
El análisis psiquiátrico realizado en el marco del caso de Elisa Mouliaá ha determinado que las dificultades para denunciar de inmediato hechos traumáticos, como los que refiere la actriz, resultan frecuentes y se explican por la aparición de reacciones psicológicas reconocidas clínicamente, como el miedo, la vergüenza o el bloqueo. Sobre esta base, la defensa de Mouliaá argumenta que la demora en acudir ante la autoridad no resta legitimidad ni consistencia a su relato sobre la presunta agresión sexual por parte de Íñigo Errejón y solicita ante el juzgado que no se revoque la decisión de mantener el procesamiento. Según reportó Europa Press, el equipo legal de la actriz ha presentado al tribunal los informes psiquiátricos que avalan su declaración y respaldan que la secuencia de hechos relatada se corresponde con patrones descritos en análisis clínicos de víctimas en circunstancias similares.
De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la defensa de Mouliaá también se opone de manera directa al recurso de Errejón, quien había cuestionado el fundamento del procesamiento e insinuado posibles motivaciones personales, como la búsqueda de notoriedad pública o beneficios económicos por parte de la denunciante. Frente a estas alegaciones, el escrito presentado ante el juzgado sostiene que intentar desacreditar el testimonio de la víctima por la temporalidad o mediación en la denuncia no refleja fielmente lo que se sabe científicamente sobre las consecuencias psicológicas de las agresiones sexuales. Los abogados enfatizan que la credibilidad de las víctimas de este tipo de delitos no puede condicionarse al tiempo transcurrido hasta la denuncia ni a presuntas intenciones ajenas a los hechos probados. Europa Press detalla que los informes psiquiátricos incorporados al sumario confirman que la experiencia relatada por Mouliaá resulta coherente y que los tiempos de reacción de las víctimas varían dependiendo de diversos factores personales y de la naturaleza del trauma sufrido.
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El escrito judicial remitido al órgano instructor incluye una referencia explícita a la falta de consentimiento en seis episodios específicos que la actriz describió como parte principal de su denuncia, ocurridos en la noche señalada. Según destaca Europa Press, la defensa considera que estos hechos han quedado documentados en el sumario gracias a la instrucción practicada y los informes técnicos aportados, constituyendo así la base para solicitar que el procesamiento de Íñigo Errejón siga vigente y el caso avance en la jurisdicción correspondiente.
En cuanto a la participación de Mouliaá en medios de comunicación relatando su versión de los hechos, la defensa argumenta que tales declaraciones no deben formar parte de la valoración judicial, dado que no han sido sometidas a las garantías procesales preceptivas ni al control del órgano instructor. De acuerdo con Europa Press, el abogado de la actriz advierte que las intervenciones mediáticas emplean recursos narrativos propios del ámbito periodístico, cuya finalidad puede estar orientada a influir en la opinión pública, pero que no pueden equipararse a la declaración formal prestada ante la autoridad judicial. El representante legal insiste en que la actuación del tribunal debe limitarse a los documentos que forman parte del expediente y a los informes periciales incluidos en el mismo.
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Según señala Europa Press, la defensa de Mouliaá remarca que la consistencia de la versión aportada ha sido verificada durante el proceso de instrucción, en el cual la denunciante declaró ante la autoridad judicial bajo las condiciones de rigor requeridas y cuya declaración ha sido respaldada por diferentes peritajes. El escrito subraya que todas las pruebas admitidas corresponden a las obtenidas en el propio proceso judicial y no fuera de él.
Estos argumentos, de acuerdo con Europa Press, se resumen en la solicitud de que el proceso contra Íñigo Errejón siga adelante y no se cierre en esta fase procesal, sustentándose en los informes psiquiátricos, la declaración formal y la documentación pericial incorporada en la causa. Para la defensa, ninguno de los comportamientos posteriores de la denunciante ni declaraciones públicas pueden considerarse indicativos de consentimiento o afectar la credibilidad del relato principal, ya que la valoración debe ceñirse al análisis técnico y jurídico realizado por el juzgado a partir de la denuncia y los peritajes. El equipo legal de Mouliaá insiste en que el procesamiento no debe revocarse, con el objetivo de que el asunto se dirima en sede judicial conforme a los elementos probatorios reunidos durante la instrucción, según informó Europa Press.
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