El Congreso insta a acabar con homenajes a etarras pese al rechazo de PSOE y Sumar, que lo ven reprobable pero no delito

En los últimos años, la frecuencia de los denominados 'ongi etorris', o actos públicos de bienvenida a personas que han cumplido condenas por terrorismo de ETA, ha registrado un descenso pronunciado, pasando de contabilizarse 38 en 2018 a ninguno en los años 2023 y 2024, según datos expuestos en el Congreso de los Diputados. El debate en torno a estos homenajes cobró un nuevo impulso tras la aprobación, este miércoles, de una propuesta de Unión del Pueblo Navarro (UPN) que solicita erradicar tales reconocimientos públicos, tal como reportó el medio original.

La Comisión de Interior de la Cámara Baja aprobó una iniciativa en la que UPN plantea una condena explícita de “todos los actos de apoyo o enaltecimiento” del terrorismo que reivindican la actividad de ETA, así como los homenajes dirigidos a exintegrantes y presos condenados por delitos vinculados a este grupo armado. Según informó el medio, la propuesta de UPN obtuvo el respaldo del Partido Popular y de Vox. No obstante, tanto el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como Sumar rechazaron la moción tras argumentar que los tribunales no contemplan estos actos como delito y que, si bien consideran reprobable el hecho, no todo lo que se rechaza desde el punto de vista ético debe necesariamente constituir una infracción penal.

El texto presentado por UPN, detalló el medio, también insta al Ejecutivo nacional a reforzar los mecanismos para reparar a las víctimas del terrorismo de ETA. Entre las demandas se incluyen evitar situaciones que puedan suponer humillaciones o ataques a la memoria de quienes padecieron las consecuencias de la violencia, así como establecer nuevas sanciones destinadas a impedir y terminar con las muestras públicas de apoyo, enaltecimiento y homenaje a condenados por terrorismo.

Durante la sesión parlamentaria, el diputado de UPN, Alberto Catalán, solicitó que la Cámara condenara sin reservas estos actos y cuestionó la reacción del Gobierno español ante tales eventos. Según recogió el medio, Catalán expresó que “votar en contra es ponerse del lado de los verdugos”, planteando una disyuntiva entre el apoyo a las víctimas y la tolerancia hacia los perpetradores.

El debate registró la participación también de representantes del PSOE y Sumar, quienes fundamentaron su posición aludiendo al recorrido judicial de las denuncias interpuestas por este tipo de actos. David Serrada, portavoz socialista de Interior, manifestó que la mayor parte de las denuncias han sido archivadas y que la política de seguridad requiere abordar los hechos con rigor y no mediante generalizaciones, según publicó la fuente. Sumar, por su parte, trasladó su rechazo tanto a los ‘ongi etorris’ como a otros homenajes que, según denunció su portavoz Enrique Santiago, incluyen referencias al régimen franquista. “Los homenajes de etarras han caído drásticamente, no tiene sentido fomentar problemas inexistentes”, aseguró el diputado de Sumar e IU.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) y EH Bildu participaron únicamente en la votación, sin intervenir en el debate previo. PSOE y Sumar reiteraron que la postura adoptada por los tribunales en España ha consistido en no considerar delito las conductas de enaltecimiento a menos que involucren elementos claros y directos de incitación al odio u otros delitos conexos.

El medio también señaló que, desde la perspectiva de Enrique Santiago, la iniciativa impulsada por UPN resulta insuficiente y parcial al condenar únicamente la violencia vinculada a ETA y no ampliar esa condena a otros contextos históricos, como el de la dictadura.

La propuesta, admitida en la Comisión de Interior, toma relevancia especial en periodos estivales, momento del año en que, según UPN, solían producirse la mayoría de estos homenajes. El texto que solicita reparar el daño y proteger la dignidad de las víctimas forma parte de las reclamaciones persistentes de diversos colectivos afectados por la violencia de ETA, quienes señalan la necesidad de una respuesta institucional firme y continua frente a cualquier manifestación pública de apoyo a quienes han estado implicados en terrorismo.

Diversos actores políticos han insistido en la obligación de distinguir entre condena social y respuesta penal, tomando en cuenta tanto la jurisprudencia existente como la evolución de los fenómenos violentos en el país. Las discusiones reflejan la persistencia de sensibilidades políticas divergentes en torno al tratamiento de la memoria histórica y la convivencia, una tensión que se mantiene vigente en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, según la información destacada por la fuente original.