de manera clara, de acuerdo con lo consignado por EFECOM.
A esto se suma la declaración de un “plan excepcional” de 300 millones de euros dirigido al sector agrícola, que incluirá incentivos fiscales, según detalló EFECOM. Este fondo busca paliar las dificultades financieras que afrontan los agricultores y evitar que estas dificultades se agraven en los próximos meses en un momento en que muchos del sector expresaron incertidumbre sobre su viabilidad hasta fin de año.
Las medidas, presentadas en el contexto de dos próximos votos de mociones de censura contra el Gobierno —que según EFECOM tienen escasas probabilidades de éxito—, surgen tras la intervención decidida del principal sindicato agrícola, la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA). La organización había solicitado respuestas urgentes y un rechazo claro a la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur, reclamando a la vez un cambio profundo en la política agrícola europea y medidas inmediatas que respondan a la crisis actual.
Rousseau, representante sindical citado por EFECOM, expresó que los trabajadores del campo muestran una fuerte desconfianza hacia las promesas oficiales y demandan que las soluciones anunciadas se tornen concretas en el corto plazo. La situación se mostró tensa frente a la Asamblea Nacional, donde los manifestantes manifestaron opiniones divididas. Algunos consideraron positivas las señales emitidas por Lecornu, mientras que otros juzgaron que los compromisos asumidos siguen siendo insuficientes.
Estas movilizaciones y las decisiones gubernamentales se producen en medio de desafíos para la autoridad francesa, que busca equilibrar el cumplimiento de estándares medioambientales europeos, la estabilidad socioeconómica del sector rural y el mantenimiento de relaciones comerciales internacionales. Según EFECOM, el Ejecutivo transmite la voluntad de buscar consensos y soluciones operativas, en respuesta a la presión sostenida de los sindicatos agrarios y del propio contexto político en el Parlamento.
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