
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que es tiempo de trabajar para organizar un proyecto político progresista que defienda los derechos y libertades fundamentales, el estado del bienestar y la paz.
"Vivimos en un momento muy difícil donde se acumulan las crisis climáticas, bélicas, políticas, donde hay una ofensiva de la ultraderecha contra la democracia y creo que toda la gente progresista comparte la necesidad de aunar fuerzas para defender aquello en lo que creemos. Tenemos unas condiciones privilegiadas para generar un movimiento político que sea capaz de contrarrestar esa ola ultra", ha señalado el ministro en una entrevista este domingo con ElDiario.es, recogida por Europa Press.
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Bustinduy afirma que Yolanda Díaz ha demostrado que es una candidata "excelente" y tilda a la vicepresidente de ser la "mejor ministra de Trabajo" que ha tenido la democracia española. "Es la que produjo el resultado electoral que permitió que el gobierno de coalición se volviera a formar", ha señalado.
El ministro reconoce que la agenda del Gobierno avanza en "circunstancias muy difíciles" y comenta que la legislatura no ha tenido "una semana en la que no se anunciara el fin del Gobierno o la inestabilidad". "Veo a una derecha completamente perdida y una ultraderecha que vocifera, pero que es un fraude", ha asegurado.
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En la misma línea, apunta que el Gobierno tiene que presentar los Presupuesto Generales y cree que será una buena ocasión para que el proyecto de país "quede patente y se vea materializado en partidas presupuestarias". "Nuestra obligación es seguir trabajando por el interés general. ¿En unas condiciones difíciles? Por supuesto, las de esta legislatura lo son. Es lo que votó la gente en el año 2023. Nuestra obligación es seguir defendiendo el interés general, ampliando derechos y haciendo que España avance y mejore", asevera.
El pasado jueves, el Congreso aprobó la primera ley del departamento de Bustinduy, la Ley de Atención a la Clientela, una norma que el ministro afirma que es una victoria "histórica" para los consumidores porque dota de más poder y más capacidad para igualar un poco las relaciones de consumo.
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"Nos hemos acostumbrado a que las grandes empresas puedan dictar las normas de mercado. Y esta es una ley que cambia pequeñas cosas, pero que afectan a la vida cotidiana de millones de personas", asegura.
Por ejemplo, cita algunos cambios como el trato que se recibe cuando se hace una reclamación --la ley establece un plazo máximo de tres minutos para que atiendan una reclamación telefónica y un plazo máximo de 15 días para resolver esas reclamaciones--; el derecho a que atienda una persona y no un robot; o el fin de las llamadas spam, entre otras.
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Por último, se refiere al juicio contra el fiscal general del Estado, y defiende que no se ha presentado ninguna prueba inculpatoria contra el acusado, sin embargo, señala que ha quedado "demostrado y patente" que el jefe de Gabinete de la presidenta Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, "mintió descarada y públicamente".
"Conforme avanza todo más gente va a mover el centro de atención al origen de toda esta causa. La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid se embolsó una comisión de dos millones de euros en plena pandemia derivada de la administración que dirige su pareja, que a continuación cometió un fraude fiscal que ha confesado sobre esa misma comisión y que de manera no se sabe muy bien cómo, relacionada con todo lo anterior, se produjo la compra de un ático de lujo en Madrid, donde vive la presidenta", ha manifestado.
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