
El abuelo materno del niño de cuatro años encontrado muerto en una playa de Garrucha se presentó formalmente ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Vera para solicitar autorización judicial que permita la incineración del cuerpo del menor, trámite que requiere la firma de la madre, quien se encuentra en prisión provisional y comunicada sin fianza desde el sábado anterior. Según informó Europa Press, la personación del abuelo introduce un nuevo trámite en el procedimiento judicial relativo a la muerte del menor, hallado sin vida la pasada semana en la costa de Almería.
La petición del abuelo obedece a la imposibilidad de obtener el consentimiento materno, dado que la progenitora permanece bajo custodia judicial y no puede firmar los documentos necesarios para la cremación. Europa Press detalló que la solicitud presentada por el abuelo incluye la apertura de un expediente de jurisdicción voluntaria, mecanismo legal para suplir la autorización legal de la madre en este tipo de trámites administrativos. El juzgado deberá analizar esta petición hasta que se pronuncie sobre las medidas cautelares que rigen la patria potestad, mientras tanto, el proceso vinculado a la disposición legal sobre el cuerpo del menor queda detenido.
El caso permanece bajo secreto de sumario, según confirmó el letrado de la acusación particular, José Luis Martínez, quien no ha podido acceder a los autos judiciales. El medio indicó que tanto la madre del menor como su pareja sentimental continúan en situación de investigación por presuntos delitos de asesinato y maltrato habitual. Ambos están pendientes de nuevas diligencias que definan posibles modificaciones de su situación legal y procesal.
Fuentes judiciales, citadas por Europa Press, señalaron que el abuelo materno ya prestó declaración ante la autoridad correspondiente. En contraste, la madre optó por acogerse a su derecho a no declarar en esta fase inicial. La pareja sentimental de la madre, detenido junto a ella, no es el padre biológico del niño. Este hombre tenía en vigor una orden de alejamiento respecto a la progenitora, aunque ambos seguían manteniendo una relación, infringiendo así dicha restricción legal. El padre biológico, según publicó Europa Press, no reside en la provincia de Almería y su paradero se sitúa fuera del ámbito territorial de la investigación.
Las autoridades continúan recogiendo pruebas que permitan esclarecer la implicación exacta de los investigados y determinar sus responsabilidades en el suceso. La instrucción judicial avanza mientras se mantiene el secreto sobre el desarrollo de las diligencias y posibles resoluciones en cuanto a medidas cautelares adicionales. Europa Press reportó que el hallazgo del cadáver tuvo lugar sobre las 23:30 horas del miércoles de la semana anterior, en una zona de playa cercana a una gasolinera y al límite entre Garrucha y Mojácar.
Previo al hallazgo, los servicios de emergencia recibieron avisos cerca de las 20:10 horas advirtiendo sobre la desaparición del menor en circunstancias consideradas extrañas. Este hecho motivó la puesta en marcha de un operativo de búsqueda en el que participaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. La búsqueda concluyó con la localización del cuerpo del menor en el litoral almeriense.
De acuerdo con Europa Press, los primeros exámenes forenses confirmaron que la muerte del niño fue violenta. El cuerpo presentaba signos tanto de violencia física como sexual, si bien el informe definitivo de autopsia aún no ha determinado la causa exacta del fallecimiento. Este informe resulta clave para establecer responsabilidades penales y el grado de participación de los diferentes implicados en el crimen.
La madre del menor residía en Garrucha desde hacía más de un año, después de haber vivido en otra localidad costera en la misma zona del Levante almeriense, informó Europa Press. Por ahora, mientras el juzgado resuelve la petición del abuelo sobre el destino del cuerpo y la situación legal de los progenitores investigados, el procedimiento judicial permanece a la espera de nuevas evidencias que puedan aportar mayor claridad a los hechos ocurridos.
La investigación sigue bajo secreto de sumario, limitando el acceso a la información y a los avances en la instrucción. El juzgado continúa recibiendo solicitudes y podría adoptar nuevas medidas cautelares en los próximos días, a medida que se conozcan los resultados definitivos de la autopsia y se avance en la recopilación de pruebas que permitan determinar la verdad sobre los acontecimientos investigados.
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