Durante la conmemoración de la Constitución española en el Congreso, Yolanda Díaz expresó que el artículo 47, que garantiza el acceso a la vivienda, se ha visto afectado por años de omisión en su aplicación efectiva, situación que ha tenido consecuencias directas en la igualdad de oportunidades en España. Según informó Europa Press, la vicepresidenta segunda denunció que los principales partidos políticos, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, han permitido la especulación inmobiliaria, transformando el derecho a una vivienda digna en un eje generador de desigualdad social. Díaz subrayó la urgencia de intervenir en el mercado de la vivienda, especialmente en el alquiler, señalando que las elevadas rentas en numerosas ciudades hacen inaccesible este derecho para una parte significativa de la población.
De acuerdo con la versión difundida por Europa Press, la ministra de Trabajo destacó que la especulación inmobiliaria se ha convertido en uno de los principales negocios del país, a costa del derecho constitucional de la ciudadanía. Insistió en que se ha producido un “vaciamiento” del artículo 47 durante los gobiernos tanto del PP como del PSOE, mientras los precios continúan aumentando y la especulación se mantiene como una práctica recurrente. Díaz subrayó la necesidad de tomar medidas que permitan reducir el precio de las viviendas y regular el mercado de alquiler, haciendo referencia a la propuesta de Sumar sobre la prórroga automática de contratos sin incremento en las rentas y la prohibición de operaciones de compraventa con fines puramente especulativos.
Europa Press consignó que la vicepresidenta vinculó la actual crisis de acceso a la vivienda con el malestar de los jóvenes y otros colectivos que perciben un distanciamiento del texto constitucional cuando no encuentran respuesta a sus necesidades básicas. Díaz sostuvo que las condiciones actuales del mercado inmobiliario dificultan gravemente el acceso de grandes sectores de la población, especialmente los más jóvenes, a soluciones habitacionales adecuadas.
Según lo recogido por Europa Press, Díaz articuló su mensaje alrededor de la necesidad de fortalecer el Estado Social, argumentando que tanto la sanidad y la educación como el acceso a un empleo de calidad constituyen mandatos constitucionales propios del modelo de bienestar que la Carta Magna encomienda proteger y desarrollar. Reiteró que las instituciones deben velar, en particular en contextos con precios de alquiler elevados y con dificultades para adquirir una vivienda, por el cumplimiento efectivo de estos derechos sociales.
La ministra recordó que la Constitución no surgió únicamente en los espacios oficiales, sino también a partir de las luchas y reivindicaciones de estudiantes, mujeres y trabajadores, y que implica un compromiso con la pluralidad lingüística y cultural del país. Secundando los principios de la Carta Magna, Díaz defendió la necesidad de actuar desde las instituciones para que los derechos consagrados no permanezcan como declaraciones formales, sino que se materialicen en políticas dirigidas a resolver las demandas sociales más extendidas.
Insistiendo en el fortalecimiento del Estado Social, Díaz enfatizó la urgencia de expandir los servicios públicos en sanidad, educación y empleo, asegurando su calidad y accesibilidad. Europa Press puntualizó que la vicepresidenta reiteró la prioridad de poner en el centro de la acción política la intervención en el mercado de la vivienda como respuesta a la “fábrica de desigualdad” que, en sus palabras, representa la actual situación habitacional en España.
La propuesta de Díaz se enmarca dentro de una reflexión más amplia sobre el papel del Estado en garantizar no solo la defensa legal de los derechos constitucionales, sino también la implementación práctica de mecanismos que permitan a la ciudadanía acceder a ellos. Según explicó ante los medios, el despliegue efectivo de servicios públicos y la regulación del mercado inmobiliario aparecen como elementos indispensables para “arreglar los problemas” destacados por quienes demandan un cumplimiento real de lo estipulado en el artículo 47 de la Constitución.
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