El PP y Vox buscan hoy acorralar a Torres en el Congreso tras el informe de la UCO que lo vincula con Koldo y Aldama

"A diferencia de otros informes de la UCO, no hay ningún añadido ni párrafo en el que la UCO demande y pida que haga una investigación a nadie del Gobierno de Canarias o a mí. En ninguna de las páginas y párrafos hay afirmaciones, no hay ninguna actuación delictiva del Gobierno que tuve el honor de presidir”, sostuvo Ángel Víctor Torres durante la reciente rueda de prensa celebrada tras la divulgación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En ese contexto, el Congreso de los Diputados atraviesa una sesión marcada por la acción coordinada del Partido Popular y Vox, fuerzas que han situado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática en el centro de una ofensiva parlamentaria que reclama explicaciones sobre su vínculo con la llamada trama de contratación irregular de mascarillas, conocida como ‘caso Koldo’, según detalló el medio.

El Congreso prepara una votación prevista para la semana siguiente a raíz de una interpelación registrada por el PP, que cuestiona de manera directa los principios éticos y de transparencia aplicados por Torres en su gestión, tal como publicó la fuente. La presentación de preguntas por parte de los portavoces parlamentarios ahonda en la fiscalización al ministro, ya que Cuca Gamarra, portavoz popular, ha interrogado sobre la idoneidad de que Torres continúe en su puesto tras las revelaciones, mientras que el diputado Eduardo Carazo demanda que el ministro explique la veracidad de sus declaraciones en relación con los interlocutores implicados, considerando que Torres sostuvo ante el Senado que ni él ni su equipo tuvieron contacto alguno con la trama ni encuentros con Víctor de Aldama.

Vox, por medio de la diputada Pepa Rodríguez de Millán, ha preparado una pregunta explícita para conocer si Torres participó personalmente en la gestión de los contratos cuestionados. El medio también informa que el PP podría transformar el resultado del debate en una moción de reprobación formal al ministro, herramienta parlamentaria que busca valorar públicamente los estándares exigidos a los altos cargos del Gobierno y propiciar un pronunciamiento colectivo de la Cámara sobre el caso.

El informe de la Guardia Civil, publicado en la última semana, vincula el periodo de gobierno de Torres en Canarias con solicitudes de “pagos pendientes” a favor de la empresa Soluciones de Gestión, lo que presuntamente motivó intercambios y reuniones tanto con Koldo García, ex asesor ministerial, como con el empresario Víctor de Aldama, identificado como supuesto intermediario en la adjudicación de contratos para la compra de material sanitario durante la emergencia. Entre las pruebas recopiladas figura un mensaje enviado por Torres a García, en el que le comunica que “estoy encima de tu pago”, acción que la UCO interpreta como parte de la operativa bajo investigación.

El informe precisa que la influencia de García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, resultó determinante para el cierre de estas gestiones, mientras que Aldama aparece como figura clave en los contactos entre la administración canaria de entonces y la empresa adjudicataria, según consignó el medio. La investigación policial también recogió evidencias de al menos un encuentro entre Torres y De Aldama, coincidente con un desplazamiento a Madrid en julio de 2020. Sobre esta interacción, Torres sostiene que la única constancia documental corresponde a un mensaje dirigido por Aldama desde un número no registrado, en el que identificó un breve contacto ese mismo día, calificando el episodio como irrelevante.

Durante su comparecencia pública tras conocerse el contenido del informe, Torres subrayó que no existe evidencia de pagos de comisiones irregulares durante su mandato, y acusó de difamación a quienes impulsan las denuncias. Según reportó la fuente, el ministro argumentó que luego de varios años de pesquisas, la UCO no ha hallado indicios de cobro de sobornos o enriquecimiento ilícito derivado de los contratos analizados.

La presión parlamentaria se ha acentuado ante el trasfondo de la crisis sanitaria y las prácticas de adjudicación de recursos en ese periodo, situando la evaluación de la integridad y la transparencia en el centro del debate. Tanto el PP como Vox consideran que los procedimientos llevados a cabo por Torres deben esclarecerse ante la representación política y la ciudadanía. El medio destacó que la autoridad judicial recibe y procesa los resultados de la investigación presentada por la Guardia Civil para delimitar el alcance de eventuales conductas punibles o susceptibles de sanción administrativa.

El 'caso Koldo' continúa marcando la agenda institucional, con la Cámara Baja convertida en escenario de enfrentamiento entre el Ejecutivo y la oposición. Los partidos contrarios al Gobierno insisten en la necesidad de depurar responsabilidades políticas y administrativas en torno a los procesos de contratación pública efectuados en situaciones excepcionales. El seguimiento detallado del caso, según reiteró la fuente, mantiene a Torres bajo observación constante tanto por parte de los legisladores como de los órganos judiciales encargados de esclarecer los hechos.