
Óscar Fernández, candidato de Vox en Extremadura, expuso que, para avanzar en cualquier negociación de gobierno autonómico, su partido exige el cierre de albergues de migrantes en Mérida, apoyo explícito a proyectos de regadío como el de Tierra de Barros, y lo que denomina la “defensa del varón”. Estas condiciones, citadas por el medio que sirve de fuente, se han presentado como prerrequisitos esenciales para respaldar al Partido Popular (PP) en la configuración del próximo Ejecutivo regional, tras los comicios que han dejado a Vox con once escaños, una cifra que duplica los cinco obtenidos en 2023.
Según informó el medio, la ausencia de mayoría absoluta por parte del PP, liderado por María Guardiola, ha situado a Vox como actor decisivo en las negociaciones y en el futuro político de Extremadura. La duplicación de escaños de la formación encabezada nacionalmente por Santiago Abascal refuerza la dependencia mutua entre ambas partes, dada la imposibilidad de los populares para gobernar en solitario. El resultado electoral de las recientes elecciones anticipadas ha consolidado el papel de Vox como árbitro indispensable en la cámara legislativa regional, detalló el medio.
Durante la campaña, las discrepancias públicas entre ambos partidos se multiplicaron. María Guardiola cuestionó el grado de involucramiento de Abascal calificándolo de “turista” y sugiriendo que su implicación desaparecería tras la jornada electoral. Vox replicó advirtiendo que la presidenta necesitaría el respaldo de los once diputados de la formación para avanzar con sus propuestas en la asamblea, una advertencia que se materializó con el actual reparto parlamentario reflejado en la nueva legislatura, según consignó el medio.
Las diferencias actuales entre PP y Vox hunden sus raíces en la legislatura anterior. En ese periodo, Guardiola descartó cualquier forma de acuerdo con Vox y criticó a la formación por sus posturas sobre la inmigración y la igualdad de género, acusaciones que el medio recuerda como referidas a actitudes xenófobas y machistas. El bloqueo experimentado para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026 llevó al PP a modificar su táctica política y establecer un acuerdo mínimo con Vox para garantizar la continuidad del Ejecutivo. Esta colaboración se caracterizó por desencuentros frecuentes y la ausencia de una agenda común sólida, lo que finalmente desembocó en la convocatoria de elecciones anticipadas, informó el medio.
El coste directo de la anticipación electoral, fijado en siete millones de euros, se ha incorporado al discurso de Vox para responsabilizar a Guardiola de la ruptura institucional y la erogación asociada a la inestabilidad política, destacando la presión fiscal que implica esta decisión, según reportó la fuente. Frente al resultado electoral, la formación de Abascal emerge legitimada en su estrategia de exigir compromisos concretos al PP como condición para cualquier acuerdo de investidura y para la aprobación de los presupuestos, subrayó el medio.
El ascenso de Vox en Extremadura repite un modelo empleado en comunidades como Murcia y la Comunidad Valenciana, donde el partido también presentó un listado de exigencias como condición para apoyar formaciones de gobierno. Entre los puntos clave en la negociación extremeña figura el cierre de infraestructuras dedicadas a la acogida de personas migrantes en la capital de la región y la puesta en marcha de proyectos de regadío de relevancia económica regional. Vox enfatizó en su campaña el respaldo a agricultores y ganaderos, atribuyendo a normativas ambientales promovidas desde la Unión Europea y el Pacto Verde el incremento de la burocracia y de las cargas sobre el sector primario, pilar económico de la zona, según señaló el medio citado.
Además, Vox centró parte de su discurso en los déficits de los servicios públicos gestionados tanto por el PP como por el PSOE. El partido de Fernández señaló demoras en la atención sanitaria, problemas de acceso a la vivienda, una percepción de inseguridad vinculada a la inmigración y falta de oportunidades para la juventud. Criticó la alternancia bipartita de PP y PSOE, reuniendo argumentos referidos tanto a investigaciones judiciales sobre casos de corrupción, como Gürtel y Púnica relacionados con el PP, como a la labor del PSOE en el ámbito nacional y regional con Pedro Sánchez a la cabeza, detalló el medio.
En las semanas previas a las elecciones se produjeron conflictos internos en Vox, especialmente en la organización juvenil Revuelta, señala la fuente. Surgieron acusaciones cruzadas sobre supuestas irregularidades en la gestión de donaciones para emergencias, así como tensiones abiertas entre dirigentes actuales y antiguos miembros. A este contexto se sumó la dimisión de Javier Esteban, responsable de redes sociales, tras su imputación por presunta agresión sexual contra un menor, hecho que, según el medio, incrementó la cobertura mediática sobre las disputas dentro del entorno juvenil de Vox. Abascal atribuyó la difusión de estas informaciones a una supuesta campaña coordinada desde las direcciones nacionales de PSOE y PP para frenar el progreso de su partido, reportó el medio.
En el panorama actual, los once escaños de Vox resultan imprescindibles para que el Partido Popular logre formar gobierno y aprobar presupuestos o grandes iniciativas. La presidenta en funciones, Guardiola, afronta el reto de negociar con Vox la asunción de sus principales demandas en la agenda política, una condición que, conforme a la información revelada por la fuente utilizada, influirá decisivamente en la orientación de las políticas públicas en la región. El fortalecimiento de Vox modifica el equilibrio de fuerzas en Extremadura y redefine el proceso de formación de gobierno: cualquier avance legislativo relevante dependerá del acuerdo entre ambas formaciones en un marco marcado por exigencias y contraprestaciones precisas.


