
En la audiencia previa celebrada en octubre, a la que tuvo acceso Europa Press, la defensa de los cuatro exconcejales socialistas de Santiago solicitó la comparecencia de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del Partido Socialista a nivel estatal, como testigo en el juicio por la expulsión de los ediles compostelanos. Según informó Europa Press, la jueza aceptó la solicitud junto con todas las propuestas de citación de testigos provenientes tanto de los exconcejales como de la representación del propio Partido Socialista, fijando así el procedimiento judicial para los días 7 y 8 de septiembre.
De acuerdo con el medio Europa Press, la defensa legal de los ediles expulsados pidió que Cerdán declare como firmante de la resolución disciplinaria que llevó a la salida de Mercedes Rosón, Milagros Castro, Gonzalo Muíños y Marta Álvarez del partido, quienes actualmente carecen de adscripción. Además de Cerdán, la representación de los exconcejales solicitó también como testigos al exalcalde José Antonio Sánchez Bugallo y a cuatro trabajadores eventuales vinculados al Partido Socialista de la ciudad.
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En oposición a la comparecencia del exsecretario de Organización, la abogada del Partido Socialista presentó un recurso argumentando que la citación solo buscaba un “efecto mediático”, citando que Cerdán ya no formaba parte de las filas del PSOE y aludiendo a su situación en ese momento, en la que según reportó Europa Press, se encontraba detenido por presunta implicación en una trama de comisiones a cambio de adjudicaciones. La defensa del partido sostuvo que el director de la Asesoría Jurídica de Ferraz sería el testigo idóneo, por su conocimiento directo sobre la tramitación de los expedientes disciplinarios, en contraste con Cerdán, cuyo papel se limitaría a la firma de la resolución final. Junto con esta propuesta, se pidió la comparecencia del instructor del expediente, así como que formasen parte de la prueba los audios de las ruedas de prensa ofrecidas por los demandantes.
La parte legal del PSOE también solicitó al juzgado que no se duplicaran los testimonios de los ahora no adscritos, proponiendo que se utilizaran las declaraciones brindadas durante la vista sobre las medidas cautelares, instancia en la que buscaban frenar la expulsión. Esta solicitud fue rechazada por la magistrada, quien determinó que la vista referida tuvo un objeto específico y que, para cumplir con el principio de inmediación —que garantiza la presencialidad directa del juez en las comparecencias—, era necesario admitir testimonios actualizados en el juicio principal. Según consignó Europa Press, la jueza enfatizó que la pertenencia de Cerdán al partido no resultaba relevante para su testimonio, considerando que comparecería como firmante de la resolución.
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El conflicto interno en la agrupación municipal socialista de Santiago se originó el 24 de junio de 2024, cuando los seis concejales del grupo votaron en el pleno a favor de una ordenanza relativa a viviendas turísticas, en desacuerdo con la directriz de la dirección local, que había marcado la abstención. La votación, efectuada en el Día de San Juan —fiesta local en muchas ciudades gallegas—, se tradujo en una reunión de la ejecutiva municipal para relevar a la jefa de gabinete y al responsable de comunicación del grupo, una medida que el portavoz de entonces, Gonzalo Muíños, se negó a firmar. Por esta negativa, Muíños recibió una suspensión de militancia de 18 meses. Acto seguido, la dirección local nombró a Gumersindo Guinarte como nuevo portavoz y a Marta Abal como secretaria, convocando a las concejalas Mercedes Rosón, Milagros Castro y Marta Álvarez a una reunión donde se pretendía ratificar los nuevos cargos.
Según publicó Europa Press, las tres concejalas declinaron acudir, argumentando la nulidad de la convocatoria. Este desacuerdo derivó en la ruptura total del grupo municipal y en su posterior expulsión del partido. Después de que la justicia denegase las medidas cautelares contra su expulsión, Rosón, Castro, Muíños y Álvarez presentaron una demanda solicitando la impugnación de las resoluciones disciplinarias y su restitución como integrantes del grupo socialista.
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El proceso judicial abordará tanto la legitimidad de las sanciones como el procedimiento interno empleado por el partido. Europa Press señaló que la magistrada entendió que la instrucción de los expedientes y la documentación aportada serán claves para dilucidar los criterios por los cuales se produjo la expulsión. La admisión de testigos por ambas partes responde al objetivo de esclarecer el desarrollo y evaluación de las decisiones tomadas tras los hechos ocurridos en junio.
El juicio, previsto para principios de septiembre, incluirá el repaso de las actuaciones desde la controversia derivada de la votación sobre la ordenanza de viviendas turísticas, hasta la resolución de las expulsiones y la reacción de la estructura local y estatal del partido. Así, la comparecencia de personas clave y trabajadores vinculados a las decisiones políticas y administrativas se perfila como parte fundamental para resolver el futuro político de los cuatro exconcejales y para clarificar las circunstancias que rodearon su alejamiento de la formación socialista en el Ayuntamiento de Santiago.
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