Madrid, 27 nov (EFECOM).- El Congreso ha rechazado este jueves la senda de estabilidad 2026-2028, que iba a servir de base para los futuros presupuestos de 2026 y que daba a las comunidades autónomas 5.485 millones de euros adicionales en margen de gasto.
Estas son algunas claves de cuáles son los próximos pasos y cómo quedan los objetivos de déficit de las administraciones públicas.
La senda de estabilidad define los límites de déficit y deuda que pueden alcanzar en los siguientes tres años tanto el conjunto de las administraciones públicas españolas como cada uno de sus subsectores (administración central, Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales), respetando la regla de gasto pactada con Bruselas.
Estos objetivos constituyen la base sobre la que se construyen los diferentes presupuestos y van acompañados del límite de gasto no financiero o techo de gasto del Estado para 2026 -216.177 millones incluidos los fondos europeos, un 8,5 % más-, que no se vota.
La senda fijaba el límite de déficit en el 2,1 % del PIB en 2026, el 1,8 % del PIB en 2027 y el 1,6 % del PIB en 2028.
Los objetivos de déficit para el Estado eran del 1,8 % del PIB en 2026, el 1,5 % del PIB en 2027 y el 1,4 % del PIB en 2028 y los de la Seguridad Social, del 0,2 % del PIB en 2026 y 2027 y el 0,1 % del PIB en 2028. Las comunidades autónomas podían tener un 0,1 % del PIB de déficit en cada ejercicio, mientras que las corporaciones locales tenían que cerrar en equilibrio presupuestario.
La deuda tenía que bajar al 100,9 % del PIB en 2026, el 100 % del PIB en 2027 y el 99,1 % del PIB en 2028 para cumplir con la regla de gasto -el límite de cuánto puede aumentar el gasto computable entre dos ejercicios-, que es del 3,5 % para 2026, el 3,4 % para 2027 y el 3,2 % para 2028.
PP, Vox y UPN han votado en contra porque creen que supondrá más gasto y Junts porque no está de acuerdo con el reparto del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas. Además, Podemos y la diputada de Compromís Àgueda Micó se han abstenido.
De acuerdo a la ley de estabilidad presupuestaria, en el plazo de un mes el Gobierno tendrá que aprobar una nueva senda, que puede ser la misma o una diferente (si fuera diferente, tendría que pasar antes por el Consejo de Política Fiscal y Financiera), y volver a llevarla al Congreso.
La ley de estabilidad no contempla un segundo rechazo. El Gobierno defiende que en este caso entrarían en vigor los objetivos de déficit incluidos en el plan fiscal estructural remitido a Bruselas el pasado año, que a nivel nacional son los mismos que recoge la senda rechazada. Pero las comunidades autónomas, en cumplimiento de la Constitución, tendrían que cerrar con equilibrio presupuestario.
Esto supone que las comunidades autónomas tendrían que someterse a un objetivo de estabilidad más estricto -equilibrio en lugar de una décima de PIB de déficit-, que el Gobierno cifra en una pérdida de capacidad de gasto de 5.485 millones de euros en el periodo 2026-2028.
En primer lugar, el rechazo a la senda supone un nuevo retraso en los futuros presupuestos de 2026, que tendrían que haber llegado al Congreso antes de octubre. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera que la votación de la segunda senda se produzca antes de final de año, lo que permitiría presentar el proyecto de presupuestos a mediados del primer trimestre, ya con las cuentas de 2023 prorrogadas por tercera vez.
Por lo que respecta al contenido, el margen de déficit que perderían las comunidades autónomas si la senda es rechazada de nuevo podría ser utilizada por el Estado, ha recordado este jueves Montero. En cuanto al techo de gasto, como no se vota, se mantiene vigente. EFECOM
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