El Constitucional rechazará esta semana rehabilitar cautelarmente a Junqueras hasta que resuelva si debe ser amnistiado

El periodo de inhabilitación impuesto a Oriol Junqueras podría extenderse hasta el año 2031 si el Tribunal Constitucional (TC) mantiene la línea prevista esta semana, según detalló Europa Press. Este dato figura entre los elementos clave del Pleno que el TC celebrará próximamente, donde se abordará la petición de Junqueras y de los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa para que se suspendan de forma provisional las penas de inhabilitación vinculadas a sus condenas por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Los recursos de amparo presentados por estos dirigentes siguen pendientes de una decisión definitiva, pero todo indica que la solicitud de suspender la inhabilitación no prosperará, mientras se analizan los recursos.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press informaron que tanto magistrados conservadores como progresistas respaldan el rechazo de las medidas cautelares solicitadas por los líderes independentistas. En función de este criterio, el Pleno del Tribunal Constitucional, previsto para la próxima semana, votará desestimar estas peticiones, en línea con la posición que igualmente mantiene el Supremo y con las ponencias distribuidas entre distintos jueces de la sede de Domenico Scarlatti.

Tanto Junqueras como los exconsejeros de Esquerra Republicana y el líder de Junts plantearon en sus recursos de amparo la suspensión cautelar de la inhabilitación, después de que el Supremo no aplicara la amnistía a los delitos de malversación relacionados con el 1-O. Todos ellos fueron condenados por malversación y sedición a penas que, en algunos casos, alcanzaron los 13 años de prisión y de inhabilitación. En 2021, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez les otorgó el indulto respecto a las penas de prisión, pero las restricciones para ejercer cargos públicos permanecieron vigentes. El Tribunal Supremo desestimó aplicar la amnistía a la malversación por entender que los hechos encajan en las excepciones de la ley: se atribuye a los encausados un beneficio patrimonial porque el dinero público empleado no fue reintegrado, descendiendo en un supuesto de enriquecimiento personal o de partido, empleando fondos públicos para fines partidistas.

El Supremo argumentó que este uso de fondos vulneró los intereses económicos y financieros de la Unión Europea, pues la eventual secesión de Cataluña habría afectado negativamente los ingresos europeos procedentes de España, una razón que sustenta la negativa a aplicar la amnistía. Por su parte, el Constitucional aceptó a trámite los recursos de amparo pero no ha resuelto aún sobre el fondo, una decisión que se prevé para el próximo año. Mientras tanto, los líderes independentistas solicitaron que tal resolución incluyera la suspensión temporal de la inhabilitación, medida que será descartada en el Pleno.

En la tramitación ante el TC, la Fiscalía se posicionó en contra de levantar provisionalmente la inhabilitación a los dirigentes procesados. El Ministerio Público sostiene que hacerlo supondría anticipar el fallo sobre los recursos de amparo y, además, que el mantenimiento de las inhabilitaciones no implica "daño irreparable" a los recurrentes. Según recogió Europa Press, la Fiscalía consideró que la suspensión de penas solo se justifica cuando el TC tarda en resolver más tiempo del que queda para cumplir la condena, circunstancia que no se cumple en estos casos.

A este marco interno se suman interpretaciones desde el ámbito jurídico europeo. El 13 de noviembre, el abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, se refirió a cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional acerca de la amnistía. Spielmann señaló que "no es conforme con el Derecho de la UE obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares que se hubieran acordado en una fase anterior del procedimiento en el plazo máximo de dos meses, aún cuando el Tribunal de Justicia de la UE no haya adoptado todavía resolución" sobre dichas cuestiones. Europa Press recoge que este planteamiento ha tenido impacto indirecto en la deliberación del TC, si bien no resulta vinculante.

El alcance de las resoluciones pendientes también afecta a otros dirigentes catalanes. Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, y los exconsejeros Antoni Comin y Lluís Puig presentaron recursos de amparo al Tribunal Constitucional después de que el Supremo no amnistiara los delitos de malversación atribuidos a su gestión del 1-O. Estas personas solicitaron también de manera cautelar que se levantaran las órdenes de detención nacional que pesan sobre ellos. Según fuentes citadas por Europa Press, aunque estos recursos fueron admitidos a trámite, las peticiones cautelares siguen en espera de ser abordadas en Pleno y, de acuerdo con las proyecciones conocidas, también serán desestimadas.

El Pleno del Tribunal Constitucional agendará, además, el estudio del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid contra la ley de amnistía. La resolución prevista será la desestimación de dicho recurso, siguiendo la doctrina que ya quedó fijada con la intervención previa del TC sobre la materia. En junio pasado, este órgano avaló el núcleo esencial de la ley, ofreciendo así continuidad a la interpretación seguida hasta ahora en los órganos jurisdiccionales.

Europa Press destaca que el contexto judicial y político en torno al proceso independentista catalán continúa marcando el calendario de decisiones en las instancias constitucionales. Mientras los recursos de amparo continúan su tramitación, los líderes independentistas seguirán afectados por las penas de inhabilitación. El ritmo de resolución ordinario del Tribunal Constitucional, sumado al resto de factores señalados por la Fiscalía y el marco de la Unión Europea, conforman un panorama en el que la suspensión cautelar de las inhabilitaciones se descarta prácticamente en todos los casos estudiados hasta ahora.