La UCO acude a Correos, Hacienda y Transición Ecológica a por documentación sobre la trama de Leire Díez

Los tres detenidos en el marco de una pesquisa sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos comparecerán ante el juez de la Audiencia Nacional este sábado a partir de las 10.00 horas, momento en que se definirá si continúan bajo prisión provisional o recuperan la libertad tras sus declaraciones. Según reportó Europa Press, la operación forma parte de una investigación judicial dirigida por el magistrado Antonio Piña y que mantiene bajo secreto de sumario las actuaciones recientes.

Durante la jornada del viernes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizaron múltiples requerimientos de documentación en instalaciones de Correos, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la finalidad de estas diligencias es recabar expedientes relacionados con la investigación que involucra a Leire Díez, exmilitante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quien fue detenida por presuntas irregularidades cometidas en procesos de contratación pública.

El medio Europa Press detalló que los agentes de la UCO también solicitaron expedientes a otras entidades clave, como Patrimonio del Estado y el Tribunal de Recursos Contractuales. Todas estas acciones se desarrollan en el marco de una causa judicial impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y que involucra presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos, tráfico de influencias y organización criminal.

La investigación, bajo la supervisión del juez Antonio Piña de la Audiencia Nacional, llevó a la detención de Leire Díez, de Vicente Fernández —expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)— y de Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Europa Press subrayó que los tres detenidos permanecerán en calidad de arrestados hasta su comparecencia judicial, momento en que se evaluarán las implicaciones de sus declaraciones y se determinarán las medidas cautelares a adoptar.

Las actuaciones de la UCO, previas a la audiencia judicial, incluyeron registros en varias entidades públicas y la recolección de expedientes que puedan aportar nueva información a la causa. Según publicó Europa Press, el procedimiento es parte de una operación más amplia que busca esclarecer la supuesta existencia de una trama coordinada para la manipulación de contratos públicos, así como el posible aprovechamiento de cargos y contactos institucionales para obtener beneficios ilícitos.

La Fiscalía Anticorrupción promueve esta investigación para determinar la extensión y los responsables de los hechos bajo examen, e identificar si existe una red organizada que haya favorecido adjudicaciones irregulares en el sector público. Europa Press informó que las pesquisas involucran el análisis de centenares de documentos oficiales, declaraciones de responsables y datos financieros, con el propósito de delimitar las eventuales responsabilidades penales y administrativas de los implicados.

De acuerdo con el mismo medio, las diligencias de la UCO y la documentación solicitada abarcan información sobre adjudicaciones sospechosas realizadas durante los últimos años en organismos estatales y dependencias ministeriales. En este contexto, las detenciones y los registros buscan acelerar la obtención de pruebas y asegurar que los posibles implicados no obstaculicen la investigación ni destruyan evidencias relacionadas.

Por el momento, el secreto de sumario impuesto por el juez Antonio Piña restringe el acceso a detalles adicionales sobre el alcance de la operación y el contenido de los documentos incautados. Europa Press enfatizó que la investigación se mantiene abierta y se esperan nuevas actuaciones en función de los resultados que arroje el análisis de la documentación recogida durante las últimas horas.