La Abogacía advierte del "colapso" de la Justicia Gratuita en la AN por la "precariedad" del Turno de Oficio

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha alertado sobre el "colapso" del sistema de Justicia Gratuita en la Audiencia Nacional ante la convocatoria de renuncia al Turno de Oficio de ese órgano, promovida por la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) y que cuenta con "la comprensión y apoyo" del ICAM.

Lo ha hecho tras el llamamiento de Altodo en una rueda de prensa a los abogados del turno de oficio de la Audiencia Nacional a darse de baja hasta que se garantice "una retribución digna".

La acción busca denunciar "la precariedad económica que soportan los profesionales y las graves consecuencias que ello puede tener para la seguridad jurídica, la seguridad del Estado y los derechos de la ciudadanía más vulnerable".

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, que ha participado en el anuncio de esta acción y que como abogado de oficio ha presentado también su renuncia.

Ha explicado que "desde el Colegio no pueden sino asumir esta acción de Altodo" porque "comprenden y comparten la reivindicación". Según el Colegio, "esta acción no es solo una defensa de la dignidad profesional de los letrados, sino también una defensa de la propia sociedad, que necesita una Justicia Gratuita fuerte, independiente y sostenible".

Además, ha expresado su honda preocupación por "el rigor y la calidad que merecen causas de esta enorme complejidad en la Audiencia Nacional".

"SENCILLAMENTE IMPOSIBLE"

Para el Colegio, en las condiciones actuales es "sencillamente imposible garantizar la preparación, el estudio y la dedicación que exigen estas macrocausas; y tercero, porque hay un riesgo real de quiebra del sistema en causas muy sensibles".

"Queremos lanzar una alerta institucional y así se lo vamos a trasladar a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y al Ministerio de Justicia, ya que estamos hablando de procedimientos de narcotráfico, terrorismo, falsificación y delincuencia económica de gran alcance, es decir, de asuntos con especial incidencia en la seguridad del Estado", señala.

"Desde el punto de vista económico, el desequilibrio resulta insostenible. En determinadas macrocausas de la Audiencia Nacional los abogados y abogadas de oficio perciben en torno a 244,95 euros netos por procedimiento, una vez aplicados impuestos y retenciones, pese a tratarse de asuntos que pueden prolongarse durante meses o incluso años de trabajo continuado", agrega.

A ello se suma el coste de los desplazamientos diarios a la sede de San Fernando de Henares --66 kilómetros ida y vuelta por sesión--, que ronda los 7,6 euros al día y alcanza aproximadamente 152 euros mensuales solo en combustible.

Con estas cifras, la remuneración real puede quedar reducida a entre 0,10 y 0,20 euros por hora de trabajo efectivo, sin incluir el tiempo dedicado al visionado de vídeos y audios, al análisis de documentación masiva -habitualmente de miles de folios-, ni a las sesiones maratonianas de juicio oral que caracterizan este tipo de procedimientos.

En este contexto, Ribón ha reiterado, en plena sintonía con el mensaje trasladado por Altodo, que "el Turno de Oficio no es un 'voluntariado jurídico'" sino que es "un pilar del Estado de Derecho".

"Si queremos que la ciudadanía crea en la justicia gratuita, debemos garantizar que los profesionales que la sostienen puedan vivir de su trabajo en condiciones dignas. Lo que está en juego no es solo la remuneración de la abogacía, sino la calidad de la Justicia y la confianza en las instituciones", ha recalcado.

El decano del ICAM ha recordado que "el turno de la Audiencia Nacional es el turno más riguroso junto con el del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, ya que para acceder al mismo se exige a los profesionales una experiencia acreditada de al menos de 10 años de ejercicio y la superación de unos exigentes cursos de cualificación especifica".

Ribón ha añadido que "no se puede exigir máxima responsabilidad y especialización en macrocausas de la Audiencia Nacional mientras se mantienen baremos que ni siquiera cubren los costes reales del servicio. Si no se actúa con urgencia, el riesgo de colapso del sistema de Justicia Gratuita en este ámbito es real y cercano".