TSJCyL confirma la condena para la acusada de envenenar con una chocolatina con raticida a su exmarido en León en 2020

En noviembre de 2021, a la víctima se le reconoció una incapacidad permanente absoluta a raíz del grave episodio de intoxicación y las secuelas físicas y cognitivas que padeció, un caso que tuvo su origen meses atrás con la ingesta de una chocolatina adulterada con Talio entregada por su exmujer. Tal como publicó Europa Press, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) rechazó la apelación de la condenada y confirmó la sentencia que la declara autora en grado de tentativa de homicidio con la agravante de parentesco, manteniendo la pena de prisión, la retirada de la patria potestad y la obligación de indemnización económica tanto a la víctima como a una aseguradora.

De acuerdo con la información facilitada por Europa Press, la resolución judicial respaldada por el TSJCyL establece que la mujer deberá cumplir doce años y medio de reclusión y permanecerá inhabilitada durante ese periodo, incluyendo la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de su exmarido, así como de comunicarse por cualquier medio con él durante 22 años y medio. La sentencia, emitida el 12 de mayo de 2025, también determina la inhabilitación especial para ejercer la patria potestad respecto a los dos hijos en común, fijando una indemnización de 822.592,85 euros a favor de la víctima, además de los pagos de los gastos médicos no cubiertos y la adecuación de la vivienda familiar, y una indemnización de 152.523,65 euros para la aseguradora Adeslas Segurcaixa.

Según consignó Europa Press, los hechos se remontan a las fechas próximas al 22 de junio de 2020. En ese periodo, la relación entre la condenada y su exmarido, ya finalizada la convivencia de pareja y fracturada por la gestión de las visitas de los hijos comunes, atravesaba un intenso deterioro, con desencuentros recurrentes. La sentencia relata que, con la intención de causar la muerte de su expareja, la autora impregnó una barra de chocolate con una sustancia que contenía una dosis letal de Talio, raticida que ella entregó a uno de sus hijos con instrucciones explícitas de no consumirlo nunca y de entregárselo solo a su padre, a quien debía convencer para que lo comiera. El menor siguió esas órdenes y dio el chocolate a su padre.

Europa Press detalla que, poco después de haber ingerido la chocolatina, el afectado comenzó a experimentar indisposición general, dolor abdominal y sensación de hormigueo en las manos. El cuadro empeoró hasta el día 24 de junio, cuando el hombre requirió atención médica urgentemente por dolor simultáneo en extremidades, lesiones cutáneas y debilidad muscular, además de dolores abdominales. El ingreso se realizó en un centro asistencial, pero, al no mejorar, el 30 de junio ingresó en el Hospital Universitario de León con agravamiento de síntomas: progresión de lesiones en la piel, alteraciones neurológicas y movimientos incontrolados en manos y pies.

Durante la hospitalización, según detalló Europa Press, el paciente ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el 15 de julio de 2020. Presentó insuficiencia respiratoria que requirió intubación y ventilación mecánica. A este cuadro se sumaron complicaciones adicionales, como úlceras en la córnea, pérdida visual progresiva, debilidad muscular severa, lesiones cutáneas descamativas y caída del cabello. Los análisis médicos confirmaron una intoxicación aguda por Talio, con niveles muy por encima del límite tolerado en humanos, con potencial para causar la muerte. Tras múltiples pruebas durante el extenso ingreso, los médicos descartaron otras causas para el grave estado de salud.

El diario Europa Press reportó que el paciente permaneció en la UCI del Complejo Asistencial Universitario de León hasta el 24 de agosto de 2020. Posteriormente pasó a planta de Medicina Interna, aunque se precisaron nuevos ingresos en la UCI por infecciones hospitalarias, colapso pulmonar y nueva insuficiencia respiratoria. El alta hospitalaria se emitió el 22 de enero de 2021. Las secuelas incluyeron polineuropatía mixta axial severa en las cuatro extremidades, atrofia de ambos nervios ópticos y deterioro cognitivo leve a moderado. Además, durante su recuperación requirió consultas especializadas en dermatología, oftalmología (por la ceguera progresiva) y psiquiatría, debido a episodios de confusión, desorientación, agitación y afectaciones cognitivas. El proceso de curación completo tuvo una duración de 705 días y finalmente la Seguridad Social reconoció la incapacidad permanente absoluta a la víctima el 17 de noviembre de 2021.

La sentencia recurrida y confirmada por el TSJCyL, según reflejó Europa Press, analizaba la agravante de parentesco, dado que el delito se dirigió específicamente contra una persona con la que existía una relación familiar previa y dos hijos en común. Además, la condena incorporó la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad sobre ambos menores, así como el pago de cuantiosas indemnizaciones a la víctima y a la aseguradora por los daños y perjuicios causados por el delito.

Respecto a la vía penal, contra la sentencia confirmada por el TSJCyL cabe recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma, para su interposición ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, informó Europa Press.

El medio también reportó que, en un episodio posterior, la misma mujer fue detenida en León el 23 de octubre de 2025, en el contexto de la operación policial 'Lapidem', bajo la acusación de un delito de lesiones graves. Los hechos tuvieron lugar el 15 de agosto de 2025, cuando la víctima fue atacada por sorpresa en la localidad de Jiménez de Jamuz. El hombre denunció que una persona encapuchada y protegida con traje, capucha, gafas y guantes le arrojó un líquido corrosivo, causándole lesiones de gravedad en el rostro, el cuello y otras partes del cuerpo. La agresora no pudo ser identificada en el momento del ataque debido al modo en que ocultó su rostro y sus rasgos.

Europa Press puntualizó que, días más tarde, el entorno de la víctima y algunas entidades oficiales recibieron cartas anónimas con amenazas de muerte. Ante la reiteración de amenazas y el riesgo para la integridad de la víctima, la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil en León asumió la investigación, que concluyó con la detención y el nuevo ingreso en prisión provisional de la exmujer. Además del delito de lesiones, se le atribuyen amenazas de muerte mediante las misivas anónimas y quebrantamiento de las medidas judiciales impuestas.

La información difundida por Europa Press describe la gravedad de los hechos y la persistencia del conflicto entre ambas partes tras sucesivos incidentes violentos y judicialización de la situación, así como la valoración de las circunstancias personales y médicas que derivaron en las decisiones judiciales adoptadas.

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