La UCO dice que la trama de hidrocarburos gastó un millón de euros para influir en Ábalos, Koldo y De Aldama

La compra de una vivienda valorada en 585.000 euros en la urbanización de La Alcaidesa, Cádiz, coincidió con una serie de gestiones ante el Ministerio de Industria y Turismo relacionadas con la obtención de licencias regulatorias en el sector energético. De acuerdo con Europa Press, el inmueble fue ofrecido en diferentes ocasiones al entonces ministro José Luis Ábalos por miembros de una red supuestamente dirigida por Claudio Rivas, y Ábalos residió en la propiedad entre julio y noviembre de 2021. Esta operación inmobiliaria, según lo recogido en el sumario judicial, se presenta como uno de los procedimientos utilizados para intentar influir de manera irregular en decisiones administrativas relevantes para empresas del sector de hidrocarburos.

Según detalló Europa Press, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identificó pagos que ascendieron a un total de 292.416,66 euros a favor del empresario Víctor de Aldama, figura central de la trama bajo investigación por presunta corrupción en el ámbito de los hidrocarburos. Los fondos, canalizados a través de la empresa Have Got Time, gestionada por Claudio Rivas, correspondieron a dos contratos de mediación vinculados directamente a gestiones ante responsables del Ministerio de Industria y Turismo. El primer contrato justificó el desembolso de 181.500 euros poco después de cerrarse la compra de la vivienda, y el segundo consistió en un pago de 110.916,66 euros formalizado al mes siguiente.

La documentación enviada por la UCO, según Europa Press, señala que el conjunto de flujos financieros atribuidos a la red alcanzó los 925.036,95 euros, una suma cercana al millón de euros. La hipótesis formulada por los investigadores apunta a que esta cantidad se destinó a asegurar decisiones administrativas favorables a determinadas empresas del sector de hidrocarburos, enfocándose especialmente en el acceso a licencias como mayoristas —uno de los permisos clave en dicho mercado.

Entre las empresas que concentraron el interés de las gestiones destaca Villafuel, que, de acuerdo con información de Europa Press, intentaba operar en el mercado minorista de hidrocarburos pese a no cumplir el requisito legal de contar con tres millones de euros de capital propio. El sumario judicial refleja cómo la empresa adoptó estrategias contractuales y financieras opacas que dificultaron el control por parte de los órganos reguladores, una labor en la que los contratos simulados y los servicios ficticios desempeñaron un papel central.

Las funciones de intermediación fueron asumidas por varios integrantes de la red ligada a Claudio Rivas. Según reveló Europa Press, Koldo García, exasesor ministerial, apareció implicado en la organización logística de la residencia de Ábalos, así como en la tramitación de expedientes administrativos ante el ministerio. Los pagos destinados a García, recogidos en el sumario judicial en marzo de 2022, incluyeron una nómina de 1.950,50 euros y un adelanto de 5.000 euros a través de una sociedad administrada por Manuel Salles, colaborador de Rivas. La UCO destacó en su informe que no constan pruebas de que García prestara servicios reales de consultoría de seguridad, lo que refuerza la interpretación de que ejerció como enlace entre la red y funcionarios del gobierno.

El rastro económico seguido por los investigadores incluyó también pagos en metálico, como el de 5.000 euros entregados por la empresaria María del Carmen Pano a Víctor de Aldama, un día antes de una reunión considerada relevante con responsables del Ministerio de Industria y Turismo. Europa Press consignó que la UCO interpretó esta entrega como una maniobra destinada a reforzar la posición de De Aldama ante los interlocutores públicos encargados de resolver permisos y licencias en el sector.

A lo largo de la investigación, la Guardia Civil recopiló documentos diversos que incluyeron transferencias bancarias, grabaciones, mensajes y testimonios de testigos. Según Europa Press, este conjunto probatorio permitió reconstruir la vinculación directa entre determinadas erogaciones y la progresión favorable de expedientes administrativos estratégicos para las empresas con intereses en la red de Rivas.

El sumario judicial analizado sostiene que la organización desarrolló contratos ficticios y simuló la prestación de servicios como parte de una operativa consistente en disfrazar los verdaderos motivos de las transferencias monetarias. En todos los casos, la contrapartida estaba relacionada con la obtención de resoluciones administrativas específicas. Europa Press subrayó que estas prácticas no solo tuvieron repercusiones sobre la regularidad del proceso administrativo, sino que también dañaron la transparencia y el control sectorial en el ámbito de los hidrocarburos.

El desarrollo de los hechos, bajo supervisión de la Audiencia Nacional, permitió a los analistas de la UCO trazar un mapa que combina estructuras societarias y conexiones personales entre empresarios, asesores y funcionarios públicos. Europa Press detalló que, según el informe policial, la red persiguió sistemáticamente influir en las decisiones regulatorias mediante un sistema de recompensas y favores que comprometió la integridad de los procedimientos.

Las conclusiones iniciales derivadas de los documentos aportados permiten vincular de manera clara diversos pagos y favores con momentos críticos de los expedientes regulatorios que definieron el marco en el que operan las empresas energéticas investigadas. Europa Press reportó que los patrones detectados refuerzan la tesis de una corrupción institucionalizada, donde la entrega periódica de beneficios —en forma de transferencias, pagos en efectivo o contratos simulados— alteró el funcionamiento habitual de los controles administrativos en el sector energético español.

Finalmente, la investigación de la Guardia Civil, conforme al material recogido por Europa Press, sigue examinando los impactos de esta operativa sobre la administración y el régimen normativo vigente, prestando atención tanto a los efectos inmediatos sobre las empresas directamente beneficiadas como a la estructura de relaciones y mecanismos que permitieron la articulación de estas prácticas. La documentación disponible hasta ahora permite al juzgado mantener la trazabilidad entre los pagos efectuados y las resoluciones regulatorias de mayor relevancia en el sector, de acuerdo con la labor de seguimiento y análisis desempeñada por la UCO.