El investigado por el crimen del niño de Garrucha (Almería) aporta audios para alegar que hubo "curanderismo"

Una serie de comunicaciones familiares entre distintos países sirvió de base para la nueva estrategia procesal en el caso del menor fallecido en Garrucha, Almería. Según reportó el medio que cubre la noticia, la defensa de Juan David R.C. entregó al tribunal responsable de la instrucción un conjunto de 22 archivos de audio y sus transcripciones íntegras, acompañados por mensajes y videollamadas efectuados con abuelos del niño que residen en Colombia, Venezuela y Guadalajara. Con estos elementos, los abogados intentan convencer a la Sección Civil y de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Vera de que la familia mantuvo una comunicación permanente y abierta sobre el estado crítico del menor y descartan cualquier intento deliberado de ocultamiento o intención criminal en las circunstancias asociadas a la muerte.

De acuerdo con la información publicada, el despacho Mchm Abogados, representante del principal sospechoso, adoptó esta vía para respaldar que la muerte del niño, ocurrida el 3 de diciembre pasado, obedeció a una combinación de prácticas tradicionales, errores en la gestión doméstica de la crisis sanitaria y decisiones influenciadas por el desconocimiento. El medio detalló que las grabaciones recogen distintas interacciones en las que el menor se dirigía al acusado como “papá”, mostrando un vínculo familiar que, según la defensa, no presenta señales de maltrato o violencia intrafamiliar. Los letrados Manuel Martínez Amate y Diego Ricardo Molinari argumentan que estos registros demuestran la existencia de una preocupación familiar por la evolución del cuadro clínico y refuerzan la ausencia de conductas dolosas.

En las comunicaciones aportadas, la familia discutía abiertamente sobre los síntomas y el deterioro del menor, remitiendo imágenes de sus lesiones en tiempo real a los abuelos, informaron los abogados al medio. Estas pruebas, según los letrados, refuerzan la hipótesis de que no existió clandestinidad sino una actuación determinada por el entorno familiar y cultural. La defensa sostiene que la actitud de los adultos respondió al desconocimiento, la superstición y la adopción de remedios caseros, en contraposición al enfoque científico y profesional que requería la gravedad de los síntomas del niño.

Tal como publicó el medio, en los audios entregados al tribunal, los familiares narran el uso de prácticas consideradas propias del “curanderismo”, entre ellas el “sobado”, que consiste en un masaje abdominal practicado por personas sin formación médica para aliviar molestias. La defensa sostiene que estas maniobras tradicionales, repetidas en varias ocasiones debido a los continuos dolores, pudieron haber causado lesiones hepáticas graves, recogidas posteriormente en la autopsia preliminar.

Según reportó el medio, a lo largo de las grabaciones y transcripciones presentadas al tribunal se relata también el empleo de “tomitas” de agua bendita y la administración de fórmulas caseras frente al malestar del niño, además de la utilización de alimentos poco adecuados, como “pan con salchichas”, pese a que el niño presentaba dolor abdominal y manifestaciones compatibles con daño hepático. La defensa apunta que la combinación de automedicación, el uso de medicamentos como ibuprofeno sin supervisión y la consulta a internet en reemplazo de atención médica presencial intensificaron el cuadro clínico, que concluyó en una hemorragia interna fatal.

El medio consignó que la defensa centró su argumentación en que tanto la madre del niño como su pareja habrían acudido a estas soluciones por desconocimiento, sin conciencia del riesgo, y siempre compartiendo la evolución del estado del menor con los familiares en el extranjero mediante llamadas y videollamadas. Los abogados declaran que los consejos y opiniones aportados por los abuelos durante las comunicaciones contribuyeron a la validación de los métodos aplicados en el entorno doméstico, enfatizando la inexistencia de dolo o encubrimiento.

Estas circunstancias contrastan, según señala la publicación, con las conclusiones iniciales de la autopsia elaborada tras el fallecimiento, la cual apuntó la posibilidad de maltrato y agresión sexual. Frente a este informe, la defensa alega la existencia de síntomas previos de dolor y lesiones, argumentando que las intervenciones con base en creencias populares propiciaron el desenlace trágico por la incapacidad de identificar los indicios de una sepsis y la consecuente pérdida de oportunidad de recibir asistencia sanitaria adecuada.

El despacho jurídico promueve que la instrucción reconsidere la calificación jurídica de los hechos y los circunscriba a un supuesto de imprudencia, fundada en la negligencia compartida y la influencia de costumbres culturales, en vez de tipificarlos como homicidio doloso. Los letrados trasladaron al tribunal la petición de descartar la acusación de asesinato, aludiendo que las grabaciones y la interacción familiar evidencian un contexto de ignorancia y mala gestión, más que de violencia intencionada, según reflejó la cobertura del medio.

El medio informó que, con la entrega de los 22 archivos de audio, la defensa busca que el proceso tome en consideración los elementos de contexto sociocultural y familiar, aportando las conversaciones y archivos multimedia como soporte de su versión de los hechos. Este material, según la defensa, prueba que las decisiones y actuaciones de los adultos fueron compartidas y validadas por el entorno familiar, tanto en España como en el extranjero, lo que para los abogados refuerza su teoría sobre la inexistencia de un acto deliberado que diera lugar al fallecimiento del menor.