El Gobierno crea un órgano para desarrollar el Plan de Memoria, integrado por entidades, patronal y sindicatos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido este lunes la constitución del Consejo de la Memoria Democrática, órgano colegiado consultivo para el seguimiento del plan plurianual de búsqueda, localización, exhumación e identificación, y que estará integrado por asociaciones memorialistas, patronal, sindicatos y los abogados Baltasar Garzón y Cristina Almeida, entre otros.

Según ha informado el Ministerio que dirige Ángel Víctor Torres, este órgano tiene entre sus funciones informar el proyecto del Plan de Memoria Democrática, así como comunicar las propuestas de disposiciones reglamentarias relacionadas con el desarrollo de la Ley.

También se encargará de elaborar informes y recomendaciones sobre la política de memoria democrática y valorar y emitir dictamen sobre medidas que contribuyan a la consecución de los objetivos de la Ley de Memoria Democrática a través de la actuación de entidades memorialistas, así como sobre las subvenciones y ayudas que anualmente convoque a esos fines la Administración General del Estado (AGE).

El ministro Torres ha agradecido a todos los miembros su trabajo y su predisposición para "divulgar el valor de la Memoria Democrática, la dignidad de las víctimas y dar garantías de no repetición". "Es fundamental que la sociedad conozca cómo se logró la democracia y que se pongan en valor los derechos de los que hoy disfrutamos frente a la dictadura que nos sumió 40 años en un régimen totalitario y de ausencia de libertades", ha remarcado.

SIN RETRIBUCIÓN

El Gobierno destaca que las personas que integran el Consejo, que no percibirán retribución alguna por el ejercicio de sus funciones ni por asistencia a reuniones, podrán acceder a archivos y fondos documentales, tanto públicos como privados, de acuerdo con la normativa vigente.

Preside el Consejo el titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con las funciones de convocar las sesiones; fijar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros; presidir las sesiones y moderar el desarrollo de los debates; dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos; y asegurar el cumplimiento de las leyes y visar actas y certificaciones de las reuniones.

El Consejo se reunirá con carácter ordinario semestralmente y con carácter extraordinario cuando lo convoque la Presidencia por propia iniciativa o a solicitud de un tercio de las personas que integran el Consejo.

¿QUIÉN INTEGRA EL CONSEJO?

Las personas que forman parte de este órgano tienen entre sus funciones recibir la convocatoria con el orden del día y la información sobre los temas a debatir; solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día; participar en los debates de las sesiones; ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto.

Además de Torres, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, será el encargado de la vicepresidencia. Luego habrá vocales en representación de distintos ministerios, así como el titular de la Dirección del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y el titular de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática.

También estarán representados hasta diez asociaciones memoralistas de distinta índole, "profesionales de reconocido prestigio que se hayan distinguido por sus actividades en el campo de la recuperación de la memoria democrática"; representantes sindicales y de la CEOE y CEPYME y una secretaria.

UNA COMISIÓN DENTRO DEL CONEJO

Según ha informado el Gobierno, se constituirá la Comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la dictadura, en el seno del Consejo, cuya finalidad será contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la dictadura, como forma de favorecer la convivencia democrática, mediante la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos y otros antecedentes que permitan, con objetividad e imparcialidad, la elaboración de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas y evitar que tales hechos vuelvan a repetirse en el futuro.

La Comisión estará integrada por un máximo de diez personas independientes y de reconocido prestigio en el mundo académico o profesional y en el ámbito de los derechos humanos. Su designación corresponde al Consejo, mediante acuerdo adoptado por mayoría de al menos tres quintos. En su elección habrá de tenerse en cuenta perfiles de acreditada solvencia profesional en ámbitos académicos, jurídicos y científicos, así como el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

En el mismo acuerdo, el Consejo, designará, de entre los miembros de la Comisión, a quien ejerza la Presidencia, que realizará una labor coordinadora de la actuación de todas las personas que la integran.

La Comisión deberá dar cumplimiento a su cometido en un plazo de dieciocho meses desde su constitución, con la entrega de su informe con las conclusiones y recomendaciones, fecha en la cual terminará el mandato de sus miembros.