La jueza traslada al exsecretario de Presidencia que puede aportar las comunicaciones con Pradas, Mazón y Cuenca el 29O

El análisis de mensajes de WhatsApp y la revisión de correos electrónicos están entre las acciones dictadas por la jueza de Catarroja, quien también ha requerido la grabación de una llamada a la Sala 112 de la Comunitat Valenciana, según informó el medio El Mundo. Estas medidas forman parte de la investigación sobre la gestión que autoridades valencianas llevaron a cabo durante la crisis generada por la dana ocurrida el 29 de octubre, en la que varios responsables políticos se encuentran bajo escrutinio.

Según publicó El Mundo, la magistrada que coordina la investigación ordenó solicitar a la comisión de investigación del Congreso de los Diputados la transcripción de la comparecencia del exsecretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, que se realizó el lunes anterior. Además, la jueza notificó formalmente a García de que puede aportar, de manera voluntaria y en un plazo de cinco días, cualquier llamada telefónica o intercambio de mensajes vinculados a la emergencia de esa fecha. En particular, se incluyen comunicaciones mantenidas con la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, y el antiguo subsecretario, Emilio Argüeso, ambos sujetos a indagación judicial; el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón; y el jefe del gabinete, José Manuel Cuenca.

Aparte de estos requerimientos, la jueza accedió a la solicitud presentada por el partido Ciudadanos para agregar a la investigación una entrevista publicada el 14 de diciembre por el diario El Mundo, en la que el nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, expresaba sus valoraciones sobre los hechos investigados, según consignó El Mundo en su cobertura.

De acuerdo con el mismo medio, también fueron incorporados a la causa mensajes suministrados por un testigo que declaró ese martes ante el juzgado. Simultáneamente, la magistrada exigió a la Conselleria de Emergencias proporcionar la grabación telefónica registrada durante la noche de la dana, relacionada con la intervención de un técnico que alertó a la central de emergencias.

En el transcurso de la jornada procesal, compareció ante el tribunal un ingeniero de Caminos que colaboró como técnico de apoyo en la dirección de explotación de la presa de Buseo. El ingeniero afirmó ante la jueza, según el relato publicado por El Mundo, que avisó a la Generalitat y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de un inminente desbordamiento del embalse. Este aviso se transmitió mediante correo electrónico a las 20:41 horas, con información detallada sobre el caudal registrado y una advertencia de que la presa podría rebasar su capacidad tres horas y media después a través del aliviadero lateral.

Tras enviar el mensaje, el técnico se trasladó a la instalación, pero retornó a Valencia al no poder avanzar debido al corte en la carretera provocado por un cauce desbordado, tal como recogió El Mundo. El ingeniero trató posteriormente de contactar con su superior, y hacia las 23:03 horas envió un segundo correo, esta vez a la sala de control, comunicando que no había conseguido llegar a la presa y que la situación resultaba urgente, ya que el riesgo de desbordamiento se mantenía. Además, expuso que perdió contacto con los operarios y adjuntó los datos que sustentaban su predicción de emergencia. En su advertencia, sugería que era probable que la presa estuviese superando el nivel de seguridad por coronación.

El ingeniero contactó telefónicamente a la Sala del 112 a las 23:36 horas para explicar los hechos descritos en los correos electrónicos. Además, aportó que la información transmitida por los sensores dejó de recibirse después de las 22:00 horas, pues la corriente había arrancado los equipos de medición. El Mundo detalló que, como parte de la investigación, la jueza incorporó estos mensajes y solicitó a la Letrada de la Administración de Justicia que verificara a los miembros del grupo de WhatsApp donde se compartieron estos avisos.

Con estas actuaciones, la instrucción judicial profundiza en la reconstrucción de las comunicaciones y decisiones tomadas por altos funcionarios durante la emergencia, abarcando tanto responsables políticos como técnicos con roles directos en la gestión de la presa y la respuesta a la crisis. Las diligencias buscan precisar el flujo de información, las advertencias emitidas y la cadena de mando en una situación que derivó en el desbordamiento del embalse y en afectaciones relevantes para diversos municipios valencianos, de acuerdo con el seguimiento realizado por El Mundo.

La causa instruida en Catarroja sigue sumando pruebas documentales y testimoniales a partir de los requerimientos de las partes involucradas. Así lo refleja la integración de nuevas pruebas, como entrevistas periodísticas y mensajes de comunicación interna, con el objetivo de clarificar los hechos sucedido durante la noche de la dana y evaluar si existió algún tipo de responsabilidad administrativa o penal por parte de los investigados, según detalló el medio.