El PP pide ampliar los supuestos de gastos electorales para incluir la retransmisión de actos o las comidas-mitin

El Grupo Popular propuso incluir gastos relacionados con la retransmisión de actos electorales y la organización de comidas o cenas con militantes dentro del listado oficial de desembolsos de campaña sujetos a fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas. Según informó Europa Press, esta iniciativa forma parte de las propuestas registradas por el PP para la resolución de los informes de fiscalización de las contabilidades electorales correspondientes a las elecciones generales de 2023 y a los comicios europeos de 2024.

De acuerdo con Europa Press, la propuesta busca concretar nuevos conceptos en la lista de gastos electorales reconocidos en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Esta normativa define qué gastos pueden imputarse oficialmente en los procesos electorales e incluye, entre otros, los importes dedicados a la confección de materiales electorales, propaganda, alquiler de locales, remuneraciones del personal de campaña, desplazamientos, intereses de créditos y las necesidades de organización y funcionamiento de oficinas de campaña. El PP propone especificar de manera más detallada rubros hasta ahora menos desarrollados, ampliando la cobertura de la ley sobre las partidas que deben considerarse para el control oficial.

En sus recientes informes, el Tribunal de Cuentas recomendó al Ejecutivo definir con mayor precisión las categorías de gastos a las que hace referencia el citado artículo 130 de la LOREG, y el PP recogió esta sugerencia en sus propias propuestas, según detalló Europa Press. El Grupo Popular plantea que se incluyan como susceptibles de fiscalización la realización y retransmisión de actos proselitistas, los desplazamientos necesarios para la celebración de estos eventos, la organización de comidas y cenas de índole electoral, el suministro de alimentos para interventores y apoderados, así como el alquiler de espacios destinados a su atención y coordinación.

El medio Europa Press especificó que los populares también solicitaron mayor control sobre las facturas relacionadas con operaciones de campaña que supongan un desembolso superior a 10.000 euros, recomendando a los partidos y empresas emisoras que entreguen toda la información necesaria en los plazos exigidos por el Tribunal de Cuentas. Esta medida pretende incrementar la transparencia y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales vinculados al gasto electoral.

Junto a la propuesta del PP, otros grupos parlamentarios también registraron recomendaciones vinculadas a la reforma de la normativa sobre financiación electoral. Europa Press informó que el PSOE planteó modificar la LOREG para dotar de mayor especificidad a las categorías de gastos, tal como sugiere el Tribunal de Cuentas, aunque sin detallar medidas concretas como lo hace el grupo popular. Los socialistas invitaron a los partidos a aprovechar la actual reforma en trámite del régimen electoral para corregir posibles desajustes entre el tope máximo de gasto y el monto de las subvenciones públicas que reciben las candidaturas.

El medio también consignó la postura de Vox, que propuso a la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas que inste al Gobierno a modificar el método para calcular los intereses de créditos de campaña, sugiriendo que el periodo de devengo abarque hasta que la subvención sea pagada por las administraciones públicas. La formación de Santiago Abascal también reclamó la unificación de criterios de fiscalización para todos los procesos electorales y exigió que el informe de fiscalización de las elecciones generales quede disponible en un plazo máximo de seis meses después de la jornada electoral.

La propuesta del PP y las iniciativas paralelas de otros partidos serán sometidas a debate y votación en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, órgano encargado de analizar las recomendaciones y los informes presentados por esta institución. La actualización de los criterios de fiscalización responde a la necesidad detectada de adaptar el marco legal a nuevas realidades en los formatos y actividades de campaña, según detalló Europa Press.

Europa Press recordó que la LOREG define los gastos electorales como aquellos realizados entre la convocatoria de elecciones y la proclamación oficial de los electos, abarcando un abanico de conceptos que, hasta ahora, dejaron sin cobertura explícita los gastos en retransmisión y determinados actos sociales asociados a la movilización partidista. El avance de la tecnología y la diversificación de los formatos de campaña motivaron este tipo de propuestas orientadas a clarificar el uso de los fondos en contextos electorales.

En el ámbito parlamentario, la revisión de los gastos contabilizables en campañas puede incidir tanto en la regulación de la financiación pública de los partidos como en el control de posibles gastos no declarados, asunto objeto de análisis en varios informes del Tribunal de Cuentas. Europa Press subrayó que la propuesta de los populares aspira a integrar todas las modalidades de acto proselitista en la contabilidad oficial y en la posterior fiscalización, reforzando el control sobre los recursos empleados por las formaciones políticas y federaciones durante el periodo electoral.