Sumar celebra haber "dejado atrás un modelo de financiación autonómica que era absolutamente caduco y obsoleto"

Durante las declaraciones a medios en Palma, la coordinadora estatal del Movimiento Sumar, Lara Hernández, instó a que los 21.000 millones de euros previstos en la nueva propuesta de financiación autonómica se destinen de manera obligatoria a la mejora directa de los servicios públicos fundamentales en las comunidades autónomas, solicitando además la inclusión de medidas concretas para frenar el dumping fiscal. Hernández planteó que la garantía de que estos fondos refuercen educación y sanidad resulta esencial para el respaldo de su organización a la propuesta de reforma recién presentada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta posición fue expresada por Hernández tras asistir a la primera reunión del grupo coordinador de Sumar en Baleares en 2026, según difundió el medio de comunicación citado.

De acuerdo con lo publicado por los medios, Hernández expresó un balance positivo sobre el impacto económico que supone la inyección de 21.000 millones de euros a nivel autonómico, aludiendo a que este cambio representa el abandono de un modelo anterior al que Sumar califica como anticuado y en desuso. Sin embargo, la líder estatal insistió mediante sus declaraciones en la necesidad de que esta partida presupuestaria quede “absolutamente condicionada” a fortalecer directamente recursos de servicios públicos tales como educación y sanidad. Hernández puntualizó que la medida debe reflejarse en una mejora sistemática tanto en la reducción de listas de espera como en la capacidad asistencial y educativa de las regiones.

Al referirse a la ausencia de políticas específicas para combatir el dumping fiscal en la propuesta actual del Ministerio de Hacienda, Hernández solicitó mecanismos legales y parlamentarios efectivos para evitar que la financiación autonómica termine generando ventajas fiscales para las rentas más altas en determinadas comunidades. “No puede permitirse que representantes públicos sigan generando privilegios fiscales a los ricos y erosionando servicios públicos fundamentales”, declaró, según consigna el medio, advirtiendo contra concesiones tributarias que puedan incrementar la desigualdad y reducir la calidad de servicios esenciales pagados con los impuestos de la ciudadanía.

En su valoración sobre la postura de las autoridades regionales, la portavoz de Sumar criticó las declaraciones del vicepresidente balear Antoni Costa y calificó de “broma” la posibilidad de que Baleares recurra a los tribunales si se la obliga a subir impuestos. Hernández lamentó que parte del debate autonómico pretenda poner obstáculos a la armonización fiscal y reiteró que la organización continuará apoyando el proceso parlamentario de la propuesta mientras se acepten enmiendas que permitan blindar y garantizar el carácter redistributivo y social del nuevo modelo de financiación regional, según informó el medio.

Sumar remarcó que su apoyo a la iniciativa está vinculado a la existencia de “voluntad política” para incorporar enmiendas contra el dumping fiscal en la tramitación parlamentaria. Hernández subrayó que el bloque está dispuesto a votar a favor del nuevo sistema si las modificaciones necesarias aseguran que los fondos se mantengan destinados a educación, salud y otros servicios públicos, según información reportada en los medios. Además, planteó que la organización estará vigilante para que no surja ninguna desviación del objetivo central de la reforma.

Respecto a las reservas de Junts per Cataluña sobre la propuesta, Hernández trasladó la responsabilidad de negociar sobre ese asunto al Gobierno central y a los grupos parlamentarios, señalando que aún quedan etapas de deliberación y ajuste antes de una aprobación final. No obstante, según detalló el medio, la líder de Sumar llamó a Junts per Cataluña a “reflexionar de qué lado están”, especialmente en el marco de la agenda política catalana y sus efectos sobre los intereses materiales de la mayoría de la población. Hernández argumentó que priorizar enfoques plurinacionales por encima de estrategias progresistas podría no reflejar los intereses reales de los trabajadores catalanes, incidiendo en la necesidad de garantizar derechos sociales.

En relación a los vínculos internacionales, Hernández opinó sobre el contexto generado tras el reciente ataque de Estados Unidos a Caracas. Según informó el medio, la portavoz de Sumar instó a que España y sus empresas adopten una posición acorde con la defensa de valores democráticos y el respeto al derecho internacional. Hernández enmarcó su argumentación en la necesidad de evitar la subordinación a lógicas de fuerza impulsadas desde otras potencias, y enfatizó que las Naciones Unidas y los organismos multilaterales deben dirigir el rumbo de la acción internacional. Sumar, manifestó, mantiene la convicción de que el principio de legalidad internacional debe prevalecer sobre los intereses o acciones de líderes específicos de cualquier país.

A propósito de la coyuntura marcada por la administración de Donald Trump en Estados Unidos, Hernández advirtió, siempre según lo reportado por el medio, contra la posibilidad de que decisiones unilaterales subsuman al sistema internacional bajo intereses individuales, reiterando que “la Ley está por encima de las personas, de los individuos concretos que se ponen al frente de los países, que son democráticamente elegidos, por supuesto, pero las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales tienen que marcar el faro y la luz que hay que seguir. Sumar lo tiene claro”.

La comparecencia de Hernández ante los medios reafirmó también la intención de Sumar de incidir con carácter urgente en los procesos legislativos que definirán el destino de la financiación autonómica, orientando la negociación hacia fórmulas legales que frenen el deterioro de servicios públicos y prevengan el establecimiento de privilegios fiscales para sectores de mayores ingresos. El medio señaló que el partido seguirá vigilando estrechamente el avance de los debates y las negociaciones en el Congreso y en las distintas comunidades autónomas para garantizar un reparto equitativo y transparente de los fondos anunciados.