El Supremo confirma 11 años de cárcel a una mujer por prostituir a su hija y 10 al hombre que pagó por sexo con la menor

Los documentos firmados por madre e hija, aceptando sumas de dinero entregadas por el hombre implicado con el objetivo de que la menor accediera a mantener relaciones sexuales, constituyeron una de las evidencias centrales en el proceso judicial, según el análisis realizado por el Tribunal Supremo. A partir de estos elementos, el máximo órgano judicial ratificó la condena a 11 años y 11 meses de prisión para la madre y a 10 años para el hombre, que pagó por sexo con la menor de edad. Así lo reportó Europa Press tras acceder a la sentencia emitida por la Sala de lo Penal, que decidió desestimar los recursos interpuestos por ambos contra las condenas previas dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha había determinado, además de las penas de prisión, que la madre cumpliera 10 años de libertad vigilada y que se le impidiera acercarse a su hija durante 18 años, por sendos delitos de agresión sexual y corrupción de menores. Estas mismas figuras delictivas fundamentaron la condena impuesta al hombre. Los hechos confirmados en la resolución indican que, a partir de 2020, el acusado mantuvo por primera vez relaciones sexuales con la víctima cuando esta tenía 13 años, con pleno conocimiento de su edad. El hombre llegó a pagar hasta 6.000 euros a la madre en concepto de contraprestación, habiéndose repetido los encuentros en diversas ocasiones en los dos años posteriores. Según la información recopilada por Europa Press, la sentencia detalla pagos en efectivo, que ascendieron, en total, a montos de 1.000, 20, 50 y 200 euros distribuidos entre la madre y la hija.

El alto tribunal consideró probada la culpabilidad de la madre tras evaluar tanto las declaraciones extrajudiciales de la menor —grabadas en soporte videográfico— como los testimonios de quienes estuvieron presentes cuando la víctima narró los hechos. Europa Press consignó que uno de los testigos, presente en una conversación grabada en la que la menor relató espontáneamente lo sucedido después de una discusión con su madre, expuso en el juicio que dicho relato coincidía con el video presentado como prueba. El tribunal también sumó a los elementos probatorios la declaración de una vecina de la familia, quien tras escuchar la conversación grabada, llamó a la madre para recriminarle su conducta, reconociendo ésta que efectivamente estaba prostituyendo a su hija.

En relación con la situación personal de la madre, los magistrados señalaron que presentaba un diagnóstico de trastorno ansioso-depresivo, atribuido a experiencias previas de violencia de género. Sin embargo, la Sala puntualizó que, en ausencia de otras pruebas, este cuadro clínico no permitía inferir que la mujer fuera incapaz de comprender la ilicitud de sus actos en lo referente al sometimiento de su hija a situaciones de explotación sexual.

La documentación aportada incluyó los recibos firmados por madre e hija que indicaban la entrega de la menor al coacusado, así como la autorización explícita para que el hombre mantuviera relaciones sexuales con la joven. Europa Press indicó que los magistrados otorgaron un peso relevante a esta prueba documental, junto con las ratificaciones de los testigos y las imágenes aportadas.

Según la sentencia examinada por Europa Press, se estableció que la madre no solo omitió actuar para impedir los abusos cometidos contra la menor por parte del acusado, sino que además autorizó y facilitó estos episodios, contribuyendo a la repetición de los hechos durante un periodo de al menos dos años. Los magistrados también destacaron que la madre reconoció explícitamente su participación en los delitos, mencionando que había vendido la virginidad de su hija, y que tanto ella como la menor firmaban los recibos que documentaban la entrega del dinero.

El Supremo subrayó que todas estas evidencias construyeron una estructura probatoria sólida, configurando tanto la agravante de reincidencia en la actuación del acusado como la gravedad de los delitos cometidos por la progenitora. El medio Europa Press detalló que los recursos planteados por las partes no lograron debilitar la contundencia del conjunto de pruebas, motivo por el cual el alto tribunal consideró justificada la ratificación de las condenas iniciales.

En el dictamen, los jueces indicaron que la actuación de la madre se producía no solo mediante la omisión de protección, sino a través de la autorización expresa y la colaboración activa en la explotación de la menor, figura central de los delitos de agresión sexual y corrupción de menores que sustentaron la acusación y posterior condena. Europa Press puntualizó que, tras la confirmación del fallo, quedarán firmes las penas de prisión, libertad vigilada y alejamiento respecto a la hija, dispuestas previamente por la justicia de Castilla-La Mancha.

La sentencia del Tribunal Supremo, difundida por Europa Press, reflejó que se reconoció la autenticidad y veracidad de los recibos firmados como parte del acuerdo entre madre, hija y el coacusado en las sucesivas entregas de dinero a cambio de los actos sexuales con la menor. Esta certificación documental reforzó la imputación de ambos procesados, al quedar acreditada la mecánica y constancia de tales entregas económicas.

El alto tribunal reseñó que la presencia de declaraciones coincidentes en video, los testimonios presenciales y las conversaciones grabadas ayudaron a definir de manera inequívoca la dinámica de los hechos, así como la ausencia de impedimentos psicológicos relevantes en la madre para valorar la ilicitud de su proceder. Finalmente, según informó Europa Press, la resolución judicial del Tribunal Supremo constituye el cierre definitivo del proceso, consolidando las condenas por la gravedad de los hechos y por el impacto de las pruebas aportadas durante la instrucción y el juicio.