Justicia acuerda con CCAA que la última fase de implantación de los tribunales de instancia comience el 31 de diciembre

La puesta en marcha de las oficinas judiciales que respaldarán técnicamente a los tribunales de instancia en las grandes ciudades de España incluye una excepción para Oviedo, Gijón y Avilés, donde la implantación se producirá el 15 de febrero, “con el fin de permitir a estos partidos judiciales llevar a cabo los últimos ajustes técnicos”, según informó el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esta fecha particular contrasta con el calendario general pactado para el resto del país, donde la entrada en funcionamiento ha sido fijada para el 31 de diciembre.

Según el comunicado recogido por el Ministerio tras la Conferencia Sectorial de Justicia, celebrada de manera telemática este lunes, la última fase para la constitución de los tribunales de instancia comenzará a finales de año, respetando el cronograma previsto. El acuerdo “por unanimidad” alcanzado entre el Gobierno central y las comunidades autónomas contará con “cierta flexibilidad” en función de las necesidades organizativas y volumen de trabajo de cada partido judicial, lo que permitirá una implantación gradual allí donde se considere oportuno. De acuerdo con la información difundida, la puesta en servicio abarcará un centenar de órganos judiciales distribuidos en los principales partidos judiciales del país, incluidos Barcelona, Madrid, Palma y Zaragoza.

La coordinación entre el Ministerio, encabezado por Félix Bolaños, y las comunidades autónomas con competencias transferidas contempla la posibilidad de que, en caso de requerirlo, se pueda solicitar una “prórroga breve” en la culminación de esta tercera etapa de desarrollo de los tribunales de instancia. El medio oficial detalló que este mecanismo ya había sido adelantado el pasado 12 de diciembre, cuando se convocó la Conferencia Sectorial, como medida de apoyo para aquellos territorios que encuentren dificultades técnicas o logísticas en el proceso.

La estructura de los nuevos tribunales de instancia y su despliegue gradual forman parte del marco normativo de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, en vigor desde el pasado mes de abril. Según los datos del Ministerio recogidos en la nota citada por la prensa oficial, más de 300 órganos similares han comenzado a operar “sin incidencias destacables” desde la entrada en vigor de la ley.

En cuanto al impacto operativo de los tribunales de instancia, el Ministerio informó sobre mejoras notables en la agilización del proceso judicial. Un análisis de los datos aportados por los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia evidencia avances en la reducción de las ejecuciones pendientes de admisión: Andalucía ha registrado una disminución del 69%, Castilla-La Mancha del 55%, Cataluña y la Comunidad Valenciana del 27% y Murcia del 15%. El cálculo promedio entre las comunidades observadas señala una reducción del 30% en estas ejecuciones, lo cual pone de manifiesto mejoras en la eficiencia desde la puesta en vigor de la reforma, según reportó el Ministerio.

El medio oficial especificó también que el presupuesto destinado por el Ministerio para la reforma judicial supera los 325 millones de euros, cifra procedente de fondos europeos, y se distribuye en 12 comunidades autónomas que gestionan la administración de justicia por transferencia de competencias. Esta financiación sostiene tanto la creación de tribunales de instancia como la modernización de oficinas judiciales asociadas, aspectos centrales en el avance hacia un servicio público más eficiente y adaptado a las necesidades de grandes núcleos urbanos.

Estas transformaciones forman parte de una estrategia más amplia de modernización del sistema judicial en España, que, según el Ministerio de Justicia, incluye la renovación organizativa, la mejora de las infraestructuras técnicas y la optimización de los recursos humanos asignados a los órganos jurisdiccionales. La continuidad y estabilidad en la implantación progresiva de los tribunales de instancia refuerza los planes del Gobierno para aumentar la respuesta judicial ante la elevada carga de casos en determinados partidos judiciales.

El proceso de implantación, según detalló el Ministerio, se produce en un contexto de colaboración entre el Ejecutivo central y las autoridades autonómicas, remarcando la necesidad de articular procedimientos flexibles que se adapten a las particularidades de cada demarcación, así como el compromiso de mantener el apoyo financiero y técnico durante todo el proceso.

Tal como ha consignado el Ministerio en su comunicación, el clima de trabajo en la Conferencia Sectorial se caracterizó por la cordialidad y el consenso, lo que facilitó los acuerdos unánimes alcanzados tanto en el calendario de implementación como en la articulación de excepciones y mecanismos de flexibilidad. Para los partidos judiciales que presenten circunstancias específicas, la gradualidad en la entrada en funcionamiento de los equipos judiciales pretende asegurar que la reforma se ajuste a la realidad operativa de cada territorio, evitando disrupciones y optimizando el rendimiento institucional.

La nota de prensa difundida tras la reunión subrayó que la culminación de la tercera y última fase en la implantación de los tribunales de instancia supondrá una consolidación decisiva en el proceso de modernización judicial. Según publicó el Ministerio, la articulación efectiva entre los distintos niveles de administración y la disponibilidad de los recursos económicos asignados han permitido avanzar hacia un modelo judicial más eficiente y coordinado, especialmente destacado en los mayores partidos judiciales del país.