ERC censura en el Congreso el desalojo del instituto 'okupado' en Badalona y anima a regularizar a los migrantes

El diputado Jordi Salvador, representante de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, sostuvo que el desalojo del antiguo Instituto B9 de Badalona no se trata de un caso aislado sino que, por el contrario, refleja la existencia de un modelo que, según sus palabras citadas por Europa Press, “criminaliza la pobreza y la migración”. Así, Salvador demandó un cambio estructural de enfoque en las políticas migratorias tras el operativo que, días atrás, dejó a decenas de personas, en su mayoría migrantes en situación irregular, sin alternativas habitacionales y en condiciones extremas de vulnerabilidad. La intervención, ejecutada a petición del Ayuntamiento de Badalona y respaldada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona que había autorizado la recuperación del inmueble el 12 de diciembre, suscitó una oleada de críticas desde ERC por la ausencia de mecanismos de emergencia para el realojo.

Según informó Europa Press, tras la actuación policial del pasado miércoles, ERC elevó cuestionamientos escritos al Ejecutivo central, en los que señaló que la actual Ley de Extranjería incrementa la exclusión social y limita gravemente el acceso de las personas migrantes a servicios sociales y asistencia habitacional. En estos escritos, el grupo liderado por Salvador hizo hincapié en el impacto de la normativa sobre aquellos que, como los desalojados del B9, quedan expuestos a circunstancias de precariedad y desamparo institucional tras estancias prolongadas en situación administrativa irregular.

Dentro de sus preguntas al Gobierno, ERC subrayó su preocupación acerca del destino de los migrantes desalojados y preguntó expresamente por la posible derivación de estas personas a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs). La formación reclamó la implementación de protocolos que eviten el traslado sistemático de migrantes a estas instalaciones, al tiempo que exigió que cualquier procedimiento de este tipo cumpla los estándares internacionales en derechos humanos, según recapitula Europa Press a partir del documento remitido por los parlamentarios.

El operativo de desalojo, autorizado en sede judicial, provocó además que ERC denunciara lo que considera una vulneración de derechos fundamentales, ya que, según el partido, no existieron suficientes garantías para ofrecer a los afectados un refugio alternativo inmediato. Europa Press detalló que, para Salvador, la actuación ejemplifica patrones de racismo institucional y traslada el eje del debate hacia la competencia entre sectores políticos de derecha, en detrimento de soluciones sociales destinadas a quienes pasan por situaciones de mayor precariedad.

ERC pidió al Gobierno de Pedro Sánchez la puesta en marcha urgente de medidas que garanticen los derechos fundamentales de la población migrante, así como la aprobación de protocolos que aseguren alternativas habitacionales dignas. El medio Europa Press especificó que la formación buscó redirigir la respuesta institucional hacia un enfoque basado en derechos humanos y que rechace tanto la criminalización como las políticas punitivas enfocadas en la exclusión.

En el contexto de bloqueo de las iniciativas legislativas relativas a la regularización masiva de migrantes, ERC insistió en la necesidad urgente de abrir vías legales y efectivas para la normalización administrativa de las personas afectadas. Europa Press puntualizó que el grupo parlamentario lamentó el estancamiento y solicitó una mayor voluntad política por parte del Ejecutivo para abordar tanto la emergencia habitacional como la problemática estructural del sinhogarismo entre los colectivos en situación irregular.

El grupo independentista articuló sus demandas en torno a la idea de que la irregularidad administrativa repercute en una precariedad perpetua, acentuando la exclusión social y limitando el acceso a recursos y derechos de protección básica. Como señaló Europa Press, ERC reiteró que la resolución de estas situaciones requiere una reforma profunda tanto de la legislación migratoria como de las políticas de vivienda y protección social, combinando acciones estructurales y medidas inmediatas.

Europa Press recogió, asimismo, que ERC exigió al Gobierno central atender el fenómeno desde la óptica de la garantía del derecho a la vivienda y la protección contra el sinhogarismo, subrayando que las administraciones no deben responder a los desalojos con soluciones “de exclusión o marginalidad”. En su comunicación con el Ejecutivo, el grupo hizo hincapié en la necesidad de coordinar las competencias locales, autonómicas y estatales con las obligaciones internacionales sobre derechos humanos que España ha asumido.

El caso del Instituto B9 sirvió, según la información difundida por Europa Press, como ejemplo paradigmático del choque entre las atribuciones municipales, las resoluciones judiciales y los límites de la actual política migratoria estatal. ERC puso de relieve la relación directa entre la situación de los desalojados y el marco legal vigente, cuestionando el grado de adecuación de las respuestas institucionales desde el plano local y nacional respecto a los compromisos internacionales que el Estado debe respetar en materia de derechos humanos.

Finalmente, el partido replicó al Ejecutivo la urgencia de incidir en reformas de mayor calado estructural para evitar la reproducción de situaciones similares en el futuro. Europa Press indicó que la formación demanda, como solución de fondo, no solo la agilización de los procesos de regularización sino también una intervención decidida y concreta en el ámbito de la vivienda social, capaz de ofrecer alternativas habitacionales reales a las personas migrantes desalojadas o en riesgo de desamparo.