Peinado archiva la causa para la alto cargo de Moncloa citada por la contratación de la asesora de Begoña Gómez

Judit González, secretaria general de la Presidencia del Gobierno, quedó apartada de la investigación sobre la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez tras su declaración este domingo ante el juez instructor del caso. Según informó Europa Press, la decisión de archivar el expediente se tomó después de que González respondiera a las preguntas de su abogado y del juez, distanciándose de las acusaciones vinculadas a irregularidades en la gestión de personal. Este proceso, centrado en la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos, alcanzó un hito importante con el auto de sobreseimiento libre emitido por el magistrado Juan Carlos Peinado.

El juzgado investigaba si González, en calidad de alta funcionaria desde marzo de 2023, había incurrido en un delito denominado "comisión por omisión" por presuntamente no impedir que Álvarez realizara tareas privadas para la esposa del presidente en el ejercicio de sus funciones oficiales. Europa Press detalló que, durante la comparecencia, la secretaria general fue informada de las imputaciones y tuvo oportunidad de desmentir cualquier participación en una posible desviación de fondos públicos derivada del desempeño de Álvarez en Moncloa y de sus vínculos laborales con la Universidad Complutense de Madrid.

La causa forma parte de una investigación más amplia sobre supuestas irregularidades en la designación de asesores relacionados con la esfera de la presidencia del Gobierno. González se sumó a la lista de investigados donde figuran también Begoña Gómez, Cristina Álvarez, el exsecretario general Francisco Martín Aguirre y el empresario Juan Carlos Barrabés. En el caso de González, tal como publicó Europa Press, la citación había sido inicialmente programada para el 12 de noviembre, pero el juez instructor la pospuso al domingo por un conflicto de agenda que afectaba a la defensa.

El traslado de la sesión al Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid, ubicada en la quinta planta de los Juzgados de Plaza de Castilla, obedeció a un ajuste realizado por el propio Peinado, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. Estas fuentes enfatizaron que, tras la declaración, el magistrado determinó que no existían pruebas suficientes contra la actual secretaria general para que permaneciera como investigada en el procedimiento.

El caso se inició cuando el juez consideró, a partir de información incluida en el auto de imputación al que accedió Europa Press, que González podía haber actuado de forma indebida al no frenar la supuesta realización de actividades privadas por parte de Álvarez para Begoña Gómez. En una de las ramas de la causa se intenta esclarecer si, durante la asignación de Álvarez en calidad de asesora, hubo algún uso indebido de fondos públicos y si, efectivamente, Álvarez compatibilizaba funciones oficiales y privadas relacionadas con la Universidad Complutense.

Europa Press informó que el instructor imputó formalmente a González bajo la premisa de que su posición jerárquica implicaba una obligación de controlar las funciones desempeñadas por las personas a su cargo. Sin embargo, tras escuchar su testimonio en sede judicial y analizar sus respuestas, el magistrado decidió desvincularla de la causa al no hallar indicios de responsabilidad penal.

Durante los interrogatorios, González alegó desconocer actividades irregulares y subrayó que sus decisiones se ajustaron a los procedimientos y normativas vigentes. Esta versión, junto con la ausencia de elementos probatorios concretos, llevó a Peinado a emitir el sobreseimiento libre. El medio destacó que, mientras la instrucción contra otros investigados sigue su curso, la secretaria general ya no figura en la lista de cargos públicos implicados en el caso.

Este episodio marca la continuación de una investigación judicial que busca esclarecer la gestión de recursos humanos y económicos en el ámbito de la presidencia del Gobierno, a raíz de las denuncias relacionadas con la contratación y desempeño profesional de asesores vinculados a personas del entorno del presidente. La decisión tomada por el magistrado respecto de González podría influir sobre el desarrollo posterior de la causa principal.

Según consignó Europa Press, la resolución judicial también se fundamentó en la documentación y los testimonios adjuntados en la causa, que corroboraron la versión de González y excluyeron su implicación directa o indirecta en las acciones investigadas. La investigación sigue abierta para otras personas mencionadas, pero para la secretaria general el expediente queda cerrado tras este último desarrollo.