El Supremo limita la inhabilitación al cargo de fiscal general al considerar "excesiva su proyección a otros"

La sentencia dictada recientemente por el Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de Álvaro García Ortiz expone posibles obstáculos para su reincorporación a la carrera fiscal, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, a pesar de que la condena limita el alcance de la sanción exclusivamente al cargo de fiscal general del Estado. Los especialistas advierten que, al cesar el régimen especial por el que García Ortiz ejerció la jefatura del Ministerio Público, la solicitud de reingreso en la plantilla de fiscales de carrera podría verse afectada por la existencia de la condena de inhabilitación.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la resolución emitida el martes por el máximo tribunal acota expresamente los efectos de la sanción impuesta a García Ortiz por un delito de revelación de secretos. La pena, que comprende dos años de inhabilitación junto con una multa de 7.200 euros e indemnización de 10.000 euros a favor de Alberto González Amador, solo privará a García Ortiz de ejercer como fiscal general del Estado durante el periodo fijado. Los magistrados subrayan en el texto judicial que la condena se ajusta al principio de proporcionalidad penal y aclaran que extender sus consecuencias a otras funciones públicas resultaría "excesivo".

El fallo, cuyo contenido se extiende por 180 páginas, precisa que la inhabilitación especial impide exclusivamente el acceso al cargo sobre el que recae la condena, en este caso la titularidad del Ministerio Público, y no elimina automáticamente la posibilidad de desempeñar otras responsabilidades públicas tras el periodo de sanción. Europa Press detalla que la delimitación de la inhabilitación responde tanto al marco legal que regula el acceso a la Fiscalía General –que no exige contar con la condición previa de fiscal de carrera– como al carácter restrictivo solicitado tanto por la acusación particular, representada por González Amador, como por varias acusaciones populares presentes en el proceso judicial.

La sentencia aborda también las consecuencias que pueden surgir fuera del ámbito penal y judicial. El Supremo advierte sobre la existencia de posibles "consecuencias extraprocesales" derivadas de la condena, aunque no concreta a qué tipo de repercusiones se refiere ni si estas tendrán un impacto en la continuación de García Ortiz dentro de otros escenarios administrativos. Los magistrados enfatizan que su competencia queda limitada al ámbito penal y que no corresponde al tribunal valorar ni pronunciarse sobre los efectos que puedan derivarse en contextos distintos al judicial.

El proceso contra García Ortiz se originó debido a la filtración de información referida a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Supremo fijó una indemnización por daños morales de 10.000 euros en favor de González Amador y una multa económica, además de la inhabilitación mencionada que afecta únicamente la jefatura de la Fiscalía General.

No obstante la delimitación establecida por el Supremo, Europa Press recoge opiniones de sectores jurídicos que advierten que el régimen de "servicios especiales" que rige para los fiscales generales plantea una situación compleja. Finalizado el tiempo en que García Ortiz ha estado al frente del Ministerio Público bajo esta modalidad, cualquier intento de reinsertarse en la carrera fiscal requerirá una petición formal y quedará sujeta al análisis de la condena por inhabilitación. Según el artículo 46 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se pierde la condición de fiscal si media una "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos". El Reglamento del Ministerio Fiscal, en su artículo 32, también estipula que una condena por delito doloso o la existencia de una pena accesoria de inhabilitación impide el mantenimiento de la condición de fiscal.

Europa Press informa que el tribunal ha explicitado en su fallo que cualquier afectación sobre la continuidad de García Ortiz como fiscal tras concluir su función como jefe del Ministerio Público dependerá de los procedimientos administrativos correspondientes, situándose fuera del alcance de la jurisdicción penal. La sentencia resulta así en una precisión destinada a zanjar debates surgidos tras el anuncio del fallo el 20 de noviembre, en torno a la posibilidad de que la condena impida a García Ortiz ejercer otras responsabilidades públicas o funciones administrativas.

Según detalla Europa Press, los magistrados han tratado de responder de manera clara a las afectaciones legales de la condena, cuyo límite queda fijado en la jefatura del Ministerio Público, en atención a las solicitudes de las partes y a lo dispuesto en la normativa vigente. Sin embargo, el texto judicial aclara que las distintas interpretaciones, eventuales procedimientos administrativos posteriores o valoraciones políticas no recaerán en los tribunales penales, sino que dependerán del desarrollo de los mecanismos y normativas aplicables fuera de la causa penal.

A pesar de la acotación judicial en el fallo del Supremo, la situación de García Ortiz en relación con la carrera fiscal permanece incierta debido al entramado legislativo que regula la permanencia de los fiscales en activo cuando han recibido condenas de este tipo. Las fuentes citadas por Europa Press insisten en que los criterios reglamentarios y estatutarios dificultarían, bajo el marco actual, un eventual retorno pleno de García Ortiz a sus funciones anteriores dentro del Ministerio Público.

El pronunciamiento del Supremo, según ha recopilado Europa Press, ha servido como punto de referencia para delimitar jurídicamente la extensión de la sanción, mientras deja abiertas las puertas a las consecuencias que pudieran derivarse en otros planos administrativos o laborales.