El escrito del magistrado Leopoldo Puente sostiene que José Luis Ábalos, junto a Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, actuaron de manera coordinada para explotar la influencia directa del entonces ministro de Transportes con el objetivo de obtener un beneficio económico personal derivado de la adjudicación de contratos en el ámbito de la Administración Pública. Según detalló el medio El País y consta en la resolución difundida este miércoles, la Sala de Apelación del Tribunal Supremo respaldó el procesamiento de Ábalos y Koldo García, desestimando los recursos de ambos contra el auto dictado el 3 de noviembre que propuso juzgarles por supuestos delitos vinculados a corrupción durante la pandemia.
El tribunal, con la participación de los magistrados Antonio del Moral, Pablo Llarena y Juan Ramón Berdugo, resolvió mantener la acusación a ambos ex altos cargos por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de los contratos de mascarillas comprados por el Ministerio de Transportes durante la crisis sanitaria. Según informó El País, se imputa a los acusados una serie de delitos: cohecho, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal.
La resolución recogida por el medio apunta además que el proceso penal se reactivó a partir del auto dictado en noviembre pasado, cuando el juez instructor resolvió elevar la causa principal a juicio tras dividir la investigación en dos partes. Según publicó El País, la pieza principal mantiene las pesquisas sobre los contratos de mascarillas firmados en plena crisis sanitaria, mientras la pieza separada queda reservada para el presunto cobro de comisiones ligadas a la adjudicación de obra pública.
El informe judicial indica que Ábalos y su exasesor Koldo García, junto al empresario Aldama, supuestamente aprovecharon la situación de emergencia generada por la pandemia para obtener adjudicaciones favorables, actuando según el juez Puente de manera concertada para enriquecerse ilícitamente mediante la influencia sobre los procesos de contratación pública. El auto destaca que la trama habría buscado beneficiarse económicamente de cualquier adjudicación o circunstancia propicia utilizando esa influencia institucional.
En cuanto a las consecuencias legales, la Fiscalía solicita en su escrito de acusación 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Víctor de Aldama. Estas peticiones de condena se fundamentan en las presuntas conductas delictivas relacionadas tanto con la gestión irregular de fondos públicos, como con las prácticas de corrupción investigadas en el periodo pandémico, según consignó El País. Por su parte, las acusaciones populares, principalmente lideradas por el Partido Popular, elevaron la petición de cárcel a 30 años para el exministro y su exasesor, y mantuvieron para Aldama la misma pena solicitada por el Ministerio Público.
La situación procesal de los acusados se agravó al considerar el juez que existía riesgo de fuga dada la gravedad de las penas solicitadas. Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares presentaron sendos escritos urgiendo el ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo García. El magistrado instructor accedió a la petición y, el 28 de noviembre, decretó la entrada en la cárcel madrileña de Soto del Real de ambos imputados, según detalló El País.
Además, el magistrado Puente refirió que la dinámica de actuación investigada apunta a una estructura organizada cuya finalidad esencial radicaba en extraer beneficios personales valiéndo de la influencia política y administrativa ligada al ejercicio de cargos públicos relevantes. El foco de la causa, una vez separada la vertiente de las comisiones por obra pública, permanece centrado en el análisis de la contratación de material sanitario durante la pandemia y las irregularidades que pudieron advertirse en las adjudicaciones efectuadas desde el Ministerio, según reportó El País.
En los próximos meses, el caso continuará su tramitación judicial con la vista oral en la que tanto la Fiscalía como las partes acusadoras presentarán sus argumentos en torno a la supuesta trama dirigida, según sostiene el auto, a explotar el acceso privilegiado a la gestión pública para obtener ganancias ilícitas. La causa, que ha generado un notable impacto mediático y político, permanece bajo escrutinio público mientras se mantiene el procesamiento judicial dictado por el Tribunal Supremo, reportó el medio.
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