La UCO dice que la trama de hidrocarburos pagó a Ábalos un chalet: "Ha sido pillar la casa y ha dado al botoncito"

En las actuaciones judiciales que coordina el juez Santiago Pedraz, la atención de los investigadores ha recalado en el análisis de pruebas documentales y auditorías patrimoniales ejecutadas con el paso de los meses, que han impactado de manera directa en el entorno más próximo de José Luis Ábalos. Esta revisión, sumada a la incorporación de escuchas telefónicas y registros financieros, ha fortalecido el marco probatorio del sumario según informó Europa Press, mientras la Audiencia Nacional busca delimitar la posible relación entre ventajas administrativas otorgadas a Villafuel y beneficios inmobiliarios recibidos por allegados al exministro.

De acuerdo con Europa Press, el sumario judicial cuenta con transcripciones de llamadas intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre ellas una conversación entre Leonor González y Natán González, donde se menciona la expresión: “Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito”. Para los investigadores, esa frase establece un vínculo temporal y causal entre la adquisición de una vivienda ubicada en la urbanización La Alcaidesa, Cádiz, y la concesión de licencias favorables a Villafuel, una firma dedicada al sector de hidrocarburos.

La hipótesis principal que Guatemala la investigación es que la adquisición de ese chalet en la provincia gaditana habría surgido como resultado directo de acuerdos entre empresarios del sector y responsables públicos, favoreciendo económicamente a integrantes cercanos a Ábalos. Según consignó Europa Press, tanto las pruebas patrimoniales como los registros financieros recopilados apuntan hacia movimientos de capitales y activos coincidentes en el tiempo con decisiones administrativas que permitieron a Villafuel obtener los permisos requeridos para operar.

El papel de Víctor de Aldama aparece señalado en la causa como relevante, figurando en las diligencias como partícipe clave en las gestiones y negociaciones que precedieron a la compra del inmueble. Las pesquisas recogidas por Europa Press incorporan documentos, testimonios y registros que sitúan a De Aldama en contacto directo con otros protagonistas del caso durante la etapa previa a la adquisición de la vivienda.

Koldo García, quien fungía como asesor de Ábalos en ese periodo, ha sido identificado por la UCO como una figura central en el proceso. Según describió Europa Press, García se ocupó de rastrear el mercado inmobiliario, establecer comunicación con intermediarios y presentar diversas opciones de propiedades a Claudio Rivas, otro de los señalados en la investigación. Durante el cierre de 2020, García remitió anuncios de diferentes viviendas a Rivas, labor de la que resultó, finalmente, la compra del chalet en cuestión.

El informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y entregado al juzgado subraya la existencia de una trama articulada donde funcionarios, empresarios e intermediarios operaron con el fin de obtener beneficios económicos y patrimoniales a cambio de acciones administrativas favorables. Los investigadores se centran en la coincidencia temporal y la relación entre las operaciones inmobiliarias y las resoluciones que permitieron a Villafuel acceder a las licencias requeridas para su actividad en el sector energético.

La investigación se apoya en la interpretación de llamadas intervenidas, junto con el análisis de transferencias y documentos patrimoniales incluidos en la causa. Según publicó Europa Press, las autoridades buscan demostrar que la adjudicación de permisos a Villafuel y la compra del chalet no respondieron a procesos independientes, sino que existió una coordinación intencionada entre los participantes.

En el expediente de la Audiencia Nacional constan revisiones detalladas sobre el flujo de capital necesario para materializar la compra de la vivienda, así como transacciones y contactos entre empresarios y funcionarios cercanos a Ábalos. El juez Pedraz instruye el caso considerando todos los elementos reunidos hasta la fecha y suma de manera progresiva nuevas pruebas periciales y registros aportados por la Guardia Civil, de acuerdo con la información de Europa Press.

El proceso judicial examina además las dinámicas de funcionamiento de la administración durante la tramitación de los permisos para Villafuel, buscando delimitaciones claras de las funciones y responsabilidades de cada supuesto implicado, y de qué manera esas relaciones pudieron influir sobre las decisiones administrativas. Los agentes de la UCO insisten en que el entorno inmediato de Ábalos, según reportó Europa Press, articuló un sistema de contraprestaciones, donde la obtención de ventajas patrimoniales y movimientos económicos estaban vinculados a la concesión de favores públicos.

Las pruebas documentales y las grabaciones telefónicas autorizadas refuerzan la línea de investigación que pretende esclarecer hasta qué punto el círculo del exministro actuó como mediador entre la iniciativa privada vinculada a hidrocarburos y la administración estatal, facilitando permisos y generando beneficios inmobiliarios. En fechas recientes, la Guardia Civil sumó nuevas pericias y registros de diversa índole, orientados a robustecer la hipótesis de un entramado de favores e intereses cruzados entre el sector público y el privado, especialmente en lo referido a Villafuel.

La investigación sigue abierta en los juzgados de la Audiencia Nacional, con la inclusión continua de nuevas grabaciones y documentos, mientras los responsables judiciales y policiales avanzan en la reconstrucción de los hechos, la evaluación de los vínculos empresariales y personales, y la eventual trazabilidad de contactos, flujos de capital y resoluciones administrativas bajo sospecha, siguiendo lo reportado por Europa Press.