El dueño del local que se derrumbó con cuatro muertos en 2024 en Palma declara este martes

El proceso penal que investiga el derrumbe de la terraza del Medusa Beach en Palma, que provocó la muerte de cuatro personas y catorce heridos en mayo de 2024, llega a un momento clave este martes con la declaración judicial del propietario del local. Según informó el medio, la audiencia tendrá lugar a partir de las 09:30 en el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, tras varios aplazamientos desde la primera citación en marzo y una posterior reprogramación en junio que tampoco se concretó. El objetivo de la comparecencia es que el responsable del establecimiento rinda su testimonio ante las autoridades en calidad de investigado, en un proceso que permanece abierto desde hace meses mientras la atención pública y de los afectados se mantiene.

De acuerdo con lo reportado por el medio, la declaración fue solicitada expresamente por la defensa del acusado, que hasta la fecha ha afrontado el procedimiento en libertad bajo medidas cautelares. Según las pesquisas desarrolladas por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional junto a técnicos municipales, el derrumbe se originó debido a una sobrecarga en una estructura que no contaba con autorización y que no había sido reforzada para el uso que se le daba en el local, elementos que constituyen el núcleo de la investigación judicial. Estas conclusiones surgieron a partir del análisis del colapso ocurrido el 23 de mayo de 2024 cerca de las 20:20, cuando la terraza situada en el primer piso del Medusa Beach se desplomó y cayó sobre el sótano, donde funcionaba otro local de ocio que, al momento del accidente, permanecía cerrado al público.

El siniestro causó la muerte tanto de clientes como de empleados e impactó en las vidas de catorce personas que sufrieron lesiones de diversa gravedad. Según el medio, la revisión de los hechos determinó que parte de la cubierta de la terraza fue añadida sin los permisos municipales correspondientes y se introdujeron modificaciones sin garantizar los refuerzos adecuados. Los informes técnicos recopilados por la Policía y el Ayuntamiento de Palma señalaron que las reformas aumentaron considerablemente la carga sostenida por la terraza, especialmente por el peso de la nueva cubierta y la afluencia de personas, hasta superar los límites estructurales.

El medio detalló que, tras finalizar el análisis inicial del caso, las autoridades detuvieron al propietario del establecimiento el 26 de junio de 2024, poco más de un mes después del desplome. En la actualidad, el empresario afronta varios cargos relacionados con el siniestro: cuatro por homicidio imprudente, derivados de la muerte de las víctimas mortales, y seis por lesiones graves entre los afectados, según consignó el medio. La calificación jurídica de los hechos atribuye al acusado una conducta de imprudencia grave, al no garantizar la seguridad de la infraestructura del local ni respetar los requisitos legales para efectuar obras y reformas en establecimientos abiertos al público.

Entre los elementos fundamentales de la investigación figuran los informes de peritaje técnico sobre la terraza, la revisión detallada de permisos de obra concedidos —o la falta de ellos— y el análisis de la gestión del propietario antes y durante el incidente, elementos que fueron referenciados de forma reiterada por el medio en sus publicaciones sobre el caso. La investigación, según publicó el medio, integra además la evaluación de documentos y declaraciones clave sobre la estructura reforzada y los motivos por los cuales se añadieron nuevas cubiertas sobre la terraza sin las precauciones normativamente exigibles.

El derrumbe y sus consecuencias generaron un importante impacto en la Playa de Palma, zona caracterizada por la concentración de locales de ocio y la afluencia de visitantes, reabriendo el debate sobre la seguridad en bares y discotecas y sobre el papel de la administración en la inspección de este tipo de recintos. El medio enfatizó que la gestión del local presentaba diversas irregularidades administrativas y técnicas, lo que explica la atención que el caso acapara tanto por parte de colectivos ciudadanos como de las autoridades.

Familiares de las víctimas y personas lesionadas acuden habitualmente a los juzgados y mantienen un seguimiento activo de la evolución del expediente judicial, según informó el medio. Además de las consecuencias directas en los afectados, el caso introdujo nuevas consideraciones en la agenda municipal respecto al control sobre reformas y licencias en establecimientos de acceso público. Las actuaciones tras el accidente incluyeron la recopilación de testimonios, el cierre temporal de otros locales de la zona para su revisión estructural, y el refuerzo de las inspecciones técnicas en establecimientos similares en las Islas Baleares.

La declaración de este martes marcará la primera vez que el propietario del Medusa Beach ofrece su versión ante la justicia tras meses de investigación y reiteradas suspensiones de la audiencia. Tanto la Fiscalía como la acusación particular aguardan el testimonio del acusado, que podría arrojar nuevos elementos sobre la secuencia de decisiones y acciones aplicadas en el local previo al desastre, circunstancias que forman parte del foco de interés del proceso penal. Tal como consignó el medio, el avance de la causa depende en buena medida de las pruebas técnicas y de las respuestas ofrecidas por el empresario a las preguntas que le formulen las partes y la autoridad judicial.

Entre las cuestiones clave de la instrucción figura la identificación de los criterios utilizados al reformar la terraza, la razón de la ausencia de licencias y las decisiones adoptadas respecto a la seguridad estructural. Además, la investigación revisará la cadena de información entre el propietario y los técnicos encargados de las obras, así como la existencia de controles municipales previos. Según lo detallado por el medio, el caso Medusa Beach ha puesto en primer plano la problemática de las reformas irregulares y la necesidad de reforzar los controles urbanísticos y laborales en los negocios orientados al turismo y la hostelería en Mallorca.

La evolución del expediente penal dependerá de la valoración judicial sobre la conducta del investigado, el peso de los informes técnicos, la adecuación de los permisos y la garantía de la seguridad pública. El seguimiento de las actuaciones continúa siendo parte del interés colectivo en Palma y en otras zonas turísticas con dinámicas comerciales comparables, según publicó el medio.

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