Santos Cerdán será citado a declarar como testigo en juicio por la expulsión de los 4 ediles del PSOE de Santiago

El antiguo secretario de Organización socialista será interrogado en la causa impulsada por exconcejales compostelanos, quienes buscan revertir la sanción que los alejó de la agrupación tras una serie de desacuerdos internos en 2024

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La jueza que supervisa el juicio relacionado con la expulsión de cuatro concejales del PSOE de Santiago de Compostela decidió admitir todos los testigos propuestos por las partes, incluidos los solicitados por la representación legal de los ediles afectados. Entre los testigos admitidos figura Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del Partido Socialista a nivel estatal, quien firmó la resolución disciplinaria que condujo al alejamiento de Mercedes Rosón, Milagros Castro, Gonzalo Muíños y Marta Álvarez de la formación socialista, según informó Europa Press.

Cerdán fue requerido como testigo a raíz de una solicitud realizada durante la audiencia previa al juicio, la cual se celebró el pasado mes de octubre. Esta audiencia, según detalló Europa Press, tenía como fin la admisión de pruebas de cara al juicio programado para los días 7 y 8 de septiembre. La representación legal de los concejales pedía la comparecencia de Cerdán por su rol como firmante del expediente que avaló las sanciones, junto a la del exalcalde José Antonio Sánchez Bugallo, cuatro trabajadores eventuales del Partido Socialista en Santiago y los propios demandantes.

En esa misma sesión, la abogada que representa al Partido Socialista objetó la citación de Santos Cerdán. Alegó que el exsecretario de Organización ya no mantiene vínculo con el partido y sostuvo, según recogió Europa Press, que la petición de que declare busca "un efecto mediático" por el contexto de Cerdán, quien en ese entonces estaba implicado en investigaciones vinculadas a una supuesta trama de comisiones a cambio de adjudicaciones. La defensa del PSOE apoyó, en cambio, la declaración del director de la Asesoría Jurídica de Ferraz y del instructor de los expedientes disciplinarios, señalando que ambos conocerían en profundidad la tramitación de dichos expedientes, a diferencia de Cerdán. Además, propuso también que se incluyan como pruebas los archivos de audio de varias ruedas de prensa ofrecidas por los demandantes, o en su defecto, que las grabaciones se reproduzcan en el juicio si la solicitud fuera impugnada.

La parte socialista sugirió que no se reiteraran testimonios ya presentados durante la vista celebrada para decidir sobre las medidas cautelares previas, incluyendo los de algunos testigos como Bugallo y trabajadores, y que en su lugar estos testimonios se consideren para la vista principal. Esa propuesta no fue admitida por la magistrada, quien precisó que el principio de inmediación —que exige la presencia directa del juez en la práctica de pruebas y audiencias— requiere que todos los testigos comparezcan nuevamente, según consignó Europa Press.

La jueza consideró irrelevante que Santos Cerdán ya no desempeñe cargos en el partido para su citación, dado que se le convoca como firmante de la resolución que sancionó a los concejales. También concluyó que la declaración del instructor del expediente es pertinente para esclarecer los motivos y el procedimiento de las sanciones aplicadas a los ediles. Sobre la petición del PSOE de omitir el testimonio directo de los cuatro demandantes por haberse recogido anteriormente, la jueza recordó que la audiencia por las medidas cautelares se centraba en un propósito específico. Por ello, determinó que para salvaguardar las garantías procesales y permitir un análisis exhaustivo, se admitirán nuevamente todos los testimonios solicitados.

De acuerdo con Europa Press, el origen del conflicto entre la dirección local del PSOE de Santiago y los cuatro concejales se remonta al 24 de junio de 2024, día de San Juan. Durante la sesión plenaria municipal celebrada esa fecha, todos los integrantes del grupo socialista votaron a favor de una ordenanza sobre viviendas turísticas, desoyendo la posición de la dirección del partido que propugnaba la abstención. Ese mismo día, la ejecutiva de Santiago convocó una reunión para reorganizar parte del personal del grupo municipal, tras lo cual el entonces portavoz Gonzalo Muíños declinó firmar los cambios, lo que le acarreó una suspensión de militancia por 18 meses.

Como resultado de estos acontecimientos, la dirección local nombró a Gumersindo Guinarte como nuevo portavoz del grupo socialista y a Marta Abal como secretaria. Además, citó a Mercedes Rosón, Milagros Castro y Marta Álvarez para participar en la sesión de ratificación de estos nombramientos. Las tres concejalas no asistieron al entender que la citación carecía de validez formal, lo que provocó la fractura completa del grupo municipal y la posterior expulsión de los ediles disidentes.

Tras agotar la vía interna, los cuatro ediles recurrieron a los tribunales solicitando medidas cautelares, que buscaban frenar la expulsión, aunque la petición fue rechazada. Posteriormente, interpusieron una demanda formal contra el PSOE para impugnar las resoluciones disciplinarias, con el objetivo de ser readmitidos en el grupo municipal de Santiago de Compostela, según informó Europa Press.

El proceso judicial plantea revivir los debates internos del partido acerca de la gestión de la disciplina y la respuesta a los desacuerdos públicos entre sus representantes. Las partes involucradas aguardan la resolución judicial con el fin de esclarecer si existió vulneración de derechos en la tramitación disciplinaria. El caso reúne como testigos a dirigentes actuales y anteriores del partido, trabajadores contratados en el ayuntamiento y los propios ediles demandantes, según puntualizó Europa Press. Las jornadas judiciales previstas para septiembre servirán para examinar la legalidad de las sanciones, las circunstancias del voto disidente y el procedimiento seguido por la ejecutiva socialista de Santiago tras la ruptura interna.