La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha remarcado que su campaña de ayuda económica a Álvaro García Ortiz surge como una muestra de compañerismo entre colegas de la carrera fiscal, todos ellos comprometidos con el servicio público y el Estado de derecho. La asociación reiteró, según consignó Europa Press, que la decisión de aportar fondos para cubrir la multa y la indemnización impuesta a García Ortiz responde exclusivamente a la voluntad personal de sus integrantes y no a una imposición o mandato colectivo. De acuerdo a la nota de prensa emitida por la UPF, la medida busca tender un apoyo en solidaridad profesional y humana ante las consecuencias personales y familiares derivadas de la sanción penal.
La UPF detalló, según informó Europa Press, que la intención de la campaña es facilitar los medios para cubrir las obligaciones económicas que enfrentará el ex fiscal general del Estado. La sanción, dictada por el Tribunal Supremo, obliga a García Ortiz a pagar una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros. Además de la sanción económica, el fallo del Supremo conlleva dos años de inhabilitación y se basa en la revelación de secretos relativos a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De acuerdo con el comunicado, la iniciativa se encuentra circunscrita a los socios y socias de la UPF y mantiene un carácter estrictamente voluntario.
En su posicionamiento, la UPF sostuvo que, aunque continúan activándose y se seguirán empleando vías legales para revertir lo que califican como una condena injusta, consideran necesario prestar apoyo ante el impacto de las consecuencias personales provocadas por la sentencia. Según ha divulgado el medio Europa Press, la asociación enfatizó que no existe una motivación corporativa o económica detrás de esta acción, sino un acto libre basado en la solidaridad entre profesionales.
La UPF, según publicó Europa Press, enfatizó en su defensa de la inocencia de García Ortiz desde los primeros momentos del proceso, y afirmó que persistirá en ese respaldo en todos los ámbitos jurídicos e institucionales. El comunicado subraya que la actuación del ex fiscal general tuvo como finalidad preservar la dignidad del Ministerio Fiscal. De igual forma, la organización remarca la naturaleza constitucional de las funciones que desempeñan los integrantes de la Fiscalía y encuentra en esta campaña una manera de expresar el apoyo colectivo.
Según lo difundido por Europa Press, la asociación también impulsó una campaña de recogida de firmas para solicitar el indulto de García Ortiz, considerando que se trata de una necesidad vinculada a la democracia. Esta iniciativa ya ha reunido más de 15.000 apoyos. Los organizadores sostienen que ambas acciones, tanto la recaudación económica como la recogida de firmas, forman parte del acompañamiento de la UPF ante la situación judicial y personal del ex fiscal general.
El Tribunal Supremo ordenó el 12 de diciembre la puesta en marcha de la ejecución de la sentencia contra García Ortiz, estableciendo el pago de las cantidades especificadas en la cuenta de depósitos y consignaciones del Tribunal Supremo. Según informa Europa Press, esta resolución se remitió también a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, adjuntando copia del fallo judicial y de la sentencia a los fines pertinentes.
García Ortiz presentó su renuncia el 24 de noviembre, pocos días después de conocerse el sentido del fallo, que fue adelantado sin que se hubiera redactado definitivamente la sentencia, debido a temores por posibles filtraciones. La salida formal del cargo se oficializó el 9 de diciembre, momento en el que Teresa Peramato, reconocida por su trabajo en violencia de género, asumió la función de fiscal general del Estado.
Fuentes fiscales citadas por Europa Press sostienen que la Inspección Fiscal tendrá la tarea de determinar el impacto que la sentencia pueda tener sobre el estatus profesional de García Ortiz dentro de la carrera fiscal, una cuestión que permanecerá abierta hasta que se definan los efectos legales definitivos de la condena.
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