El Gobierno aprueba en primera vuelta reforzar condenas a empresas por corrupción y más controles a los partidos

La reducción del umbral para la publicación obligatoria de donaciones a partidos y fundaciones desde 25.000 euros hasta 2.500 euros marca una de las novedades más significativas en el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. Según informó el medio de comunicación, el Consejo de Ministros aprobó este martes en primera vuelta un extenso paquete de 84 disposiciones destinadas a reforzar los mecanismos de lucha contra la corrupción en España. Estas propuestas, parte de un compromiso anunciado previamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, surgen tras la crisis vinculada a la presunta implicación del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán en un caso de corrupción.

Según detalló la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Ministros, la iniciativa legislativa afecta a 18 textos normativos y busca abarcar de forma integral el ciclo de la corrupción en el ámbito público y empresarial. La nueva normativa incluye medidas dirigidas a aumentar el control y la transparencia en la financiación de partidos políticos, así como a endurecer las consecuencias para las organizaciones empresariales involucradas en delitos económicos.

De acuerdo con lo publicado, una de las principales modificaciones será la obligación de los partidos políticos de hacer públicas las donaciones recibidas a partir de 2.500 euros. Previamente, ese umbral se encontraba en 25.000 euros. Las formaciones políticas estarán también obligadas a encargar auditorías externas e independientes de sus cuentas, y el incumplimiento de esta disposición podrá suponer una infracción calificada como “grave o muy grave”. En estos casos, la multa correspondiente ascenderá al doble del importe de la donación no publicada.

El paquete legislativo incorpora también el refuerzo de sanciones para empresas condenadas por prácticas corruptas. Según reportó el medio, el registro de las empresas con prohibiciones para contratar con la administración pasará a ser público y la pena máxima de inhabilitación aumentará de 15 a 20 años. Durante ese periodo, además, las empresas quedarían excluidas del acceso a subvenciones y a beneficios fiscales.

El nuevo anteproyecto prevé la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, que asumirá las funciones de organismos actualmente dispersos como la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Esta agencia se encargará de coordinar en el país la defensa de los intereses financieros de la Unión Europea y la lucha contra el fraude que pueda afectar los fondos europeos gestionados en España.

El endurecimiento de la normativa también alcanza los plazos de prescripción de los delitos de corrupción, que pasarán de cinco a siete años, lo que permitirá ampliar el tiempo disponible para que los investigadores puedan abordar casos considerados “complejos”. La vicepresidenta Montero subrayó, según el medio, que esta ampliación permitirá evitar la impunidad derivada de la prescripción de los delitos.

Con el objetivo de dificultar la ocultación de bienes obtenidos ilícitamente, el Gobierno pretende reforzar las capacidades de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, facilitando el embargo de bienes desde el inicio de las pesquisas. Entre las novedades previstas figura la incorporación de la figura del “decomiso sin condena”, así como el decomiso de bienes de riqueza no justificada, ambos respaldados por garantías judiciales y siguiendo una transposición de la normativa europea relativa a la recuperación y decomiso de activos derivados del crimen.

El uso compartido de información y el cruce automático de datos también forman parte de la estrategia para identificar prácticas corruptas. Según confirmó la fuente, se potenciará la conexión entre bases de datos públicas y se ampliará la utilización de la herramienta Minerva, que permite detectar automáticamente posibles conflictos de intereses. Además, la modernización tecnológica de la Plataforma de Contratación del Sector Público y de la Base Nacional de Datos de Subvenciones incorporará herramientas de análisis avanzado y aplicaciones basadas en inteligencia artificial para mejorar la detección y supervisión de irregularidades.

Respecto a los apoyos parlamentarios para sacar adelante estas reformas, María Jesús Montero manifestó su confianza en la viabilidad política de la nueva agencia independiente. Como indicó en el contacto con los medios, existe, según sus palabras, “unanimidad entre las formaciones con representación parlamentaria para crear este nuevo organismo”, tal como se reflejó en la ronda de contactos mantenida con los distintos grupos sobre las iniciativas anticorrupción.

En el calendario gubernamental, el siguiente paso será la aprobación definitiva del anteproyecto en una segunda vuelta en el Consejo de Ministros, prevista para el primer trimestre del año, antes del periodo vacacional de Semana Santa. Así lo informó el medio, que subraya que el Gobierno aspira a dar inicio a la tramitación parlamentaria inmediatamente después. La ambición del Ejecutivo es que la Agencia Independiente de Integridad Pública y el resto de las medidas estén en vigor antes de que concluya la actual legislatura en 2027.