La ministra de Defensa, Sandra Lazo, notificó recientemente a los medios que el Estado uruguayo no realizará más pagos al astillero Cardama, con sede en Vigo, mientras continúe el proceso judicial relacionado con la denuncia presentada contra la empresa. El contrato, que implicaba la adquisición de dos patrulleros oceánicos por un monto de 92 millones de dólares (alrededor de 78 millones de euros), quedó suspendido tras una serie de investigaciones sobre posibles irregularidades en las garantías aportadas por la compañía proveedora.
De acuerdo con la información publicada por El País y confirmada por EFECOM, Cardama entregó formalmente al Ministerio de Defensa de Uruguay la notificación de que se ha fijado una audiencia de conciliación para el 16 de marzo. Los representantes legales del astillero comparecieron en la sede de la cartera de Defensa y comunicaron a la ministra Lazo la disposición de Cardama para iniciar una demanda contra el Estado, en respuesta al proceso judicial que Uruguay emprendió previamente contra la firma. El medio El País explicó que, de acuerdo a la normativa uruguaya, es obligatorio solicitar una audiencia de conciliación antes de proceder con una demanda formal, con el objetivo de buscar una resolución entre las partes involucradas.
El conflicto surgió tras la firma del contrato el 15 de diciembre de 2023, bajo la administración del expresidente Luis Lacalle Pou, cuando el gobierno uruguayo acordó la compra de dos buques de patrullaje oceánico a Cardama. Según EFECOM, este acuerdo incluyó garantías de parte de la empresa EuroCommerce. Posteriormente, bajo la administración encabezada por Yamandú Orsi, se declaró la rescisión del contrato el 22 de octubre, al constatar que EuroCommerce, la encargada de ofrecer el aval correspondiente, se encontraba formalmente en proceso de liquidación.
Tras esta verificación, el presidente Orsi manifestó la existencia de indicios de “una estafa o un fraude al Estado uruguayo” y ordenó el inicio de acciones judiciales. Dos días después de ese anuncio, el gobierno presentó una denuncia ante la Justicia Penal, denuncia que luego se amplió con nuevos datos, según consignó El País y confirmó EFECOM.
El pasado lunes, la ministra Lazo reiteró ante la prensa que la Presidencia amplió la denuncia judicial contra Cardama, y que actualmente el gobierno mantiene los mecanismos contractuales “en stand by”. Las gestiones relacionadas con el contrato original y los desembolsos asociados quedarán pendientes hasta que la justicia decida sobre el caso en curso. Únicamente se liberarían nuevos fondos si Cardama cumple con hitos estipulados contractualmente, como la instalación de los motores de los patrulleros, informó EFECOM.
La audiencia de conciliación del 16 de marzo representa un paso formal en el marco legal uruguayo, permitiendo a las partes buscar una solución antes del inicio efectivo del litigio. Cardama confirmó su disposición a contestar judicialmente la denuncia y a avanzar con procedimientos legales si la conciliación no ofrece una solución favorable. Según reportó el medio El País, la notificación presentada por la empresa gallega es un requisito que antecede a cualquier demanda, en línea con los procedimientos vigentes en Uruguay.
El origen del litigio se vincula estrechamente con las garantías económicas que debían respaldar el acuerdo de compra. Una vez que el Estado constató que la empresa avalista se encontraba en proceso de disolución, el Ejecutivo consideró nula la cobertura financiera, lo cual fue interpretado como una señal de posible perjuicio patrimonial para el país.
El monto comprometido en la operación ascendía a 92 millones de dólares por ambas embarcaciones. De acuerdo con EFECOM, la suspensión del contrato afecta la modernización y equipamiento de la Armada Nacional uruguaya. El gobierno ha insistido en que, de comprobarse la existencia de fraude, se buscará resarcir los daños al Estado y que la investigación penal seguirá su curso independientemente del proceso de conciliación iniciado tras la notificación de Cardama.
Las actuaciones están enmarcadas bajo supervisión judicial y administrativa, con participación de equipos jurídicos de ambas partes. El desarrollo de este proceso judicial se produce en un contexto de vigilancia sobre la transparencia en las contrataciones del Estado uruguayo, destacó El País en su cobertura.
Además, la estrategia procesal del gobierno de Orsi se apoya en mantener inmovilizados los fondos relacionados con el contrato hasta la resolución definitiva de la justicia. Se pone especial atención a la verificación y cumplimiento de cada uno de los compromisos contractuales, los cuales determinarán eventuales soluciones técnicas o económicas. Solo si Cardama demuestra avances concretos, como la ya mencionada instalación de motores, el gobierno consideraría la posibilidad de retomar los pagos.
Mientras tanto, tanto las autoridades uruguayas como los representantes de Cardama se preparan para la fase conciliatoria judicial, que según la legislación uruguaya, tiene como objetivo último evitar un litigio prolongado y abierto. El resultado de la audiencia del 16 de marzo podría determinar la continuación del conflicto en los tribunales o la búsqueda de algún acuerdo extrajudicial, según lo publicado por EFECOM y el periódico El País.
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