Un juzgado abre diligencias contra el Ayuntamiento de Murcia por el incendio de una discoteca en 2023 con 13 muertos

El Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha decidido prorrogar hasta el 1 de abril de 2026 el plazo máximo de la investigación principal sobre el incendio que tuvo lugar el 1 de octubre de 2023 en las discotecas ‘Teatre’ y ‘Fonda Milagros’, donde 13 personas perdieron la vida. Esta decisión forma parte de una serie de medidas judiciales que buscan determinar la posible responsabilidad penal, tanto de autoridades políticas como de empleados del Ayuntamiento de Murcia en la gestión y funcionamiento de estos locales antes del siniestro. Según reportó el medio que brindó la información original, la jueza a cargo ha decretado la apertura de diligencias previas con el fin de esclarecer los hechos asociados, centrándose en un presunto delito de prevaricación administrativa.

Tal como informó el medio, la magistrada ha ordenado abrir un procedimiento penal específico e independiente, además de instar a que se deduzca testimonio de las querellas criminales ya presentadas. Con este paso, la investigación judicial suma una nueva vía dedicada exclusivamente a determinar si existieron irregularidades administrativas graves en las decisiones tomadas por altos cargos y funcionarios municipales en relación a la concesión de licencias, los controles de seguridad y la supervisión de las discotecas siniestradas. Según la información publicada, la providencia judicial de este lunes marca que dichas conductas podrían constituir un delito de prevaricación administrativa, un tipo penal que implica la adopción de resoluciones injustas a sabiendas de su ilegalidad por parte de responsables públicos.

El abogado José Manuel Muñoz Ortín, representante de familias de varias víctimas del incendio, resaltó ante los medios que la decisión judicial representa un avance importante para los afectados. En declaraciones recogidas por el medio, Muñoz Ortín señaló que la apertura de diligencias previas permite profundizar sobre el alcance de las responsabilidades, incluyendo las de índole institucional, y facilita el análisis sobre si la actuación de la administración municipal respetó las obligaciones legales en materia de control y protección de la seguridad ciudadana.

El mismo medio detalló que la instrucción penal se bifurca ahora en dos procedimientos: uno general que busca esclarecer las causas, los responsables y las circunstancias del incendio, y otro enfocado expresamente en las posibles irregularidades administrativas dentro del Ayuntamiento de Murcia. La investigación, por tanto, supera el ámbito técnico relacionado con la seguridad estructural de los locales y se adentra en la supervisión efectiva que debieron ejercer las autoridades sobre el funcionamiento de las discotecas.

La prórroga de la instrucción hasta abril de 2026, informada por el medio, responde a la complejidad del caso. El volumen de pruebas, testimonios y documentos administrativos obliga a ampliar los plazos para el análisis judicial, especialmente después de que las familias de las víctimas y sus representantes legales presentaran querellas que apuntan no solo a propietarios de los locales, sino también a quienes, desde la administración, tenían responsabilidades de control y autorización.

De acuerdo con lo publicado, la jueza instructora fundamentó la apertura de diligencias previas en la necesidad de evitar dilaciones y que los hechos relacionados con presunta prevaricación administrativa cuenten con una investigación autónoma. En paralelo, la causa principal continuará centrada en aspectos técnicos, causas del incendio, gestión de emergencias, permisos y condiciones de los establecimientos.

La investigación que instruye el Juzgado número 3 de Murcia mantiene así abiertas varias líneas de actuación, abarcando no solo los posibles fallos en la infraestructura o el equipamiento de las discotecas, sino también las actuaciones levadas a cabo por el Ayuntamiento de Murcia antes y después del siniestro. Este enfoque dual pretende dar una respuesta integral a las víctimas y esclarecer si se produjeron incumplimientos legales desde la administración, de acuerdo con la información consignada por el medio.

Entre las acciones judiciales detalladas se incluye el examen de todas las querellas criminales interpuestas hasta la fecha, que señalan posibles delitos en la tramitación de licencias, ausencia de inspecciones y falta de respuestas a alertas que habrían podido evitar la tragedia. Fuentes jurídicas consultadas por el citado medio indicaron que la decisión de la jueza busca garantizar que el conjunto de hechos, y no solo un aspecto parcial de los mismos, sea objeto de análisis exhaustivo antes de que se agoten los plazos legales máximos para la instrucción.

La reacción de los familiares de las víctimas, recogida por el medio, subraya que consideran la medida como un avance hacia el reconocimiento de las responsabilidades institucionales, ya que hasta ahora la investigación se centraba principalmente en los responsables directos de la discoteca. Al ampliarse el objeto de análisis hacia los procedimientos, controles y resoluciones administrativas, la causa aborda ahora el posible papel de las autoridades locales en la cadena de sucesos que desembocó en el incendio y sus consecuencias fatales.

En síntesis, la decisión anunciada este lunes por la magistrada del Juzgado número 3 de Murcia, según informó el medio, abre una nueva etapa en la investigación judicial. Con ello se busca determinar si altos cargos y empleados municipales incurrieron en irregularidades al permitir el funcionamiento de las discotecas, al tiempo que se extiende la instrucción principal sobre el incendio hasta abril de 2026, en un proceso que continuará acumulando pruebas y testimonios sobre lo ocurrido.